William LeoGrande, decano emérito de la Facultad de Asuntos Públicos de la American University en Washington, D.C. Foto: American University Washington DC.


William LeoGrande: Último absurdo de la política de EEUU hacia Cuba

Washington, 2 abr (Prensa Latina) El último absurdo de la política de Estados Unidos hacia Cuba es que un pequeño grupo de legisladores cubanoamericanos conservadores, obsesionados con reducir a la isla a la miseria, dictan hoy políticas que dañan intereses más amplios.

Así afirma un artículo de opinión publicado este martes por William LeoGrande, decano emérito de la Facultad de Asuntos Públicos de la American University en Washington, D.C., en el que subraya que gran parte de ese absurdo “se basa en premisas falsas y hechos distorsionados”.

Esos congresistas “se salen con la suya porque ningún tema es más importante para ellos que Cuba, y Cuba no es lo suficientemente importante para (el presidente Joe) Biden como para enfrentarlos, advirtió el material, que aparece en la revista online Responsible Statecraft, del Quincy Institute.

Los argumentos que ofrecen los defensores de esta política no tienen sentido y las recientes propuestas legislativas de miembros cubanoamericanos de la Cámara de Representantes son buenos ejemplos, agregó el académico.

Los representantes por Florida Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, y su colega María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes para el Hemisferio Occidental, impulsaron hace poco nuevas sanciones hacia el país antillano, argumentó.

Sus propuestas bloquean la designación infundada de Cuba como patrocinador del terrorismo internacional, bloquean la asistencia al sector privado cubano con el argumento de que no existe y castigan a las naciones que acogen misiones médicas cubanas por practicar la “esclavitud moderna”.

Las dos últimas propuestas se convirtieron en ley en el proyecto de ley de asignaciones generales aprobado el mes pasado para evitar un cierre del gobierno, recordó LeoGrande.

Cuba -dijo- está en la lista de terrorismo del Departamento de Estado, a pesar de que su último Informe Nacional sobre Terrorismo no ofrece evidencia de que La Habana participe a nivel internacional en semejante práctica.

Explicó que para justificar la arbitraria designación se cita el hecho de que Cuba haya albergado a perseguidos estadounidenses por motivos políticos hace más de 40 años.

Sin embargo, “Estados Unidos acogió durante años a notorios exiliados cubanos como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, culpables de innumerables ataques terroristas contra Cuba”. Enumeró entre esas acciones violentas la explosión en pleno vuelo de un avión de una aerolínea cubana, donde perdieron la vida las 73 personas que viajaban a bordo y además las bombas colocadas en la década de 1990 en hoteles turísticos en La Habana.

Al principio de la administración Biden, la Casa Blanca dijo que estaba “comprometida a revisar cuidadosamente” la designación de Cuba, pero después el propio Antony Blinken afirmó al Congreso: “No planeamos eliminarlos de la lista”, indicó el artículo.

Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa de 2023 por qué Cuba todavía estaba en la lista de terrorismo, un portavoz del Departamento de Estado respondió que se debía al “largo historial de atroces abusos contra los derechos humanos, la supresión de la libertad de prensa y la supresión de la sociedad civil” de Cuba.

La respuesta fue un absurdo porque eso nada tiene que ver con el terrorismo internacional.

El funcionario también reconoció, ajeno a la ironía, que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba participan regularmente en conversaciones de cooperación antiterrorista bajo los auspicios de un acuerdo de aplicación de la ley celebrado durante la administración de Barack Obama (2009-2017).

El año pasado, Díaz-Balart se unió a Salazar para patrocinar un proyecto de ley que impide a la administración Biden eliminar a Cuba de la lista de terrorismo hasta que, según ellos, “se convierta en una democracia multipartidista”.

Aunque es poco probable que el proyecto de ley se convierta en ley en este Congreso, evidencia el desprecio por los criterios legales para designar a un país como patrocinador del terrorismo.

Otra disposición de la asignación castigaría a los países con los cuales Cuba tiene colaboración médica con el argumento de que dichos acuerdos constituyen una “esclavitud moderna”. Desde la década de 1960, Cuba ha enviado unos 400 mil profesionales médicos a prestar servicios en 164 países.

Washington se arroga una vez más el derecho de sancionar a otros países por sus relaciones con Cuba, como si ni su soberanía ni la de Cuba contaran para nada, afirmó.

«Es que un pequeño grupo de legisladores cubanoamericanos conservadores, obsesionados con reducir a Cuba a la miseria, han podido dictar políticas que dañan intereses más amplios de Estados Unidos en América Latina, Europa y el Sur Global”, concluyó LeoGrande.

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