Jesús Arboleya - Progreso Semanal.- El llamado corredor migratorio mesoamericano, aquel que abarca a los países centroamericanos y México, para dirigirse a Estados Unidos, es el más nutrido hacia ese país, el mayor del mundo, uno de los más dramáticos desde el punto de vista humano y también de los más problemáticos, por sus consecuencias económicas y políticas.


Cientos de miles de personas lo transitan cada año, ya sea individualmente u organizados en “caravanas de migrantes”, una modalidad muy reciente, que asombra por su capacidad de convocatoria. La mayoría proviene de los países centroamericanos, especialmente del llamado triángulo norte de esa región, dígase Guatemala, El Salvador y Honduras, pero al tren interminable de personas se suma gente de todas partes, dando lugar a un mercado, donde impera el crimen transnacional.

La mayoría son hombres y mujeres jóvenes, también niños solos o acompañados de sus familias, todos dispuestos a enfrentar los mayores peligros, estimulados no solo por una situación personal terrible, que perciben exenta de perspectivas, sino por la lógica multiplicadora que impone el crecimiento de redes de apoyo social en el país de destino, así como la implantación de una “cultura de la emigración” que, alimentada por el culto al consumo y la veneración del American Way of Life, extiende la idea de migrar a través de las nuevas tecnologías de la información.

La migración significa un drenaje constante de la principal fuerza productiva de los países de origen, con consecuencias económicas que no suplen las remesas, aunque estas superaron los 70 mil millones de dólares en Mesoamérica en 2020, toda vez que, aunque muchas veces son vitales para la existencia de las personas, es una inversión para el consumo, que se transfiere a las importaciones, con escaso impacto en el desarrollo nacional, por lo que no rompe el círculo vicioso generador de nuevas migraciones.    

Las dantescas escenas de estos de migrantes amontonados a ambos lados de la frontera mexicana o transitando el viacrusis de la ruta, ha puesto en crisis al gobierno de Joe Biden, pero se trata de un problema que no ha podido resolver ninguna administración norteamericana, en los últimos 40 años.

En primer lugar, por el enorme desnivel económico y las diferencias demográficas que existen entre Estados Unidos y estos países. Mientras que Estados Unidos muestra un déficit de fuerza de trabajo calculado en un 38%, en los países mesoamericanos el superávit ronda el 25%. Basado en estos datos, algunos analistas consideran que esta inmigración pudiera resolver el 80% de la fuerza de trabajo que requiere Estados Unidos, por lo que no tiene sentido frenarla.

En parte tienen razón, porque efectivamente la inmigración suministra una mano de obra necesaria para ciertos trabajos, especialmente en el área de los servicios básicos, pero este cálculo no tiene en cuenta la calidad de la mano de la fuerza de trabajo que requieren los renglones fundamentales de la economía norteamericana y la insuficiencia cultural de los trabajadores mesoamericanos para satisfacerla, lo que explica que pueda imponerse el rechazo, sin afectar de manera sustantiva la economía del país.

Estados Unidos no pretende rechazar a cualquier inmigración, sino la “indeseada”, donde aplican la mesoamericana y otros países del Tercer Mundo. La discriminación se expresa por razones sociales, como la raza o el origen nacional, pero también tiene causas económicas, basadas en el enorme desnivel cultural existente, como consecuencia del subdesarrollo que caracteriza a los países de donde provienen estos migrantes.   

El resultado es que, salvo excepciones, como los cubanos debido a su mayor nivel cultural, estos migrantes tercermundistas, se ubican en los niveles más bajos de la escala social norteamericana, a pesar de que la participación laboral entre ellos sea superior al 70%, mayor que la del resto de los componentes de esa sociedad. Lo que contradice el mito de que viven de la caridad pública. 

Ya en el gobierno de Bill Clinton, se aprecia un rompimiento con la política migratoria y el tratamiento a los migrantes, heredado de las luchas civiles de los años 60. Fue Clinton, gobernando con la agenda de los conservadores a pesar de ellos, como pudiera afirmarse, el que en 1994 inició la construcción del muro fronterizo, bajo el ilustrativo nombre de Operación Guardian.

A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la guerra contra el terrorismo devino la excusa perfecta para actuar contra la inmigración no deseada y cambiaron radicalmente los paradigmas en el tratamiento al problema migratorio. Fue la época en que se crearon los Programas de Comunidades Seguras, destinados a perseguir a los inmigrantes irregulares no solo en las fronteras, sino en las zonas de vivienda y trabajo, por lo que las deportaciones se incrementaron de 175 000 a más de 400 000 en apenas una década. 

