Me refiero a un hombre que, hasta el 11 de septiembre, era quizá el terrorista con más éxito en el hemisferio occidental. Se le considera el autor intelectual de un plan llevado a cabo en 1976 para volar un avión civil, en el que murieron 73 personas a bordo de la nave, incluidos los adolescentes miembros del equipo nacional de esgrima de Cuba. Ha admitido también la preparación de una serie de detonaciones de bombas en 1997 contra hoteles turísticos y clubes nocturnos. En la actualidad, vive ilegalmente en Estados Unidos, pero altos funcionarios miembros de la administración Bush -los mismos que declararon la guerra contra el terrorismo hace apenas algunos años- no parecen sentirse terriblemente perturbados.
Me estoy refiriendo a Luis Posada Carriles. Ese no es un nombre muy conocido para la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, pero para muchos en América Latina, el nombre de Posada es tan injurioso como el de Osama bin Laden en Estados Unidos.
Posada, de origen cubano, fue entrenado por la CIA en el Colegio de las Américas, en 1961. Desde Venezuela, planificó posteriormente la voladura exitosa de un avión civil de Cubana de Aviación (aparentemente con el conocimiento de la CIA). Fue arrestado por el crimen, pero escapó de una prisión venezolana antes de comparecer al juicio.
Posada ayudó con posterioridad en los esfuerzos ilegales de Olliver North por enviar armas a los Contras en Nicaragua, intentó en repetidas ocasiones asesinar a Fidel Castro y estuvo detrás de una serie de atentados con bombas que tuvo tuvieron lugar en hoteles de La Habana, en 1997. Documentos del gobierno estadounidense desclasificados recientemente indican que, durante la mayor parte de su carrera, Posada mantuvo estrechos vínculos con la CIA.
Posada entró de manera ilegal en Estados Unidos en el año 2005. Grupos promotores de derechos humanos y los gobiernos de Cuba y Venezuela han pedido con insistencia la extradición de Posada por sus actividades terroristas; sin embargo, durante varios meses, la administración Bush negó que Posada estuviera incluso en Estados Unidos.
El 17 de mayo de 2005, el periódico Miami Herald avergonzó a la administración y la obligó a tomar medidas al publicar una entrevista en primera plana realizada a Posada (en la que se mostraban fotos de Posada tomando refresco de melocotón en el balcón de su apartamento en la Florida, describiendo las lecturas que disfrutaba en su tiempo libre y comentando con entusiasmo que al principio “pensó que el gobierno estadounidense lo estaba buscando” pero finalmente se dio cuenta de que los funcionarios estadounidenses no tenían ningún interés en él). Sólo después de esa entrevista fue que la administración detuvo a Posada, pero por cargos migratorios y no por actividades terroristas.
Desde el año 2005, al parecer la administración ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para improvisar un caso por cargos migratorios contra Posada, manipulándolo de manera tan indebida y desfachatada que el miércoles una juez federal exasperada declaró que “la única opción que le habían dejado” era desestimar la acusación. Aunque otro juez había ordenado la deportación de Posada con anterioridad, éste no puede ser legalmente extraditado a Venezuela porque el tribunal decidió que pudiera ser torturado en ese país.
Entonces por ahora, Posada es un hombre libre: aún cuando la administración cuenta con pruebas suficientes para arrestar a Posada por el papel que desempeñó en la voladura del avión en 1976 o en las bombas detonadas en La Habana en 1997. Por esos cargos, Posada pudiera ser fácilmente detenido en virtud de la Sección 412 de la Ley Patriótica, que exige el arresto obligatorio de extranjeros que son sospechosos de haber cometido actos terroristas.
El trato que la administración ha dado a Posada entra en contradicción con el trato dado a los terroristas sospechosos de Al Qaeda. Con estos últimos, la administración no pierde tiempo en sutilezas legales. Los nacionales de otros países han sido “entregados” ilegalmente a países donde han enfrentado torturas, han sido interrogados en prisiones secretas de la CIA y enviados a pudrirse en Guantánamo, en ocasiones contando con pruebas sumamente leves. Incluso ciudadanos estadounidenses sospechosos de haber cometido actividades terroristas han sido tildados de “combatientes enemigos ilegales” y se les ha privado de sus derechos constitucionales. ¿Entonces, por qué la administración está tardando tanto para arrestar y juzgar a Posada?
No es que las pruebas contra Posada sean motivo de una discusión seria. Por ejemplo, en una entrevista para el periódico The New York Times en 1998, “admitió con orgullo la autoría de los ataques de bombas contra los hoteles”, describiéndolos “como actos de guerra para debilitar un régimen totalitario, al privarlo del turismo internacional y las inversiones extranjeras.” Descartó las víctimas civiles considerándolas “tristes”, pero le aseguró al periodista que “dormía como un bebe.” (Cuando el Miami Herald le preguntó sobre estos hechos admitidos, respondió evasivamente: “dejemos eso a la historia.”)
Si todo ello suena inquietantemente familiar, así es como debe ser. Hemos escuchado las mismas justificaciones insensibles para los actos de terrorismo de Bin Laden y Khalid Shaikh Mohammed.
La negativa de la administración para emprender esfuerzos serios para juzgar a Posada resulta hipócrita, pero es conveniente desde el punto de vista político. Un juicio pudiera exponer las fechorías pasadas de la CIA y poner en riesgo a los enajenados exiliados cubanos de línea dura que residen en la Florida: un bloque de electores que la administración ha preservado durante mucho tiempo.
