Por Hedelberto López Blanch*/Foto Virgilio Ponce -Martianos-Hermes-Cubainformación.- Amparándose en cualquier medio, la oligarquía brasileña intenta sacar del gobierno a la presidenta Dilma Rousseff e impedir que el ex presidente Inacio Lula Da Silva vuelva a alcanzar la primera magistratura en un futuro cercano.


Varios son los motivos de esa animadversión contra Dilma y Lula, entre las que destacan: las políticas públicas a favor de las grandes mayorías llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos de ambos dirigentes, y la ambición de la derecha oligárquica brasileña por privatizar la principal empresa publica generadora de abundante capital: Petrobrás.

Desde hace unos meses, la jefa de Estado y el ex presidente enfrentan una campaña de desprestigio por parte de sectores opositores y los poderosos medios de comunicación controlados por la derecha, que buscan generar una situación de ingobernabilidad en el país acusándolos de ser los responsables del fraude masivo en Petrobrás.

Analicemos primero los resultados obtenidos por los grandes programas sociales que han llevado adelante los gobiernos de Lula y Dilma.

Se han generado 5,5 millones de puestos de trabajos que han favorecido el desarrollo económico de la población, lo que  permitió a los brasileño afrontar niveles superiores de gastos.

En la primera etapa del proyecto Mi casa, mi vida, se construyeron un millón de viviendas y la meta del actual gobierno es llegar a 2,75 millones de casas a finales de 2016.

La tasa de pobreza ha bajado de alrededor del 26 % en 2002, a 8,9 % en 2015.

El gobierno dedicó en 2015, un 15,57 % del presupuesto nacional al sector de la educación, lo que le ha permitido aparecer en la escala 32, entre 180 países, por el importe dirigido hacia ese sector.

En cuanto a la salud pública, en los últimos 14 años, Brasil amplió la cobertura de los servicios médicos gratuitos, con un alcance del 85 % a los sectores más desfavorecidos. El programa Más salud, más médicos, posibilitó que más de 63 millones de personas hayan sido atendidas.

Bolsa Familia, que fue instalado hace 12 años durante el gobierno de Lula, brinda atención a 53 millones de familias pobres, y ayuda a más de 17 millones de niños en edad escolar, lo cual posibilitó la reducción a un 58 % de la mortalidad infantil.

Este programa ha sido blanco de las fuerzas y partidos de la derecha que tratan de reducirlo en un 35 %, lo que fue rechazado por la presidente al afirmar que esa es una de las medidas esenciales del Gobierno pues esta destinada a ayudar a decenas de millones de personas en extrema pobreza.

La dignataria ha reiterado que tanto para su gobierno como para el de su antecesor, el programa no recesará ni disminuirá pues tiene “prioridad máxima”.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció la importancia de mantener y seguir llevando adelante ese proyecto en beneficio de la población más vulnerable.

El segundo punto, también sumamente importante, es la intención de la derecha brasileña, (económica y mediáticamente muy fuerte) de que Petrobrás deje de ser una empresa estatal y pase a manos del sector privado.

Petrobrás es la empresa más grande de Brasil, responsable de la investigación, explotación, transformación y distribución del principal recurso energético en la actualidad. La compañía estatal también gestiona la mayoría de las patentes brasileñas registradas y tiene un rol significativo en la construcción naval y en el desarrollo y fabricación de maquinaría pesada.

De esta forma, Petrobrás se ha convertido en una empresa fuera de lo común, pues es un instrumento estratégico para la economía y el desarrollo de Brasil.

Ocurre ahora que en las aguas cercanas al litoral sudeste brasileño, se han encontrado reservas de petróleo y gas calculadas en 40 000 millones de barriles y se estima que existen otros 176 000 millones aun no descubiertos.

Las nuevas reservas halladas, ubicadas en rocas calcáreas bajo un estrato de sal de gran espesor al que denominan capa presal, equivale a cinco años de consumo mundial de hidrocarburos con la ventaja que su costo de extracción es de solo ocho dólares por barril. Por eso el petróleo del presal es un recurso apreciado por las empresas transnacionales y las oligarquías del gigante sudamericano.

Coincidentemente, las acusaciones de corrupción y peculado que se le han lanzado en las últimas semanas contra Lula y Dilma, aparecen cuando se presenta en el Congreso Nacional un proyecto de ley para retirarle a Petrobrás el monopolio sobre las reservas de presal.

Con la explotación de esos yacimientos, el gobierno brasileño podría amainar la provisional baja de desarrollo económico que padece y a la par impulsar los amplios programas sociales establecidos.

En 2014 se hizo pública una investigación denominada Lava Jato (lavadero de autos) que destapó una red de corrupción en la estatal Petrobrás, además de numerosos problemas financieros en la empresa.

La operación consistía en que compañías sobornaban a altos dirigentes de Petrobrás y a otros funcionarios públicos para conseguir contratos multimillonarios con la mencionada petrolera. Decenas de ejecutivos de varias empresas han sido detenidos.

Las investigaciones le ha venido como anillo al dedo a la oposición que cuenta con jueces y medios de prensa afines a sus intereses, para arremeter contra Lula por supuestos delitos de lavado de dinero, en momentos en que éste cuenta con amplio respaldo popular y ha anunciado la posibilidad de postularse para un nuevo mandato en las elecciones de 2018.

La casa del fundador del Partido de los Trabajadores (PT) fue objeto de un registro policial y él conducido a una comisaría donde lo interrogaron por cerca de tres horas, sin tener pruebas que justificaran la acción.

A Dilma la pretenden vincular con un caso de corrupción y le han interpuesto un impeachment para tratar de sacarla de la presidencia.

En un reciente encuentro con juristas que rechazan el proceso de juicio político contra la presidenta, Dilma denunció que “hay un golpe contra la democracia y yo jamás renunciaré”

Recordó que el impeachment se aplica cuando existe un crimen de responsabilidad claramente demostrado y que cuando no es así esa medida se convierte por sí misma en un crimen contra la democracia.

“Condenar a alguien por un crimen que no cometió es la mayor violencia que se puede ejercer contra cualquier persona. Ya fui víctima de la injusticia durante la dictadura y lucharé para no serlo de nuevo en plena democracia”, sentenció la mandataria al recordar que en su juventud fue encarcelada y torturada por su oposición al régimen militar.

Las fuerzas de derecha están poniendo en peligro el sistema democrático en Brasil y en adición, a la integración latinoamericana que tanto trabajo ha costado. Los pueblos tienen la última palabra.

*Hedelberto López Blanch, periodista, escritor e investigador cubano.

Enviado por el autor a: Martianos-Hermes-Cubainformación

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