Bajo el control de la oposición, la deuda de Citgo ha aumentado significativamente, pasando de 3 mil 400 millones a 23 mil 600 millones de dólares (Foto: Cole Shoneman)

Misión Verdad

"El riesgo de perder Citgo es real" es la frase de la directiva de "PDVSA Ad Hoc" que resalta en el comunicado emitido el martes 9 de enero. Esto se debe a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos del día anterior, en la que se niega la solicitud de revisión presentada por "PDVSA Ad Hoc". En tal petición se pidió un escrutinio de la decisión del tribunal federal de distrito en Delaware que reconocía a Citgo como un alter ego de Venezuela.

Este fallo significa que habrá continuidad en el desmembramiento de Citgo para ser repartido entre las empresas que reclaman pagos de deuda al Estado venezolano. La frase inicial resuena por su cinismo, ya que esta situación no es nueva y se suma a las negligencias previas cometidas por el extinto gobierno falso de Juan Guaidó, del cual quedan remanentes como la "PDVSA Ad Hoc".

Antes de profundizar en esta nueva negligencia, es importante analizar los contextos inmediatos que rodean el caso judicial contra Citgo y que hacen prever un desenlace negativo para los intereses del país. Lo resaltante esta vez es que confesos opositores al Gobierno Bolivariano han señalado la responsabilidad primaria del "clan Guaidó" y sucesores de la inminente pérdida de Citgo ante los tribunales estadounidenses, aunque obviando el hecho de que el gobierno de Estados Unidos —tanto en la era Trump como en la administración Biden— tienen asimismo su cuota de competencia en el asunto.

Bajo el liderazgo de la oposición, la deuda de Citgo ha aumentado significativamente en los últimos cuatro años, ha pasado desde 3 mil 400 millones hasta 23 mil 600 millones de dólares, según un análisis del economista y profesor universitario Francisco Rodríguez en septiembre del año pasado. Esto se debe a que los acreedores han logrado demostrar ante los tribunales estadounidenses que el gobierno falso de Guaidó, reconocido por Washington, ha utilizado Citgo para sus propios fines, lo que les permite reclamar los activos de la empresa.

La demanda presentada por Crystallex en la Corte de Delaware en 2018 fue el comienzo de esta situación amenazante para Citgo. En 2020, el juez Leonard Stark, a cargo del caso, determinó que Crystallex tenía derecho a cobrar su reclamo a través de una venta de activos. Este esquema se repitió con ConocoPhillips, a quien se le reconoció el reclamo de mil 287 millones de dólares utilizando fondos del Estado venezolano.

En la actualidad, Crystallex y ConocoPhillips reclaman una suma astronómica de 970 millones y 10 mil millones de dólares, respectivamente. La reciente sentencia del 8 de octubre ha abierto las puertas a otras empresas como O-I Glass, Huntington Ingalls, Rusoro Mining y Siemens Energy para participar en el embargo de las acciones de Citgo, lo que agrava aun más la delicada situación financiera de la compañía.

El abogado José Ignacio Hernández ha desempeñado un papel fundamental en esta compleja trama legal que afecta a Citgo. Hernández fue un participante clave en los juicios de la Corte de Delaware que favorecieron a Crystallex y Owen Illinois, cuando utilizó el argumento jurídico del "alter ego" para respaldar las demandas de estas empresas contra Citgo. Además, estuvo involucrado en un plan para obtener un fallo favorable para ConocoPhillips en otro caso contra Citgo, lo que fue denunciado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez.

El argumento del recurso del alter ego en el caso legal contra Citgo se fundamenta en la premisa de que el gobierno venezolano y PDVSA son considerados como una sola entidad. Según la Corte de Delaware, Guaidó representaba la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos y se ha demostrado que PDVSA fue manejada como un alter ego de ese falso gobierno. Como resultado, se ha elaborado el argumento de que Citgo está obligada a pagar las deudas de Venezuela a través de sus activos en territorio estadounidense.

En un reportaje publicado en El Nacional, el analista Jorge Alejandro Rodríguez expone su visión sobre la responsabilidad que tienen Juan Guaidó y José Ignacio Hernández en la pérdida del activo venezolano. Rodríguez acusa a Hernández de haber dado recomendaciones a Guaidó que permitieron a las empresas demandantes probar el concepto legal de "alter ego". Según Rodríguez, las acciones tomadas por Guaidó, siguiendo las recomendaciones de Hernández, permitieron que las demandantes argumentaran que las empresas estatales eran administradas por el gobierno interino y no de manera independiente.

