Estados Unidos suspende procesos migratorios del llamado “parole humanitario” y la reunificación familiar

Ana Teresa Badía Valdés

Radio Rebelde

Un memorando del Gobierno de Estados Unidos reveló que la nueva administración ha ordenado la pausa de todas las solicitudes de inmigración presentadas por nacionales de América Latina y Ucrania que suceden a la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 300.000 venezolanos, y ahora ponen en pausa los beneficios del llamado “parole humanitario” y otros programas de reunificación familiar que datan del mandato del demócrata  Joe Biden.

La medida afecta a miles de personas que planeaban regularizar su estatus migratorio mediante casos de asilo político, amparos familiares o leyes que permiten el camino a la residencia. El memorando, fechado el 14 de febrero y revelado el martes por Andrew Davidson, un alto funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), menciona que todas las “solicitudes de beneficios pendientes” están en pausa administrativa indefinida.

Tres programas migratorios son los más afectados: el parole humanitario que permitió la entrada de 530.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela; el programa de reunificación familiar para colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, haitianos y cubanos; y el programa Unidos por Ucrania, que brindó amparo a 240.000 ucranianos con patrocinadores estadounidenses.

El memorando menciona que la pausa se debe a preocupaciones de fraude y seguridad pública que no están siendo adecuadamente señaladas en los sistemas de adjudicación del país. Miles de solicitudes fueron encontradas con “patrocinadores en serie”, información de fallecidos o direcciones repetidas. Davidson explicó que esta pausa podría ser levantada después de una revisión exhaustiva de los extranjeros en libertad condicional bajo estos programas.

Ciertamente, el futuro puede ser incierto para los ciudadanos que actualmente tienen protección y permisos de trabajo por dos años y que aspiran a obtener un estatus legal permanente, como los cubanos que podrían beneficiarse de la Ley de Ajuste después de un año de permanencia en el país. La medida de revocar el estatus legal y someter a deportación a quienes no obtengan otros beneficios de inmigración es una señal de que, bajo el gobierno actual, cualquier migrante podría estar en el limbo legal, y por ende, en riesgo.

Trump firma orden que pone fin a prestaciones federales para algunos inmigrantes

Cubadebate

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden destinada a poner fin a las prestaciones federales para las personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal, informó la Casa Blanca el miércoles, su medida más reciente en una serie de acciones enérgicas para controlar la inmigración.

La Casa Blanca indicó que la orden pretende acabar con “todas las prestaciones financiadas por los contribuyentes para los extranjeros ilegales”, pero no quedó claro cuáles prestaciones serán objeto de esta medida. Las personas que están ilegalmente en el país suelen no calificar para recibirlas, excepto para atención médica de emergencia. Los niños tienen derecho a una educación pública gratuita desde el jardín de infantes hasta el duodécimo grado, independientemente de su estatus migratorio, según un fallo de la Corte Suprema de 1982.

La orden señala que una reforma a la asistencia social de 1996 niega la mayoría de las prestaciones públicas a las personas que están en el país de manera ilegal, pero dice que esa ley ha sido socavada gradualmente.

“En los últimos cuatro años, en particular, el gobierno anterior socavó repetidamente los objetivos de esa ley, lo que resultó en el gasto indebido de recursos significativos de los contribuyentes”, manifestó.

Las palabras de Trump parecen dirigidas al extenso uso de la autoridad de permiso condicional humanitario por parte del expresidente Joe Biden para permitir que personas permanezcan temporalmente en el país, incluyendo a más de 900 000 a través de una aplicación de citas en línea llamada CBP One utilizada en los cruces fronterizos con México, y a más de 500 000 migrantes que volaron a Estados Unidos con los gastos por su cuenta y que contaban con un patrocinador financiero. Trump puso fin de inmediato a ambos programas.

Biden también otorgó permiso condicional humanitario a casi 300 000 personas de Ucrania y Afganistán.

