Geraldina Colotti - Resumen Latinoamericano / Cubainformación.- Poniendo la lente en el plan presentado por Biden para una nueva hegemonía estadounidense a nivel global, vemos cómo el enfrentamiento geopolítico entre el sistema de alianzas liderado por Estados Unidos y el eje China-Rusia que promete un mundo multicéntrico y multipolar, tiene uno de sus principales teatros en el espacio.


La Economía Espacial (Space Economy), resultado de la combinación de tecnología digital y espacial, se concibe como una revolución similar a la producida por Internet y lo digital. Las innovaciones tecnológicas relacionadas con el espacio, principalmente vinculadas con el uso de satélites en sistemas sofisticados de comunicación, detección y control, ya forman parte integral de la forma de vida a nivel planetario durante unos sesenta años: por supuesto con la asimetría que caracteriza el desarrollo entre los países del Norte y los del Sur global.

Ahora, la Economía Espacial constituye una palanca capaz de actuar en varios niveles en el intento del capitalismo de engrasar a fondo los motores para una nueva fase de acumulación, pomposamente definida “New Deal”, como en los días de Roosevelt. Un «nuevo keynesianismo» que también iría acompañado de un «New Space Deal», que encubriría la Fuerza Espacial de Trump, concebida como una rama adicional del ejército estadounidense, con la retórica del «multilateralismo espacial» para fines principalmente económicos y no militares.

Sabemos, en cambio, que, dado el peso del complejo militar-industrial en las políticas imperialistas, la militarización del espacio acompaña, de manera cada vez más sofisticada, las estrategias de inteligencia y disuasión, de ataque y contraataque que ponen a prueba las formas de conflicto en el tercer milenio. El ciberataque contra el sistema eléctrico venezolano, de marzo de 2019, puede considerarse un ejemplo.

 Los satélites infrarrojos con los que los helicópteros colombianos identifican a los militantes y los eliminan en los barrios de noche, luego de provocar el apagón en toda la zona, son los mismos que se utilizan contra los palestinos. La base militar de Tolemaida en Bogotá cuenta con un sistema de satélites masivo que amenaza a toda la región.

La historia de Estados Unidos muestra que, sea cual sea el inquilino de la Casa Blanca, el peso del complejo militar-industrial sigue siendo el motor de la economía imperialista. No es una coincidencia que fue sobre todo Obama quien presionó para obtener más fondos para el programa de defensa israelí Iron Dome y sus sectores relacionados.

Una de las principales razones de las «relaciones especiales» entre Estados Unidos e Israel es que este último puede utilizarse como banco de pruebas para armas avanzadas y sistemas de seguridad, financiados con dólares de impuestos estadounidenses. Debido a que están pensados como «ayuda extranjera», no son parte del proceso presupuestario normal para el ejército de los EE. UU., por lo que puede eludir al Congreso.

El avance de la ocupación colonial de Palestina, los ataques mercenarios a países vecinos o la contribución directa a los procesos de desestabilización que están organizando los países aliados de Israel y EE.UU. como Colombia, ofrecen muchas oportunidades de prueba en el mundo, más amplio que los existentes en América del Norte. Un trozo grande de la rechazada “reforma tributaria” de Duque estaba destinada a estos programas.

Europa contribuye a fortalecer las relaciones esperadas por Estados Unidos también en América Latina, exportando su know-how en materia de estrategia de seguridad, lawfare y técnicas de control social. Así, el eje Italia-Israel está bien establecido en la denominada Economía Espacial, por ejemplo con el Proyecto Shalom, que combina las dos agencias espaciales Asi e Isa, en la construcción de dos satélites para la observación de la Tierra, con sus implicaciones militares relacionadas.

Incluso antes de la pandemia, el valor económico de la Economía Espacial se estimaba en 360 mil millones de dólares, cubierto en una cuarta parte por el gasto público de los distintos países y el resto por particulares. Según las proyecciones, en 2040 alcanzará la suma de 1,10 billones de dólares. Actualmente, 9 países destinan cada año mil millones de dólares a este sector, mientras que una veintena de gobiernos gastan alrededor de 100 millones de dólares.

 La Unión Europea tiene previsto destinarle casi 16.000 millones de euros para el período 2021-2027. El volumen de inversiones indica el alcance de las implicaciones relacionadas: que son de carácter geopolítico, comercial, de visibilidad internacional y también se refieren a la importante financiación internacional y de la OTAN, motivo de competencia dentro de los países capitalistas de la UE. Francia, por ejemplo, a principios de este año consiguió que Toulouse fuera la sede del Centro de Excelencia de Actividades Espaciales (CoE) de la OTAN, superando a Alemania, que quería nominar a Kalkar, donde ya opera el Joint Air Power, un importante centro de investigación sobre competencia aérea y espacial.

La Economía Espacial es parte de la «transición energética» anunciada por Biden, quien enfatizó su dimensión económica y laboral para contrarrestar la propaganda negacionista de Trump sobre el calentamiento climático, pero que constituye uno de los ejes principales de la competencia tecnológica y manufacturera con China. El Departamento de Energía de Estados Unidos gastará 128 millones de dólares en el desarrollo de tecnologías, también relacionadas con el despliegue de satélites en órbita.

Biden ha prometido la creación de 44.000 puestos de trabajo para la construcción e instalación de turbinas marinas, que se construirán con materiales, como el acero, producidos en el país. El tamaño del acuerdo también se ve confirmado por el entusiasmo de Wall Street, determinado por la presencia de grandes empresas privadas que invierten y presionan para acelerar el desarrollo del sector, apoyándose en gran medida en contratos gubernamentales (SpaceX de Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos, Virgin Galactic de Richard Branson).

Luego está la carrera por los recursos espaciales naturales, como las tierras raras, que se utilizan para fabricar baterías, aparatos electrónicos y sofisticados equipos militares, presentes en la Luna, así como los metales preciosos e industriales contenidos en los asteroides entre Marte y Júpiter. La capacidad de convertir el hielo lunar en hidrógeno y oxígeno para crear combustible para cohetes permitiría a las misiones espaciales repostar en el espacio, sin tener que transportar todo el propulsor desde la Tierra.

Es fácil entender, por lo tanto, que la carrera por controlar la Luna solo aumentará. Mientras tanto, en 2015, el gobierno gringo trató de involucrar a sus ciudadanos en el negocio, otorgándoles el derecho a poseer cualquier material proveniente del espacio.

Y en octubre de 2020, Estados Unidos lideró la firma de los acuerdos de Artemis, que Biden mantendrá. Una serie de acuerdos espaciales bilaterales con Australia, Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, que deliberadamente pasaron por alto a las Naciones Unidas y no incluyeron a China y Rusia. (Ucrania y Brasil se agregaron posteriormente a los acuerdos). Si bien este pacto pretende afirmar el Tratado del Espacio Ultraterrestre, en realidad aumenta el potencial de conflicto al ampliar la interpretación de la ley espacial comercial al tiempo que circunscribe rígidamente las fronteras geopolíticas. Otro ejemplo de cómo se pueden utilizar las leyes y los tratados para imponer una nueva hegemonía imperialista.

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