La Junta Interministerial bloqueó el envió de gases lacrimógenos a La Habana mientras daba su visto bueno a millonarias operaciones con el régimen saudí, principal cliente de la industria armamentística española.
Danilo Albin - Público
No a La Habana, sí a Riad. El Gobierno español argumentó razones de estricto respeto a los derechos humanos para denegar una operación de venta de gases lacrimógenos a Cuba, pero no encontró razones del mismo calado para rechazar nuevas exportaciones a la dictadura saudí, principal cliente de la industria armamentística nacional.
El doble rasero del Ejecutivo a la hora de conceder o rechazar solicitudes de venta de armas al exterior ha quedado reflejado en el informe sobre las operaciones de este tipo efectuadas en el primer semestre de 2022. El documento ha sido remitido por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU) –integrada, entre otros, por representantes de Defensa y del CNI– al Congreso.
El informe al que ha tenido acceso Público indica que se ha denegado la "exportación a Cuba de 2.500 cartuchos lacrimógenos y fumígenos y 40 artificios de luz, sonido y lacrimógenos por valor de 350.000 euros con destino al Ministerio del Interior".
El Gobierno alude al criterio 2 de la Posición Común de la UE que sirve de código de conducta para los países miembro en materia de exportaciones. En concreto, la JIMMDU cita el criterio dos de dicho documento, que habla del "respeto de los derechos humanos en el país de destino final" de la exportación de armamento, así del "respeto del Derecho internacional humanitario por parte de dicho país".
El informe oficial establece esos mismos motivos como motivo de la denegación de los permisos para otra operación de venta de 50.000 cartuchos lacrimógenos por valor de 2,1 millones de euros con destino al Ministerio de la Seguridad Nacional de República Centroafricana.
Negocios con Arabia Saudí
Sin embargo, el respeto a los derechos humanos no ha sido impedimento alguno a la hora de cerrar nuevos acuerdos millonarios con Arabia Saudí, una dictadura que reprime a sus opositores políticos y realiza bombardeos contra la población civil en la vecina Yemen.
Pese a ello, Arabia Saudí se posicionó en el primer semestre de 2022 como principal destinatario de armamento español fuera de la OTAN. En ese periodo, las exportaciones al régimen de Salmán bin Abdulaziz alcanzaron los 302,2 millones de euros.
De acuerdo a este informe, durante los primeros seis meses del año se concedieron 21 licencias de exportación de productos y tecnologías de doble uso con destino a Arabia Saudí.
Perú y Marruecos
Asimismo, el documento de la JIMMDU permite establecer que tampoco existieron problemas humanitarios a la hora de autorizar exportaciones de material antidisturbios a Perú por un valor de 6,3 millones de euros.
Esas operaciones fueron autorizadas pese al "riesgo de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas peruanas", tal como denunció Amnistía Internacional (AI) en noviembre de 2020, al calor de la represión contra manifestantes lanzada entonces por las autoridades locales.
La pasada semana, AI volvió a dirigirse al Gobierno español para pedirle que impida nuevas exportaciones de material antidisturbios a Perú hasta que se aclare la responsabilidad de las fuerzas policiales y militares en los asesinatos de manifestantes registrados al calor de la última crisis institucional en ese país latinoamericano.
Entre las exportaciones de material antidisturbios registradas en el primer semestre de 2022 figura también una operación con Marruecos por 78.500 euros. En ese caso, la persecución, tortura y encarcelamiento de militantes saharauis no fueron motivos suficientes para que el Gobierno bloqueara esos negocios.
