Durante la celebración del acto, la abogada defensora alegó los elementos que sustentan la inconformidad del acusado con la decisión del tribunal de primera instancia.
Al ejercer el derecho de última palabra, Gross expuso los criterios que consideró pertinentes y agradeció la posibilidad de explicarlos personalmente ante los jueces del Tribunal Supremo Popular, precisa el sitial digital Cubadebate.
En la vista participó el fiscal y estuvieron presentes funcionarios consulares de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba.
Según la referida fuente, el máximo órgano judicial informará su sentencia definitiva en los próximos días.
Por el delito de actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado, Gross recibió una sanción de 15 años de privación de libertad.
En la materialización de sus propósitos, el estadounidense pretendía emplear sofisticadas tecnologías para crear redes clandestinas de infocomunicaciones o fuera del control de las autoridades cubanas en aras de alimentar provocaciones contrarrevolucionarias.
Gross reconoció que fue utilizado y engañado por la DAI (Development Alternative Inc.), empresa contratista de la agencia gubernamental norteamericana Usaid, subordinada al Departamento de Estado.
Esa entidad se encarga de programas de desestabilización política contra gobiernos que no son del agrado de la Casa Blanca en América Latina y muchas otras partes del mundo.