Por una parte lo reclama de manera perentoria la inmensa mayoría de los gobiernos de la América Latina y el Caribe. Lo han hecho esos gobiernos individualmente directamente, y multilateralmente en diversos foros hemisféricos; a través de las recientes visitas oficiales a La Habana de los Jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Venezuela y de países miembros del CARICOM; de las declaraciones oficiales de organizaciones internacionales como el Grupo de Río, UNASUR, ALBA, CARICOM,  SELA y otras en las que se le exige al gobierno de Estados Unidos el fin de esa política. El más explícito resumen de esta posición común hemisférica fue recién expresado por Celso Amorín, Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, cuando con clara intensión dijo: “La política exterior de Estados Unidos con la América Latina pasa por Cuba”.

Por otra parte en Estados Unidos los intereses que exigen el fin de esa política aunque múltiples y disímiles son cada día más numerosos y más fuertes políticamente. Incluyen a los sectores progresistas de todo el país que desde siempre han reclamado este cambio, incluso aquellos en la comunidad cubana emigrada.  En años recientes se han sumado otros sectores que por diferentes razones, sin ser progresistas, también lo reclaman. Entre éstos, por razones de intereses económicos, se encuentran asociaciones empresiales entre las que se destacan: la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Federación Nacional Minorista, la Asociación de Manufactureros de Alimentos y el Consejo de Comercio Exterior.

Actualmente el cambio en el clima político en este país con respecto a la política con Cuba se refleja más significativamente en el fuerte apoyo bipartidista en el Congreso en dar fin gradualmente y de diferentes maneras a esa política.

El Congreso recientemente aprobó y el presidente firmó una ley general suplementaria del presupuesto federal que incluía medidas que forzaron al Departamento del Tesoro a revocar las crueles restricciones de viaje a Cuba a los emigrados cubanos residentes en Estados Unidos impuestas en el 2004 por la Administración Bush. Actualmente se han presentado ante ambas Cámaras del Congreso otros dos proyectos de ley que de ser aprobados permitirían a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes legales en este país poder viajar a Cuba sin restricción alguna. Otro proyecto de ley ha sido presentado esta semana en el Congreso que facilitaría la posibilidad de la venta de productos agrícolas norteamericanos a Cuba. Estos proyectos de ley han sido presentados y tienen el apoyo de notables y poderosos senadores y representantes de ambos partidos políticos.

Existen también sectores intelectuales de los llamados Think Tanks (instituciones de expertos en determinadas materias de gobierno) como también en los altos mandos de las fuerzas armadas y en las agencias de inteligencia estadounidenses que apoyan una revaluación de la actual política con Cuba.

Es indiscutible que todo esto en este país no ocurre en un vacío político. La nueva Administración ha hecho saber su voluntad de revaluar la actual política con Cuba. Y tiene la necesidad de hacerlo porque ésta ha fracasado en sus objetivos y se interpone a los intereses nacionales de Estados Unidos, como los entienden la mayoría de su clase gobernante.

El problema para el nuevo gobierno norteamericano es cómo desmantelar la actual política: cómo desarmar el muñeco. Nada fácil será. Y no lo es porque este gobierno para lograrlo tendría que rechazar premisas fundamentales de su política exterior, de su política exterior imperial, especialmente con Cuba revolucionaria.  Tendría que descartar como inservibles viejos métodos de dominio para implementar otros más nuevos y aceptables de cómo ejercer su poderío en el mundo, especialmente en este hemisferio.

Cuba revolucionaria ha resistido los embates de más de 50 años de una política de agresión permanente por parte de Estados Unidos. Caro, muy caro, le ha costado esta política al pueblo cubano, pero este ha resistido, ha logrado y garantizado su soberanía y sus libertades y se ha desarrollado. Ha triunfado.

Las eventuales negociaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba tienen necesariamente que basarse en el respeto absoluto a la soberanía de ambos Estados. Y por eso se le hace muy difícil al gobierno de Estados Unidos desarmar este muñeco, porque en un proceso negociador bajo estas premisas, las únicas posibles, Estados Unidos tiene que ceder en todo lo sustancial dado que desde hace un poco más de 50 años ha sido el único agresor.