Dixie Edith - Cubaprofunda.- La política influyó en la decisión, tomada esta semana por la corte federal de apelaciones de Atlanta, de ratificar los veredictos de culpabilidad de cinco patriotas cubanos acusados de cometer espionaje en los Estados Unidos, aseveró el Gremio Nacional de Abogados de ese país.

“Los llamados Cinco cubanos estaban reuniendo información sobre los grupos de exiliados radicados en Estados Unidos que planean acciones terroristas contra su nación”, dijeron estos expertos, por medio de un comunicado emitido apenas 24 horas después del fallo de Atlanta.


Para los cubanos no es una sorpresa. El caso de Gerardo, René, Ramón, Fernando y Antonio, convertido ya en uno de los más largos en la historia legal de los Estados Unidos, ha estado plagado de errores y manipulaciones en una clara prueba de que quien se sienta en el banquillo no son cinco hombres, sino toda la Isla rebelde.

Así, el panel de tres jueces del Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta ratificó el miércoles los veredictos de culpabilidad de los Cinco, presos en cárceles de Estados Unidos desde 1998, y anuló las sentencias de tres de ellos que deberán ser sentenciados nuevamente en Miami.

Los casos de Ramón Labañino (cadena perpetua más 18 años), Fernando González (19 años) y Antonio Guerrero (cadena perpetua más 10 años) fueron enviados para que la jueza del Tribunal de la Florida proceda a re-sentenciarlos.

Será la misma jueza Joan Lenard, quien dictó en el 2001 las desproporcionadas condenas impuestas a los Cinco y acusada por la defensa de cometer múltiples errores de procedimiento, la encargada de convocar una audiencia para emitir el próximo fallo.

En tanto, las sentencias de René González (15 años) y Gerardo Hernández (dos cadenas perpetuas más 15 años) fueron ratificadas. En este último caso, la decisión del panel no fue unánime. En una opinión de 16 páginas la jueza Phyllis Kravitch quien votó en contra, afirma que el Gobierno no había presentado evidencias suficientes para probar que Gerardo era culpable del cargo de Conspiración para cometer asesinato.

La decisión de 99 páginas de la Corte de Atlanta, redactada con un lenguaje politizado, ajeno a un texto legal, favorece explícitamente la posición del gobierno. El texto dictaminó que "carecían de mérito" los argumentos de la defensa referidos a los cargos en apelación.

El texto, además, se da a conocer en momentos en que el Gobierno de Estados Unidos continúa con sus maniobras para proteger al terrorista internacional Luis Posada Carriles, negándose a extraditarlo a Venezuela, de donde se fugó cuando era juzgado por la destrucción en pleno vuelo de un avión civil, o a procesarlo en Estados Unidos, violando así los Convenios Internacionales contra el terrorismo.

No puede ignorarse, además, que los Estados Unidos están en pleno proceso electoral y el tema de Cuba adquiere particular relevancia en el estado de la Florida.

Como agravante, la opinión a nombre de los tres jueces fue redactada por el Juez Pryor, designado para formar parte del panel en 2007. Pryor fue uno de los 3 jueces nombrados por Bush, mediante un arreglo negociado por el hoy candidato presidencial por el Partido Republicano John McCain, después de que el Senado lo había rechazado.

Este hecho fue denunciado en editoriales y artículos de prensa del Atlanta Journal Constitution, el Washington Post y otros importantes medios norteamericanos, debido a las conocidas posiciones de ultraderecha de este juez.

Los Estados Unidos, además, ignoran otra vez la opinión de los organismos internacionales. El pasado 28 de mayo, Amnistía Internacional dio a conocer su informe anual de 2008 en cuyo capítulo referido a las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno de Estados Unidos incluye el caso de René González, Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino y Antonio Guerrero.

En esta ocasión, Amnistía no se limita sólo a denunciar la negativa de visas a dos de las esposas, Olga Salanueva y Adriana Pérez, como había hecho en sus anteriores informes desde el 2003, sino que también aborda la dilación del proceso de apelación y los argumentos presentados por la defensa en lo relativo a la insuficiencia de evidencia y la conducta impropia de la Fiscalía como parte de sus señalamientos al sistema judicial de Estados Unidos.

Este pronunciamiento de Amnistía Internacional se suma a las denuncias realizadas por muchas otras organizaciones entre las que se destacan el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, Parlamentos nacionales y regionales, organizaciones religiosas como el Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo de Iglesias de Cristo de los Estados Unidos, así como personalidades de todo el mundo.

Entre los Cinco, la decisión sigue clara.

"Nos echaremos los años que hagan falta, 30, 40, lo que sea, mientras quede uno de ustedes afuera resistiendo nosotros también vamos a resistir hasta que se haga justicia", aseguró al conocer la decisión.

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