Después de los sucesos del 11 de septiembre, la frase “un terrorista para unos es un luchador por la libertad para otros” ya no es muy usada. Sin embargo, aunque nadie lo va a admitir francamente, al parecer la idea aún mantiene cierta validez dentro de la administración Bush.
Traducido por Pablo Ramos del equipo de traductores de Cubadebate y Rebelion.
Posada, de origen cubano, fue entrenado por la CIA en el Colegio de las Américas, en 1961. Desde Venezuela, planificó posteriormente la voladura exitosa de un avión civil de Cubana de Aviación (aparentemente con el conocimiento de la CIA). Fue arrestado por el crimen, pero escapó de una prisión venezolana antes de comparecer al juicio.
Posada ayudó con posterioridad en los esfuerzos ilegales de Olliver North por enviar armas a los Contras en Nicaragua, intentó en repetidas ocasiones asesinar a Fidel Castro y estuvo detrás de una serie de atentados con bombas que tuvo tuvieron lugar en hoteles de La Habana, en 1997. Documentos del gobierno estadounidense desclasificados recientemente indican que, durante la mayor parte de su carrera, Posada mantuvo estrechos vínculos con la CIA.
Posada entró de manera ilegal en Estados Unidos en el año 2005. Grupos promotores de derechos humanos y los gobiernos de Cuba y Venezuela han pedido con insistencia la extradición de Posada por sus actividades terroristas; sin embargo, durante varios meses, la administración Bush negó que Posada estuviera incluso en Estados Unidos.
El 17 de mayo de 2005, el periódico Miami Herald avergonzó a la administración y la obligó a tomar medidas al publicar una entrevista en primera plana realizada a Posada (en la que se mostraban fotos de Posada tomando refresco de melocotón en el balcón de su apartamento en la Florida, describiendo las lecturas que disfrutaba en su tiempo libre y comentando con entusiasmo que al principio “pensó que el gobierno estadounidense lo estaba buscando” pero finalmente se dio cuenta de que los funcionarios estadounidenses no tenían ningún interés en él). Sólo después de esa entrevista fue que la administración detuvo a Posada, pero por cargos migratorios y no por actividades terroristas.
Desde el año 2005, al parecer la administración ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para improvisar un caso por cargos migratorios contra Posada, manipulándolo de manera tan indebida y desfachatada que el miércoles una juez federal exasperada declaró que “la única opción que le habían dejado” era desestimar la acusación. Aunque otro juez había ordenado la deportación de Posada con anterioridad, éste no puede ser legalmente extraditado a Venezuela porque el tribunal decidió que pudiera ser torturado en ese país.
Entonces por ahora, Posada es un hombre libre: aún cuando la administración cuenta con pruebas suficientes para arrestar a Posada por el papel que desempeñó en la voladura del avión en 1976 o en las bombas detonadas en La Habana en 1997. Por esos cargos, Posada pudiera ser fácilmente detenido en virtud de la Sección 412 de la Ley Patriótica, que exige el arresto obligatorio de extranjeros que son sospechosos de haber cometido actos terroristas.
El trato que la administración ha dado a Posada entra en contradicción con el trato dado a los terroristas sospechosos de Al Qaeda. Con estos últimos, la administración no pierde tiempo en sutilezas legales. Los nacionales de otros países han sido “entregados” ilegalmente a países donde han enfrentado torturas, han sido interrogados en prisiones secretas de la CIA y enviados a pudrirse en Guantánamo, en ocasiones contando con pruebas sumamente leves. Incluso ciudadanos estadounidenses sospechosos de haber cometido actividades terroristas han sido tildados de “combatientes enemigos ilegales” y se les ha privado de sus derechos constitucionales. ¿Entonces, por qué la administración está tardando tanto para arrestar y juzgar a Posada?
No es que las pruebas contra Posada sean motivo de una discusión seria. Por ejemplo, en una entrevista para el periódico The New York Times en 1998, “admitió con orgullo la autoría de los ataques de bombas contra los hoteles”, describiéndolos “como actos de guerra para debilitar un régimen totalitario, al privarlo del turismo internacional y las inversiones extranjeras.” Descartó las víctimas civiles considerándolas “tristes”, pero le aseguró al periodista que “dormía como un bebe.” (Cuando el Miami Herald le preguntó sobre estos hechos admitidos, respondió evasivamente: “dejemos eso a la historia.”)
Si todo ello suena inquietantemente familiar, así es como debe ser. Hemos escuchado las mismas justificaciones insensibles para los actos de terrorismo de Bin Laden y Khalid Shaikh Mohammed.
La negativa de la administración para emprender esfuerzos serios para juzgar a Posada resulta hipócrita, pero es conveniente desde el punto de vista político. Un juicio pudiera exponer las fechorías pasadas de la CIA y poner en riesgo a los enajenados exiliados cubanos de línea dura que residen en la Florida: un bloque de electores que la administración ha preservado durante mucho tiempo.
Después de los sucesos del 11 de septiembre, la frase “un terrorista para unos es un luchador por la libertad para otros” ya no es muy usada. Sin embargo, aunque nadie lo va a admitir francamente, al parecer la idea aún mantiene cierta validez dentro de la administración Bush.
Traducido por Pablo Ramos del equipo de traductores de Cubadebate y Rebelion.