Además, Rodríguez afirma que Guaidó había recibido múltiples advertencias de que sus acciones podrían llevar a la prueba del alter ego. Asimismo, sugiere que es sospechoso que Hernández, habiendo asesorado previamente las empresas demandantes, haya hecho las recomendaciones que terminaron beneficiándolas. Dice el texto del medio antichavista:

"Rodríguez recordó que en 2020, junto con un grupo de venezolanos, introdujo una demanda en la Corte de Delaware en laque pedía al juez que investigara 'los errores que se estaban cometiendo por parte de la administración de Guaidó, porque eran inexcusables. Lo que estaban haciendo eran pasos que les ponían en bandeja de plata a los cobradores la posibilidad de cobrar tomando activos de Citgo'".

La conclusión de que la oposición utilizó la compañía como su instrumento está reflejada en un documento del juez Leonard Stark. Ahí se indica que el falso gobierno de Guaidó ha accedido a los activos de las filiales estadounidenses de PDVSA en Estados Unidos y los ha utilizado para financiarse, evadiendo cualquier derecho que PDVSA pudiera haber tenido sobre los dividendos corporativos. Además, se menciona que también se han utilizado los activos de PDVSA para financiar la defensa legal.

Volviendo a la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia estadounidense con la que iniciamos esta publicación, es imperativo no calificar como meras "sospechas" las acciones intencionadas de negligencia que claramente favorecen a las empresas transnacionales en su litigio contra Citgo.

En un artículo, el abogado venezolano Carlos Ramírez López expone cómo la "junta Ad Hoc", liderada por Horacio Medina, era consciente de la alta probabilidad de fracaso al abordar la apelación que finalmente fue rechazada. En contraposición, se sugirió una intervención a través de una acción conocida como Amicus Curiae, en la cual terceros ajenos al proceso legal ayudarían a llegar a una resolución más justa y completa del asunto en cuestión.

En esta línea, Ramírez destaca que Medina rechazó el respaldo que se le ofreció para presentar esta acción con dos argumentos adicionales en la demanda ante la Corte. Estos planteamientos se referían a llevar a cabo la ejecución de la sentencia del tribunal de arbitraje contra Citgo en vez de contra la entidad jurídica condenada, así como a la violación del derecho a la defensa de la demandada República Bolivariana de Venezuela en los procesos arbitrales. Según el abogado, de haber incluido estos argumentos en la demanda, la Corte Suprema les habría dado la razón y se habría evitado el actual fallo en este caso:

"Tengo derecho a presumir que de habernos autorizado y apoyado para llevar esa demanda de apoyo, la Corte Suprema nos habría dado la razón, por tanto lo responsabilizo del desastre a que ahora se enfrenta Venezuela en este caso, responsabilidad que obviamente ha de extenderse a otras personas como luego trataremos".

En términos porcentuales, la mayoría de la deuda de Citgo, aproximadamente 81%, está relacionada con la determinación de alter ego desencadenada por el proyecto Guaidó. Se trata de 19 demandas que suman más de 20 mil millones de dólares. En una proporción mucho menor, también hay otras deudas relacionadas con acreencias contra PDVSA (8%), la garantía de Citgo para el Bono Pdvsa 2020 (8%) y la determinación de alter ego en el gobierno del presidente Nicolás Maduro (4%), según explica el economista Francisco Rodríguez.

Cada vez es más probable que el desenlace de Citgo sea su subasta para ser repartida entre las empresas multinacionales que están detrás de ella. Fue el gobierno estadounidense el que, en primer lugar, mediante sanciones ilegales impuso obstáculos al gobierno venezolano para que honrara sus deudas con sus acreedores y, en segundo lugar, propició el nombramiento autoproclamado de Guaidó y le dio legitimidad para administrar los activos venezolanos en el extranjero, incluida Citgo.

El hecho de que aquellos que conformaron el gobierno falso siempre hayan tomado decisiones en beneficio de las empresas que están detrás de la filial venezolana confirmaría que el desmantelamiento y venta de Citgo sería el resultado de un complot liderado por Washington, con la colaboración de una oposición sumisa a los intereses corporativos, principalmente estadounidenses.