Grisel Tristá Arbesú, jefa del Área de Perfeccionamiento de Entidades de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, indicó al semanario Trabajadores que en total suman 498 las cooperativas autorizadas a ser constituidas.
Tristá Arbesú aclaró no obstante que aún una cantidad significativa de esas nuevas formas de gestión no han iniciado su funcionamiento, pues transitan por distintos estadios antes de su inclusión en el registro mercantil.
La funcionaria dijo que las ya autorizadas se corresponden con el comercio, la gastronomía y los servicios; transportación de pasajeros, carga y sus servicios asociados; la construcción, industria, alimentación, energía y servicios contables.
Calificada como forma preferente con respecto a otras maneras de gestión no estatal, las cooperativas no agropecuarias son promovidas sobre todo en actividades cercanas a la población y serán consideradas dentro del sistema de planificación de la economía nacional. Con personalidad jurídica ─ no así el trabajador por cuenta propia ─ estas cooperativas son regidas como norma por la oferta y la demanda, se caracterizan por la propiedad colectiva, y no podrán ser vendidas ni trasmitida su posesión.
Entre los aspectos que obstaculizan su desarrollo en estos momentos, los especialistas han detectado que en las normas jurídicas se continúan mezclando funciones estatales con empresariales, a la vez que se suplantan facultades. Además, dijo la funcionaria, no siempre se tienen en cuenta medidas de control establecidas y que son aplicables a las nuevas formas de gestión, incluyéndose otras que son improcedentes.
En ocasiones se ha comprobado insatisfacción por no poder acceder, según lo previsto, a la compra de insumos en empresas mayoristas, mientras que en algunos lugares se han esgrimido argumentos que limitan las relaciones de las empresas con estas nuevas formas de gestión.
Tristá Arbesú subrayó que la solución de muchos problemas en la conducción del proceso experimental de constitución transita por la intervención de los organismos y la Comisión de Implementación, y no por la relación contractual entre los diferentes actores económicos.
