La Fiscalía General de la República presentó una propuesta de un Registro Administrativo Interoperable, el cual permitirá contar con información en tiempo real de la muerte violenta de mujeres y niñas, sin esperar a que el Observatorio de Género publique anualmente

Red Semlac / Foto: Falco.- Cuba reportó hasta el cierre de octubre de este año la muerte violenta de 117 mujeres, según datos informados por la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), que el sábado 16 de diciembre evaluó las acciones para la atención a la violencia de género y el cumplimiento de los protocolos de actuación ante esta problemática en la nación caribeña.

Las provincias de La Habana y Matanzas (en occidente) y las de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo (en el oriente), son las de mayor cantidad de casos, de los cuales el 75 por ciento ocurrió en viviendas compartidas por las parejas, refirió el sitio de la Presidencia cubana.

Peña Ojeda también comentó que 70 niños y adolescentes quedaron huérfanos tras el fallecimiento de sus madres, cifras todas que hablan de la necesidad de trabajar con mayor intencionalidad el tema de la violencia de género, pero desde una mirada integral y con un enfoque social, pues se trata de un problema que afecta a todas las personas.

La secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle Boué, subrayó en la reunión que no puede haber tolerancia ante este fenómeno y convocó a hacer uso de la ley, aprender a interpretarla y prepararse bien para aplicar todas las normas y políticas disponibles, con vistas a reducir los índices de violencia de género en el país; no solo la que más se ve, sino la que en ocasiones no se aprecia a simple vista, pero lacera.

Desde diciembre del pasado año entró en vigor en la nación caribeña un nuevo Código Penal que, por primera vez, hace mención a la violencia por motivos de género, aunque no incluye la figura de femicidio. La legislación incorpora sanciones accesorias, circunstancias agravantes y reglas de adecuación para enfrentar la discriminación en todas sus manifestaciones, la violencia de género y familiar y los hechos contra personas menores de edad o en situaciones de discapacidad.

La secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle Boué, subrayó que no puede haber tolerancia alguna ante la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Foto: Estudios Revolución

En mayo de este año, el Tribunal Supremo Popular confirmó privación perpetua de libertad para dos acusados “de sendos delitos de asesinato, al privar de la vida, valiéndose para ello de armas blancas e instrumentos contundentes, a la que había sido su esposa y madre de su único hijo, en el caso del primero de los acusados y, en el segundo, a su anterior pareja, una vez que esta decidió separarse de él”, según informó el propio Tribunal.

La nota de la sentencia resalta que “el Código Penal vigente prevé, en su Artículo 345 apartado 2, el delito de asesinato, para el que establece sanciones de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte, a quien prive de la vida a una mujer como consecuencia de la violencia de género, lo que evidencia la voluntad del Estado cubano de garantizar protección y atención legal a estas, castigando severamente a los declarados responsables de estos hechos”.

Amarelle Boué también subrayó las acciones emprendidas como parte del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) y la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar, donde un punto neurálgico es la comunicación social, consideró.

Destacó la puesta en marcha del Observatorio de Cuba sobre la Igualdad de Género, que ya cuenta con un manual de usuarios para favorecer la navegación por la web; y la realización de una actualización sobre las familias que viven en situaciones de violencia.

Comentó que, actualmente, 9.579 familias atraviesan por esas circunstancias y en ellas conviven 16.116 mujeres y niñas. Resalta en esos datos que, de las personas del sexo femenino entre 15 y 35 años, 60 por ciento son negras y mulatas, con promedio de escolaridad de noveno grado y una parte de ellas se encuentran desvinculadas del trabajo o son amas de casa.

Este levantamiento, dijo Amarelle Boué, permitió acercarse a la realidad con el propósito de transformar modos de actuación e ir eliminando las causas y condiciones que generan violencia de género en estos espacios.

“Los resultados obtenidos indican la necesidad de concebir una atención integral desde los grupos intersectoriales, en articulación con los agentes sociales y comunitarios, que permita el tratamiento personalizado para cada uno de los casos”, afirmó la secretaria de la FMC, de acuerdo con el reporte del Noticiero Estelar de la Televisión Cubana.

Aludió, igualmente, a la necesidad de perfeccionar las estadísticas, para lo cual cada mes tiene lugar una evaluación presidida por el Comité Central del PCC, con la participación del Tribunal Supremo, la Fiscalía General de la República y los ministerios del Interior y de Justicia.

En el Pleno se dio a conocer que la Fiscalía presentó una propuesta de un Registro Administrativo Interoperable, el cual permitirá contar con información en tiempo real de la muerte violenta de mujeres y niñas, sin esperar a la publicación anual del Observatorio de Género.

Aunque hoy activistas feministas de grupos independientes contabilizan el número de mujeres asesinadas en la isla,  especialistas coinciden en que el reto está en tener información segura sobre la incidencia para poder caracterizar el fenómeno, lo cual contribuirá a generar estrategias para la identificación, prevención y el abordaje del problema de modo más efectivo.

Al respecto, en la reunión se habló de trabajar en la prevención y de preparar a quienes, desde las comunidades, identifican la ocurrencia de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, algo que no resulta sencillo en ocasiones.

Escenarios laborales en la mira

En el pleno del Comité Central se abordó, igualmente, la implementación del Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral, cuya primera evaluación por varios ministerios denota una aplicación inadecuada en diferentes niveles, con énfasis en el ámbito comunitario.

También reveló actuaciones incorrectas en los casos analizados por las Consejerías de violencia, por el Sistema de Atención a la Población y en redes sociales.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, Yaisel Osvaldo Pieter Terry, dirigió la mirada hacia los espacios de trabajo informal, donde existen inequidades, desprotección y violaciones de los derechos de las mujeres.

Hay violencia de género, apuntó y agregó que en el país se incrementaron los trabajos informales como domésticas, limpiadoras de vivienda, mensajeras, dependientas, cocineras y otras formas de empleo, donde faltan los derechos laborales y las garantías constitucionales, por falta de seguridad social a corto, mediano y largo plazo. Tampoco tienen derecho a vacaciones o a la maternidad, añadió.

Sobre el particular, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez remarcó que todas las políticas y leyes del país son de obligatorio cumplimiento, tanto para el sector estatal como el privado, por lo que exhortó a denunciar cualquier manifestación de explotación hacia las mujeres y actuar en consecuencia.