Las personas a las que se les concede el permiso condicional humanitario al menos por un año son consideradas “no ciudadanos que califican”, lo que las hace elegibles para recibir algunas prestaciones con base en sus ingresos, pero sólo después de cinco años. Estos incluyen Medicaid y el Programa de Seguro de Salud para Niños, que proporciona cobertura a niños de familias que ganan demasiado dinero para calificar para Medicaid, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Algunos estados han acortado el período de espera de cinco años.

La orden de Trump parece tener otros objetivos, algunos ya sujetos a edictos anteriores y demandas del Departamento de Justicia. Les ordena a todos los departamentos y agencias a identificar el gasto en prestaciones federales que sea incongruente con la ley de asistencia social de 1996. También pretende asegurar que los gobiernos estatales y locales no utilicen fondos federales para estrategias que apoyen políticas de “santuario” o fomenten la inmigración ilegal.

Trump firmó 10 órdenes ejecutivas sobre inmigración en su primer día en el cargo. Estas incluyeron poner fin a la ciudadanía automática para las personas nacidas en Estados Unidos, y al asilo en la frontera sur. La orden sobre la ciudadanía por nacimiento ha sido detenida temporalmente en los tribunales.

(Con información de AP)

Por su interés informativo urgente, publicamos a continuación dos notas de sendos medios anticubanos: El País y Asere Noticias.

Trump suspende los procesos migratorios de miles de beneficiarios del ‘parole’ y la reunificación familiar

Un memorando del Gobierno revela que la nueva Administración ordenó la puesta en pausa de todas las solicitudes de inmigración presentadas por nacionales de América Latina y Ucrania.

Carla Gloria Colomé

El País

Un nuevo anuncio llega como un balde de agua fría en la cabeza de miles de personas que entraron a Estados Unidos de manera legal, y ahora se sumarán al limbo migratorio en el que los deja la Administración de Donald Trump. Si hace unas semanas el republicano barrió con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que amparaba a unos 300.000 venezolanos, ahora su Gobierno la emprende contra los beneficiarios del parole humanitario — con el que Trump nunca ha simpatizado particularmente— y pone en peligro el curso de los procesos migratorios de otros que llegaron al país mediante programas de reunificación familiar heredados del mandato de Joe Biden.

Un memorando del Gobierno al que tuvo acceso CBS News —y la confirmación de dos funcionarios estadounidenses—, revela que la nueva Administración ordenó la puesta en pausa de todas las solicitudes de inmigración presentadas por nacionales de América Latina y Ucrania, que entraron al país de manera legal beneficiados con ciertos programas migratorios. En lo adelante, miles de personas que pensaban regularizar su estatus, ya sea presentando casos de asilo político, a través de amparos familiares o acogiéndose a algún tipo de ley que les permita el camino a la residencia, quedan completamente imposibilitados de seguir adelante con sus procesos.

En el memorando del día 14 de febrero, que salió a la luz pública en la noche del martes, Andrew Davidson, un alto funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ordenó la “pausa administrativa” de todas las “solicitudes de beneficios pendiente” en la agencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Se trata, aparentemente, de una suspensión temporal e indefinida.

Son tres los programas cuyos beneficiarios permanecen afectados: el de parole humanitario, que permitió la entrada de un total de 530.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el Gobierno de Biden; el programa de reunificación familiar para colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, haitianos y cubanos que podían acceder a la residencia a través del vínculo con familiares naturalizados en Estados Unidos; y el programa Unidos por Ucrania, que ofreció refugio a unos 240.000 ucranianos con patrocinadores estadounidenses.

