El primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz; el jefe del Departamento Ideológico del Partido, Rogelio Polanco; la fiscal general, Yamila Peña Ojeda; el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, y el presidente del TSP, presidieron la ceremonia, en la que participaron magistrados, jueces y directivos judiciales.

Remigio Ferro ejemplificó que durante 2021 los integrantes de los órganos judiciales juzgaron a quienes incumplieron los protocolos y medidas sanitarias establecidas para el enfrentamiento a la COVID-19, así como a quienes “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”.

Informó que, sumando todas las instancias y tipos de procesos, el año pasado los tribunales de justicia debieron tramitar y resolver un total de 138 380 casos. Sin embargo, debido a las limitaciones asociadas a la pandemia, se pudo procesar y concluir 123 662.

“Aun así, por diversas razones, permanecen 1 752 asuntos con retraso en su tramitación y solución, y existen demoras en el cumplimiento y ejecución de 831 sentencias firmes”, señaló.

Asimismo, destacó que un deber esencial para los miembros del sistema judicial cubano es impartir justicia en nombre del pueblo de Cuba, como lo establece el artículo 147 de la Constitución: “Ese mandato supone que actuemos con profundidad, sensibilidad, profesionalidad y transparencia”.

No obstante —dijo— aún se constatan errores y deficiencias en el desempeño de algunos jueces y secretarios judiciales.

“Estas debilidades restan efectividad, transparencia y credibilidad a la actividad judicial, y generan quejas e insatisfacciones justificadas en la población, por lo que su solución debe constituir siempre una prioridad para nosotros.

“De igual modo, continúa y deberá continuar prevaleciendo en esta institución la actitud combativa, intolerante e intransigente contra la mediocridad, la falta de ética y cualquier síntoma de parcialidad o corrupción por parte de los integrantes de estos órganos. No puede ser de otra manera, tomando en consideración la relevancia y trascendencia de nuestra tarea como servidores públicos”, destacó.

Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo Popular comentó que la Constitución de la República y las nuevas leyes orgánicas y procesales aprobadas recientemente en la Asamblea Nacional refuerzan el régimen de derechos y garantías de las personas.

En la ceremonia trascendió que, por acuerdo de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo Popular rendirá cuentas ante ese órgano en su próximo periodo ordinario de sesiones.

“El desarrollo de ese proceso nos permitirá, una vez más, escuchar con atención los criterios, opiniones y recomendaciones que, en relación con los resultados de la actividad judicial, nos trasladen los representantes del pueblo y los propios ciudadanos”, concluyó Remigio Ferro.

Al intervenir en la ceremonia, el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz destacó que el gobierno cubano tiene la voluntad de continuar colaborando en el mejoramiento de las sedes judiciales y las condiciones de trabajo de los jueces y demás integrantes de los tribunales.

Marrero Cruz reconoció la labor realizada durante el año 2021 por magistrados, jueces y otros especialistas del sistema judicial en la coordinación de los grupos de trabajo, encargados de elaborar los proyectos legislativos de las cuatro nuevas leyes que comenzaron a regir este mes.

El primer ministro destacó, asimismo, el papel de los órganos judiciales para robustecer la seguridad jurídica y la protección de los derechos de las personas.

El acto de apertura del año judicial es común en la mayoría de los países del mundo, y en el caso de Cuba fue una tradición que se mantuvo hasta la década de 1970 y se retomó en 2019. En la actualidad, la Ley 140 “De los Tribunales de Justicia” regula su celebración.