Jesús Arboleya - Progreso Semanal.- Ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, menguada de público para cumplir con las normas de distancia física que exige la pandemia, el presidente Joe Biden rindió cuenta de los primeros cien días de su gobierno. Desde que Franklyn Delano Roosevelt logró imponer las medidas fundamentales del New Deal en un tiempo similar, la norma política norteamericana ha establecido este período para calcular el rumbo de cada nueva administración y el éxito posible de su gestión.


A Joe Biden no le ha ido mal en la evaluación de sus resultados. Según una reciente encuesta de Gallup, el 54% de los norteamericanos apoya su desempeño, bastante alto si se le compara con el 40% obtenido por Donald Trump en similar ciclo. En esto ha influido la percepción de un manejo mejor de la pandemia, con resultados significativos en la reducción de los contagios y las muertes asociadas a los mismos, gracias a la vacunación masiva de la población. A la par, se da cuenta de cierta recuperación económica, asociada especialmente con el incremento de las oportunidades de empleo.

El discurso de Biden fue un manifiesto de alto contenido social, a tono con las más ortodoxas tradiciones del liberalismo demócrata. Ello complació de manera especial a los llamados sectores progresistas del partido, lo que indica la importancia alcanzada por este sector en las filas demócratas, enfrentadas al también monolítico bloque republicano, que ya anunció su oposición al plan del presidente. El asunto, entonces, no es lo ambiciosas que resultan las propuestas del presidente, como ha destacado la prensa, sino su capacidad para concretarlas, en el complejo escenario político norteamericano.

Entre sus propuestas se destacan planes multimillonarios de alivio a los efectos económicos de la pandemia y grandes inversiones estatales en la infraestructura civil, una fórmula típicamente keynesiana, que también tiene el objetivo político de fracturar la base de apoyo que llevó a Donald Trump a la presidencia. Miles de millones de dólares para garantizar el acceso gratuito a universidades comunitarias, el cuidado infantil y mejoras en el sistema de salud, lo que se ha denominado como el Plan de la Familia Americana, a lo que se sumó la convocatoria a enfrentar problemas sociales relacionados con la equidad social, el racismo sistémico, los derechos de las mujeres, la protección del voto universal, el control de las armas, el cuidado del medio ambiente y un mejor trato a los inmigrantes.

La gran interrogante es de dónde saldrán los recursos económicos para estos gastos, una respuesta radica en la magia reproductiva del dólar sin base en la economía real, lo que implica que todos los ciudadanos del mundo, de una forma u otra, pagaremos el rescate de la economía norteamericana. La otra, es mediante el incremento de la recaudación impositiva, para lo que se proponen reformas que beneficiarían a los sectores pobres y la clase media, a costa del aumento de los impuestos a los grandes capitales y las corporaciones, lo que, aunque modestos, no dejarían de tener valor económico y político, si fuesen aprobados. Para resumir, estamos en presencia de un proyecto de fortalecimiento de la intervención del Estado en la economía nacional, en franca contradicción con las tendencias conservadoras imperantes en el país.     

En contraposición, concentrado en los enormes problemas domésticos por los que atraviesa Estados Unidos, la política exterior de Biden aparece huérfana de nuevas iniciativas. Aunque doctrinalmente pudieran mencionarse grandes diferencias entre la política exterior del actual gobierno y la llevada a cabo por Donald Trump, reflejadas en asuntos como el discurso oficial, la actitud frente al multilateralismo y el tratamiento a los aliados, en la práctica, no se han producido cambios de relevancia.

Salvo en el tema migratorio, más conectado con la política doméstica, donde el gobierno de Biden intenta llegar a acuerdos con México y el triángulo norte de Centroamérica para frenar los flujos de inmigrantes en la frontera, la proyección exterior del gobierno norteamericano se limita a exhortaciones sobre el “regreso” de Estados Unidos a la arena internacional, como si alguna vez se hubiese ido, y declaraciones grandilocuentes donde retoma el proyecto del “nuevo siglo americano” que, por cierto, fue un invento de los neoconservadores.

El desacreditado argumento del compromiso de Estados Unidos con la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos, se muestra como el pilar de una diplomacia encargada de restablecer el “liderazgo” de ese país en el mundo. Por su parte, subordinar la política exterior a “los intereses de la clase media norteamericana”, nos recuerda el chovinista “América Primero” de Donald Trump, aunque dicho con palabras más elegantes.   

El escenario internacional se lee de la misma manera, con China en el centro de la disputa hegemónica y focos de conflicto con todos los países que no se subordinan a la política de Estados Unidos. El presupuesto militar se mantiene intacto, lo que constituye una potala para las reformas internas que se proponen, y las sanciones continúan siendo el principal recurso de la influencia de Estados Unidos a escala internacional. La administración Biden no ha eliminado una sola de las sanciones impuestas por Trump o sus antecesores a decenas de países en casi todos los continentes, ni ha expresado la intención de modificar esta política.

Cuba es uno de los ejemplos más ilustrativos de la subordinación de la política exterior a los intereses domésticos de uno u otro partido. Así ha sido a lo largo de la historia y la muestra más reciente fue el desmantelamiento de la política de Obama por parte de Donald Trump, con tal de ganar el respaldo de la ultraderecha cubanoamericana de Miami. Biden prometió enmendar lo desecho si ganaba la presidencia, pero pasados los cien días de su gobierno, no se aprecia ningún gesto en este sentido.

Se aduce que el silencio respecto a Cuba forma parte de una táctica coyuntural encaminada a evitar conflictos en el Congreso, pero en realidad esto se reduce a aplacar el fanatismo anticubano del senador Bob Menéndez, los congresistas republicanos cubanoamericanos jamás votarán a favor de sus iniciativas, haga lo que haga respecto a Cuba, y una política encaminada al mejoramiento de las relaciones con la Isla, sería bienvenida por la mayoría de los congresistas de su partido e incluso por muchos republicanos que apoyan este proceso.

Para bien o para mal, Cuba no puede ser despreciada por Estados Unidos, aduciendo que no se trata de una prioridad para ese país. El mercado cubano resulta complementario para importantes grupos económicos norteamericanos e interesa que este espacio no sea ocupado por sus competidores, lo que explica la tremenda inversión que significa perseguirlos y sancionarlos; las propias sanciones constituyen un punto de fricción constante con los aliados; la cercanía geográfica relaciona el tema cubano con la seguridad nacional de Estados Unidos; la política hacia Cuba es un referente obligado para las relaciones con el Tercer Mundo y, efectivamente, impacta de muchas maneras en la dinámica doméstica norteamericana.

En los temores y ambivalencias de algunos funcionarios del gobierno, radica el verdadero obstáculo para avanzar en el mejoramiento de las relaciones con Cuba. Ello también constituye una característica que define al liberalismo norteamericano.

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