De izquierda a derecha en la parte superior Bruna Irineu, Francisco Rodríguez y Nixon Padilla en debate con activistas de Cuba y la región.

Red Semlac.- La lucha por la igualdad efectiva de derechos para todas las personas, sin discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, es un denominador común en países tan diferentes como Colombia, Brasil y Cuba, se expuso en un panel el pasado 10 de mayo, durante la XV Jornada cubana contra la homofobia y la transfobia.

Sobre las realidades y desafíos de las comunidades de lesbianas, gays, transexuales, intersexuales y queers (LGBTIQ+) en esas naciones dialogaron los activistas Nixon Padilla, del Colectivo León Zulueta de Colombia; Bruna Irineu de Brasil y Francisco Rodríguez Cruz (Paquito), de Cuba.

Las intervenciones mostraron cuán ardua es la tarea, pues no basta con la existencia de la voluntad política para garantizar los derechos de estos grupos: se necesitan leyes y tampoco es suficiente con las legislaciones, es preciso ponerlas en vigor y respetarlas.

Unido a ello es imprescindible continuar trabajando en el cambio cultural, de una sociedad patriarcal y heteronormativa a una sociedad plural y diversa, como única garantía de que no habrá retrocesos.

En Brasil, por ejemplo, pese a ser un territorio donde cada nueve horas una persona es asesinada por causas de homofobia o transfobia y tiene un movimiento LGBTIQ+ organizado desde hace 45 años, nunca han tenido una ley aprobada en el Congreso Nacional por el Parlamento brasileño que proteja a estos grupos, explicó Bruna Irineu. 

“Lo que tenemos son decisiones del poder judicial que fueron a los tribunales superiores”, precisó y detalló que por presiones internacionales y de los movimientos sociales y comunitarios lograron aprobar el matrimonio gay en 2013, el reconocimiento de la identidad de género en 2018 y en 2019 la criminalización de la homofobia, en tanto en 2020 fue permitida la donación de sangre por personas gay.

Sin embargo, muchas de esas políticas estuvieron vinculadas o tuvieron su raíz en los gobiernos del Partido de los Trabajadores, con Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y como no tuvieron fuerza suficiente para convertirse en ley, comenzaron a debilitarse con las administraciones posteriores, añadió.

En Colombia el fenómeno es otro, pues los cambios constitucionales de finales del siglo XX dieron lugar a un amplio reconocimiento de derechos. El problema radica, según apuntó Nixon Padilla, en que ni el Gobierno ni el Congreso, que son los llamados al desarrollo de políticas públicas y de legislaciones, permitieron avanzar en cuestiones asociadas a la discriminación y los derechos de las personas LGTBIQ+.

La Nueva Corte Constitucional, mediante una interpretación de la Constitución, garantizó el acceso a una serie de prerrogativas que pudieran dar la impresión de que Colombia es uno de los países con mejores condiciones en el continente, señaló Padilla. No obstante, la violencia contra estos grupos es una constante, además muy vinculada al conflicto armado que vive el país.

Comentó que, en los primeros cuatro meses del año, más de una docena de hombres gay y alrededor de cinco mujeres trans fueron asesinados en el país. “Hemos pasado de una etapa de esperanza, con el acuerdo de paz firmado — donde el movimiento LGBTIQ+ tuvo participación, donde se demostró que éramos víctimas de ese conflicto armado–, a una nueva etapa de violencia”, significó.

Agregó que, en medio del proceso electoral, los temas relacionados con estos grupos y sus reivindicaciones se convierten en moneda de cambio.

“Los informes llanos pueden decir que Colombia es un país con un reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, que es por la vía judicial y no por la vía del Gobierno y el Congreso, pero eso no significa que podamos tener acceso al disfrute de esos derechos, porque el fenómeno de la violencia en Colombia hace que no sea posible en estas condiciones”, sostuvo.

El problema no es legal, es de democracia, enfatizó el activista colombiano; “el problema es político y tiene que ver una sociedad que nos involucra en el debate político en una lógica de estigmatización”.

