Geraldina Colotti - Resumen Latinoamericano / Cubainformación.- El nuevo gobierno italiano, el gobierno de los banqueros, de los industriales, de las instituciones supranacionales y del complejo militar-industrial, ha dado otra mala señal. Con una resolución aprobada por unanimidad, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara allanó el camino para el reconocimiento del autoproclamado «presidente interino» de Venezuela, Juan Guaidó.
Los gobiernos anteriores, gracias a la posición del Movimiento 5 Estrellas, habían mantenido una posición de «neutralidad»: ni con Guaidó, pero ni siquiera con el gobierno legítimo de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro. La resolución también fue votada por los parlamentarios del Movimiento 5Stelle, con la única abstención del diputado Paolo Cabras, pero «a título personal.
A la manera típica del ladrón que se frota las manos por la llegada de más dinero al bolsillo, Guaidó agradeció a sus impulsores con gran fanfarria. Reiterando el estribillo del «gobierno de transición-fin de la usurpación, elecciones libres», dijo de hecho: «Esperamos trabajar con nuestros aliados en todo el mundo para aumentar significativamente la cantidad de ayuda que llega a Venezuela». Y terminan, debería haber agregado, directamente en nuestros espaciosos bolsillos.
Los medios de comunicación también dieron mucho espacio al encuentro virtual entre la canciller sueca, Ann Linde, y el autoproclamado, impulsado por el renovado apoyo de la administración Biden y la Unión Europea. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, envió una nota de protesta a su homóloga sueca, lamentando que Suecia apoye a personajes similares para destruir la democracia, siguiendo el guión de Trump. “Suecia – escribió Arreaza en un tuit – no se caracterizó por el apoyo al golpe ni por la violación de la Carta de Naciones Unidas”.
Pero para implementar una nueva ronda de ataques contra la Venezuela bolivariana, fueron dos informe de la ONU, ambos presentados en Ginebra en el marco de la 46a sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y fuertemente rechazados por el gobierno bolivariano: el primero es fruto de la denominada Misión Internacional de Determinación de Hechos, que actuó en 2020 por mandato del llamado Grupo de Lima, sin el consentimiento del gobierno bolivariano. El segundo, que se inspiró en el primero, vino de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien nuevamente agredió a la Venezuela bolivariana por presuntas violaciones.
En una nota de protesta, el gobierno de Maduro encontró muy preocupante que la Alta Comisionada cediera a las presiones de actores anti-venezolanos, a pesar de la presencia de su oficina en Venezuela y a pesar de los fluidos mecanismos de diálogo que existen con el Estado venezolano. Y destacó que sus posiciones no difieren mucho de las de quienes abogan por un escenario de violencia en Venezuela. Para ello, el gobierno bolivariano revisará sus compromisos con el Alto Comisionado.
Fundalatin, organización con estatus Consultivo Especial en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas también redactó un comunicado para resaltar cómo el informe no condena que «Pdvsa, el Banco Central, el sector minero, el Clap, Petro, los bancos y Venezuela los negocios están completamente bloqueados ”. El informe de Bachelet -dice Fundalatin- no cuestiona las responsabilidades de Estados Unidos en la confiscación ilegal de activos y cuentas bancarias de la empresa Citgo, subsidiaria de Psvsa, que impidió que 53 niños y niñas se sometieran a trasplantes de hígado y médula ósea.
Tampoco condena el comportamiento ilegal y coercitivo de algunos países, como Reino Unido y Portugal, que se han incautado de más de $ 6 mil milliones de recursos venezolanos, que han impedido al Estado adquirir medicamentos, tratamientos y vacunas. “Las sanciones están ampliamente demostradas como las principales violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano”, concluyó Fundalatin, invitando a Bachelet a incluir el reciente informe del experto independiente de la ONU sobre los efectos de las medidas coercitivas unilaterales.
Pero la Unión Europea se ha tomado la pelota para declararse «extremadamente preocupada por la situación en Venezuela», y para amenazar con nuevas sanciones si «continúan las violaciones de derechos humanos». Y al coro se unieron representantes de los países miembros de la UE y, por supuesto, los del Grupo de Lima.
En repetidas ocasiones hemos dicho que Venezuela es un paradigma, una prueba de fuego para comprender la naturaleza del choque en curso entre dos modelos antagónicos de desarrollo: uno, el capitalista, con el dominio imperialista norteamericano, el otro que mira al socialismo, insertado en las alianzas que avanzan hacia la construcción de un mundo multicéntrico y multipolar.
Es bueno, sin embargo, repetirlo nuevamente ante esta nueva ronda de ataques lanzados por Estados Unidos a través de las instituciones que controla internacionalmente, y a través de los estados subordinados a sus políticas. Simbólicamente, el socialismo bolivariano está demonizado de la misma manera que lo que sucedió con el comunismo y la Unión Soviética en el siglo pasado. Se convierte en un tema de conflicto político dentro de los gobiernos, incluso en Europa, y un indicador de tendencias según se apoye o se condene la revolución bolivariana en este año electoral en América Latina.
Esto se puede ver en Chile o Perú, donde emerge con fuerza la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, que los pueblos quisieran una expresión del poder popular, como lo fue para Venezuela o Bolivia, mientras que la burguesía quisiera explotarlo una vez más para defraudar la exigencia de una verdadera democracia.