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Las oficinas de trámites de la vivienda, el arquitecto de la comunidad, el registro de la propiedad y las notarías son las instituciones encargadas de actualizar y tramitar los títulos de propiedad. Mantener agilidad en este tipo de servicio es indispensable para el buen funcionamiento del Decreto Ley 288 que entró en vigor el pasado 10 de noviembre.
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