En Cuba la realidad de las personas LGBTIQ+ está marcada también por la lucha por el reconocimiento de sus derechos, lo cual tuvo un punto de inflexión importante con la entrada en vigor de la Constitución de 2019, una de las pocas en el mundo que proscribe la discriminación sexual y por identidad de género de forma explícita.

Para Francisco Rodríguez Cruz, hay tres dimensiones fundamentales para evaluar lo que sucede en la isla caribeña. La primera es la política, pues el haber logrado llevar el debate al interior del Partido Comunista de Cuba ha sido clave en la comprensión sobre la diversidad sexual y el impulso de políticas públicas.

Las discusiones en el ámbito político favorecieron el camino hacia la segunda dimensión, la legislativa, donde tras la Constitución corresponde su aplicación e instrumentación en otras leyes, algunas ya en discusión, como el Código de las Familias, explicó.

“Para nosotros esto es un momento importante, que obliga al activismo cubano a trazarse metas en colaboración con todas las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil”, dijo y se refirió a aspectos contenidos en la propuesta normativa, como el respaldo al derecho de todas las personas a constituir una familia y la aparición de figuras como el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo, además de la posibilidad de adoptar o acudir a vientres solidarios.

El proyecto legislativo concluyó en abril una consulta con toda la ciudadanía y en los próximos meses debe someterse al análisis del Parlamento, antes de su aprobación definitiva mediante referendo popular.

Sin embargo, es la dimensión cultural quizá la más importante de la triada, según comentó el activista cubano. Consideró que, a partir del debate en la agenda pública, se avanzó en la comprensión y respeto hacia la libre orientación sexual y de género de las personas, pero quedan aún prejuicios, resistencias y fuerzas que se oponen a los avances en materia de derechos, acotó.

El enfrentamiento a los sectores conservadores que buscan revertir los logros de la comunidad LGBTIQ + es igualmente un asunto común a estos tres países participantes en el panel.

En lo individual, Colombia tiene expectativas de un cambio político con la posibilidad de elección de Gustavo Petro a la presidencia. Esto podría dar lugar a un gobierno que, por primera vez, desarrolle políticas públicas que busquen el acceso a los derechos a la población LGTBIQ+ y que abra una nueva etapa del desarrollo de estas prerrogativas, valoró Padilla.

En este sentido, mencionó que la coalición que promueve la candidatura de Petro logró el 20 por ciento del congreso colombiano, un alcance significativo que, con ayuda de aliados, podría colocarlos en capacidad de iniciar procesos legislativos sobre aspectos aún no regulados.

La participación política también se sitúa en el centro de los desafíos para los brasileños, que de acuerdo con Bruna Irineu tienen la urgencia de sacar a Jair Bolsonaro del poder, un presidente bajo cuyo mandato cerraron las áreas de diversidad e inclusión en el ministerio de Educación, y de VIH en el Ministerio de Salud, por solo mencionar algunas acciones.

Otros retos son la promoción de políticas de salud y por el fin de la violencia, llevar los avances fuera de las grandes urbes y la aplicación efectiva de disposiciones como la de criminalización de la LGTBIQ fobia, pues en muchas provincias es imposible denunciar o registrar ese tipo de hechos, además de que existen dificultades en la rectificación del nombre de las personas trans.

“Creo que el desafío mayor es elegir un congreso, un parlamento, con una postura más laica en sus decisiones”, reflexionó Irineu y compartió que muchos gays, trans y lesbianas comenzaron su carrera política en los últimos cuatro años, lo cual pudiera dar frutos en las próximas elecciones.

Cuba, por su parte, tiene por delante la necesidad de avanzar en el diálogo con la sociedad, indicó Rodríguez Cruz. A ello se une, a partir de la nueva Constitución, el proceso de revisión de las leyes para llevar el espíritu de la carta magna a todas y en particular a las nuevas que surjan, como el Código Penal y la ley de Salud, agregó.

“Es importante seguir preparando al pueblo para que estas leyes no sean letra muerta”, enfatizó.