Lourdes Pérez Navarro - Granma.- La atención de las quejas de la población centró el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, tema sobre el que expusieron Juan Escalona Reguera, fiscal general de la República; Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo del Poder Popular; María Esther Reus, ministra de Justicia; y Ariel Mantecón, presidente de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.


Denominador común en este importante trabajo es la necesidad de buscar, más que respuestas, soluciones a los problemas. Estos parten de insatisfacciones o deficiencias en los servicios que brindan algunas instituciones pertenecientes al sistema jurídico.

Los parlamentarios subrayaron lo imprescindible que resulta la adecuada selección del personal que atienda quejas y denuncias: a veces basta una llamada telefónica para resolver —o al menos encauzar— determinadas problemáticas. Todo no depende de recursos, hay que alejarse del burocratismo y ser más prácticos.

También los gobiernos locales deben dar solución a la demanda de la población de acercar más los servicios jurídicos a sus territorios, ante la ausencia —o deterioro— de inmuebles para ello, o déficit de juristas.

Insistieron en la necesidad de fomentar la cultura jurídica en la población, la cual depende, en gran medida, de la orientación correcta que brinden los profesionales del sector.

Rechazaron, además, la práctica dilatante y bastante habitual, de escribir y quejarse a instancias del Gobierno mientras el proceso está en tramitación: los asuntos legales deben seguir los procedimientos dispuestos y ser resueltos por las instituciones facultadas.

Se dio a conocer que las quejas y denuncias son investigadas y un porciento de ellas declaradas con razón. En ocasiones todavía subsisten indolencias, maltratos y falta de profesionalidad en la prestación de los servicios jurídicos, e insuficiente control administrativo.

Los diputados conocieron que de enero del 2008 hasta junio pasado, la Fiscalía General de la República realizó 1 703 verificaciones fiscales a organismos, las que devinieron en la imposición de más de 9 000 medidas disciplinarias.

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión, apuntó la necesidad de fortalecer la institucionalidad, el respecto al Derecho y a la Ley.

 

 

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