Como resultado del impacto de la globalización en la estructura laboral norteamericana y la crisis económica que caracterizó el momento, con afectaciones notables para sectores de la clase trabajadora blanca, los sentimientos antiinmigrantes encontraron nuevo caldo de cultivo a escala social, durante los ocho años de mandato de Barack Obama.

Durante su gobierno, Obama impulsó la adopción de una reforma migratoria integral, que sucumbió debido a la falta de consenso en el Congreso. No obstante, tomó algunas decisiones importantes en función de un mejor tratamiento a los inmigrantes, como la puesta en marcha del Programa de Acción Diferida (DACA en inglés), mediante la cual se autorizaba la permanencia de aquellos indocumentados que hubiesen arribado al país siendo menores de edad, los llamados “dreamers”. También deshizo el Programa de Ciudades Seguras y llevó a cabo otras flexibilizaciones de las normas migratorias.

Pero estas medidas no facilitaron el ingreso legal a Estados Unidos, ni detuvieron el volumen de las deportaciones, por lo que el verdadero legado de su gobierno en el tema migratorio, fue establecer el record de 2,7 millones de personas expulsadas del país, bajo su mandato.

Pocas veces el discurso oficial estadounidense ha sido tan descarnadamente discriminatorio hacia los inmigrantes y el tratamiento hacia ellos tan inhumano y vejaminoso como durante el gobierno de Donald Trump. De hecho, combatir la inmigración y despreciar a los inmigrantes, fue el recurso por excelencia del entonces presidente para movilizar a su favor a las corrientes más xenófobas de la sociedad norteamericana, por lo que el tema migratorio devino el más polarizador y tóxico de sus campañas políticas y en el ejercicio del gobierno.

Trump estableció una política de “tolerancia cero” a la inmigración irregular y para ello hizo de la construcción del muro fronterizo, la más publicitada de sus muchas restricciones migratorias. El rigor de su rechazo se extendió al tratamiento de los niños migrantes e incluso abarcó a los inmigrantes regulares procedentes de todo el Tercer Mundo, lo que demuestra que fue una política guiada más por la xenofobia, que por los intereses económicos del país.

Exponente de otra filosofía, no más asumir el gobierno, Joe Biden anunció un ambicioso proyecto de ley, de dudosa aprobación por el Congreso, que propone una hoja de ruta hacia la ciudadanía, para unos 10 millones de inmigrantes irregulares. También ha tomado importantes decisiones en política migratoria, así como ha planteado una política de negociaciones con México y los países del triángulo centroamericano, que lo distinguen de Donald Trump. Pero, de nuevo, lo fundamental ha sido el control de las fronteras. Kamala Harris lo dejó muy claro en un mensaje dirigido a miles de personas, que esperaban varados a lo largo del corredor mesoamericano: “No vengan”, les dijo.

En los primeros seis meses del nuevo gobierno demócrata, las detenciones y los rechazos en la frontera sur, superaba el promedio de los últimos 20 años y habían sido detenidos casi 48 mil niños, más que todo el año fiscal de 2020, los cuales permanecían en condiciones de reclusión, que el propio Biden consideró “totalmente inaceptables”.

Numerosos factores explican las razones de la migración irregular a través del corredor mesoamericano, la manera en que transcurre esta aventura, mortal en muchos casos, y las dramáticas consecuencias que esto entraña, tanto para la región y sus habitantes, como para los países de tránsito y destino.

También explican que sea Estados Unidos el destino natural de esta migración y que el alcance de su impacto abarque a todo el tejido social de los países de origen. En buena medida, la educación de los niños mesoamericanos, incluso de otras regiones más distantes del planeta, está orientada en esa dirección, porque transitan hacia un mundo conocido, más bien idealizado a través de los grandes medios de comunicación y las redes sociales, lo que explica que esta avalancha sea ahora y no antes, a pesar de que las condiciones económicas que pueden explicarla sean muy similares en el tiempo.     

La “inmigración indeseada” tercermundista, que Estados Unidos no sabe cómo administrar, es el resultado de los desbordes de la globalización neoliberal, por lo que su posible solución no aparece en el futuro predecible, por mucho que sea el maltrato a las víctimas de este orden internacional.

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