Canal Caribe / TV Cubana.- La Fiscalía General de la República continúa informando al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021 que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista. Los días 14 y 15 de junio, el Tribunal notificó a la Fiscalía cuatro sentencias firmes, en las que 33 sancionados habían establecido recursos, correspondientes a las provincias de La Habana y Mayabeque, por delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos, fundamentalmente.


Fiscalía General de la República informa sobre procesos penales derivados del 11 de julio

Cubadebate

La Fiscalía General de la República continúa informando al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista.

Los días 14 y 15 de junio, el Tribunal notificó a la Fiscalía cuatro sentencias firmes, en las que 33 sancionados habían establecido recursos, correspondientes a las provincias de La Habana y Mayabeque, por delitos de sedición, sabotaje y desórdenes públicos, fundamentalmente.

Atendiendo a la gravedad de los hechos y grado de participación, 30 fueron sancionados con penas de privación de libertad (20 entre cinco y diez años, y 10 entre diez y 18 años), mientras que a dos se les subsidió por trabajo correccional sin internamiento y uno por limitación de libertad; que no implican -en principio, bajo condición de buena conducta-, su ingreso a prisión.

Mantienen su validez las precisiones realizadas con anterioridad, respecto a que el quebrantamiento de las obligaciones impuestas por el Tribunal en sus sentencias o la comisión de un nuevo hecho delictivo, trae como consecuencia la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad.

De igual forma, las obligaciones impuestas por los Tribunales Populares, sobre la responsabilidad civil de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas, como consecuencia de los hechos cometidos, y la reparación de los daños ocasionados a las entidades.

Para estos casos da inicio el proceso de ejecución de las sanciones, velando porque durante su cumplimiento se alcancen los fines educativos, coercitivos y preventivos de estas, el reforzamiento de los valores, la rectificación de la conducta de los sancionados y su reinserción social.

(Con información de la Fiscalía General de la República)

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