Por Arthur González/Martianos-Hermes-Cubainformación.- El odio que destilan los que nunca han podido derrocar a la Revolución cubana, a pesar de los miles de millones malgastados, alimentan campañas mediáticas con su veneno, en intentos desesperados por querer empañar la obra social de Cuba.

Un reciente ejemplo es el accidente ocurrido el pasado 29 de septiembre 2022 en Bahía Honda, cuando una embarcación de las tropas de Guardafronteras cubana, colisionó con una lancha rápida de traficantes de personas procedente de Miami, cuando sacaba ilegalmente a 23 cubanos mediante el pago de miles de dólares.

En el accidente perecieron cinco personas, entre ellas una menor de dos años a la que su madre irresponsablemente arrastró a esa aventura, a pesar de las advertencias de las autoridades cubanas y estadounidenses de no lanzarse al mar en medios ilegales y sin la debida protección para la vida.

El tráfico de personas es un hecho delictivo condenado internacionalmente y causante de miles de vidas humanas, algo presente en el mediterráneo donde mueren cientos de africanos, incluidos niños, sin que se ataquen con el odio que ahora se desarrolla contra las autoridades cubanas.

Es obvio que el mal llamado “exilio” cubano de Miami, donde residen con total impunidad asesinos y terroristas responsables de numerosos hechos de sangre contra la población de la Isla, sin que hayan sido condenados por las autoridades estadounidenses, ahora aprovechan el accidente para crear una imagen negativa de Cuba, ante un hecho cuya responsabilidad es de quienes mantienen una ley que estimula las salidas ilegales, al privilegiar a los que salen “huyendo del comunismo”.

Como parte de esa manipulación mediática, la llamada Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), organización que vive del presupuesto millonario que entrega el gobierno de Estados Unidos en su guerra contra la Revolución y que nadie conoce en Cuba, salió rápidamente a reclamar una investigación independiente por la muerte de cinco personas, cuando eran sacados ilegalmente del país por traficantes de personas.

Para darle un matiz más dramático, los vividores de los dólares yanqui, describieron el accidente como una “masacre” y afirman condenar “la violencia sistemática ejercida por la dictadura castrista en contra del pueblo cubano”.

A esta cruzada anticubana que evade responsabilizar a la Ley de Ajuste Cubano y a la acción delictiva de quienes trafican con seres humanos, otro invento anticubano, la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), también recibió instrucciones de sumarse a la campaña contra Cuba y reclamar una investigación “independiente”.

Este enfoque prefabricado y repetido por medios anticubanos que se benefician de las posiciones contra la Revolución, ejerce influencia en personas que se dejan llevar por informaciones tergiversadas, sin contar con los elementos necesarios.

Para acentuar la campaña subversiva involucran a personas que reciben favores de Estados Unidos y tienen posiciones

reaccionarias como la fabricada Comisión Internacional Justicia Cuba, con el supuesto fin de “llevar ante la justicia internacional a los responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba”.

Sin embargo, nunca han investigado los actos terroristas ejecutados contra el pueblo cubano por la mafia miamense al servicio de la CIA, pero ahora intentan calificar el accidente como un “crimen de lesa humanidad”, algo que no hicieron cuando cubanos al servicio de la CIA colocaron dos bombas en un avión civil cubano, donde murieron 73 personas inocentes y sus responsables fueron acogidos en Miami como refugiados.

Esos miembros del “exilio cubano” son los mismo que pidieron al presidente Barak Obama, el indulto para el asesino y terrorista Eduardo Arrocena, condenado en Estados Unidos por asesinar a un diplomático cubano ante los ojos de su esposa e hijo, en una calle de New York, quien, durante el juicio, afirmó ser responsable de introducir en Cuba el Dengue Hemorrágico y otros virus patógenos que provocaron la muerte de niños y adultos inocentes, por órdenes de la CIA.

Esos actos terroristas si son crímenes de lesa humanidad y una despiadada masacre, de las que ellos hacen silencio total.

Vergüenza debería tener el jurista mexicano René Bolio, que encabeza la inventada Comisión Justicia Cuba y las acusaciones a Cuba, mientras calla ante la muerte de no menos 245 latinoamericanos víctimas directas de la Patrulla Fronteriza Yanqui desde el 2010, según cifras de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur.

En sus registros constan 61 personas muertas por uso excesivo de la fuerza, 53 por la falta de servicios médicos mientras estaban bajo resguardo de la Patrulla Fronteriza y al menos otras 15 personas que fallecieron por homicidios cometidos a manos de oficiales fuera de servicio.

¿Por qué René Bolio no acusó a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos por la muerte de Anastasio Hernández Rojas, inmigrante mexicano fallecido en el 2010, debido a los golpes que recibió por agentes de la Patrulla Fronteriza yanqui?

El 28 de mayo de 2010, Hernández Rojas fue detenido por la Patrulla Fronteriza cuando intentaba cruzar desde México a San Diego, California y trasladado a un centro de detención, donde ya esposado, lo golpearon brutalmente provocándole un daño cerebral severo y un paro cardiaco, que lo llevaron a la muerte.

La brutalidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza es descomunal e inhumana, puesta de manifiesto cuando el pasado año algunos de sus oficiales, montados a caballo, repartían latigazos a los que llegaban a la frontera después de cruzar el río, fotos que recorrieron el mundo, pero al parecer eso no fue suficiente para motivar a la fabricada Comisión Justicia Cuba, a denunciar esos crímenes, incorporándose al encubrimiento de la responsabilidad estatal de los Estados Unidos.

Al parecer para René Bolio, la separación de padres y sus hijos cuando los inmigrantes latinos llegan a la frontera de Estados Unidos, no es un acto criminal y despiadado, donde incluso muchos menores son remitidos a instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Sociales hasta que se encuentre una familia de acogida, con el riesgo de que no se reúnan más con sus padres.

Una investigación efectuada en el 2016 reveló que el Gobierno federal solo logró contactar a un 84% de los niños que habían sido transferidos a familias y 4 mil 159 niños tenían un paradero desconocido.

El destacado jurista mexicano tampoco alza su voz para condenar a Estados Unidos, por la muerte de más de 800 migrantes en la frontera sur en el último año fiscal del 2022, lo que constituye un nuevo récord, según explicó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En el año fiscal 2020, se registraron 247 muertes lo que resulta un incremento significativo en 30 años de cruces fronterizos.

Evidentemente sólo les interesa destacar un caso en Cuba y no por golpizas o falta de atención médica, sino por un accidente contra un medio naval propiedad de traficantes de seres humanos.

Razón tiene José Martí al decir:

“Nada falso es duradero ni útil”.

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