El fraude vuelve a ser el motivo del que los republicanos echan mano para ir una vez más contra este tipo de programas. El año pasado tildaron al de parole de “ilegal”, de “un desastre plagado de fraudes”. Ahora, según el memorando, la pausa en los procesos migratorios llega porque, en la actualidad, la “información sobre el fraude y la seguridad pública o las preocupaciones de seguridad nacional no están siendo debidamente señaladas en los sistemas de adjudicación de los USCIS”. Davidson aseguró que se encontraron miles de solicitudes con “patrocinadores en serie”, información de personas fallecidas o direcciones idénticas usadas por un mismo beneficiario y que algunos a quienes se le permitió la entrada al país “no fueron investigados completamente”.

El alto funcionario dejó saber que esta detención del proceso podría ser levantada cuando se lleve a cabo una “revisión y evaluación exhaustiva en el país de los extranjeros que son o fueron puestos en libertad condicional en los Estados Unidos en virtud de estos programas”.

Aún está por verse qué sucederá en lo adelante con los miles de personas que tienen protección y permiso de trabajo por dos años, y que aspiraban a alcanzar algún tipo de estatus legal, como es el caso de los cubanos, que luego de un año de permanencia en el país pueden beneficiarse con la llamada Ley de Ajuste y la consecuente obtención de la Tarjeta Verde.

Desde inicios de este mes se había conocido que el DHS contemplaba revocar el estatus legal a las personas que Biden permitió entrar al país con parole, las mismas que ahora podrían someter a un “proceso de deportación si no han solicitado, u obtenido, otro beneficio de inmigración”. No obstante, esta nueva medida ata a los migrantes de pies y manos para solicitar una residencia permanente, el asilo y algún estatus que le garantice su permanencia en el país.

La decisión es una muestra más de que, bajo la Administración de Trump, cualquier migrante puede estar en peligro. Tampoco es algo completamente inesperado, más cuando programas como el de parole humanitario —con el que cada mes entraban al país hasta 30.000 extranjeros— ha estado desde hace meses en la mira de los republicanos. Por eso lo eliminaron una vez tomaron el poder de la Casa Blanca, como mismo hicieron con la aplicación de CBP One y más tarde con el TPS, argumentando que era “contrario a las políticas de Estados Unidos”.

EEUU suspende solicitudes de residencia permanente de migrantes que entraron con parole

Esto afecta directamente a miles de cubanos que aspiraban a obtener la residencia permanente a través de la Ley de Ajuste Cubano

Asere Noticias

La administración de Donald J. Trump ha emitido una orden para suspender de manera inmediata e indefinida todas las solicitudes de inmigración, incluidas las peticiones de residencia permanente (Green Card), presentadas por migrantes latinoamericanos y ucranianos que ingresaron al país bajo programas implementados durante el mandato de Joe Biden.

La decisión, justificada con preocupaciones sobre posibles fraudes y riesgos para la seguridad nacional, afecta directamente a miles de cubanos que aspiraban a obtener la residencia permanente a través de la Ley de Ajuste Cubano tras haber ingresado al país mediante el programa de parole humanitario entre 2023 y 2024.

Según informó CBS News, el congelamiento de estos procesos se mantendrá vigente mientras las autoridades realizan una revisión exhaustiva de los programas de parole, esto con el fin de detectar posibles irregularidades.

Un memorando interno de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) señala que la medida busca fortalecer los mecanismos de verificación y mitigar amenazas potenciales a la seguridad pública.

Desde la implementación del parole humanitario, más de medio millón de ciudadanos provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela lograron ingresar a territorio estadounidense al demostrar que contaban con un “patrocinador”.

Estos migrantes recibieron permisos temporales de trabajo y protección contra la deportación por un periodo de dos años. Ahora, aquellos que iniciaron trámites para modificar su estatus migratorio han quedado en el limbo, pues dichos trámites fueron suspendidos con la nueva orden.

“Esto congela completamente su posibilidad de cambiar su estatus migratorio. En caso de que el gobierno cancele su parole, estarían sujetos a deportación”, advirtió Lynden Melmed, exjefe de asuntos legales de USCIS.

El memorando interno de USCIS detalla que el sistema actual de adjudicación de beneficios migratorios presenta deficiencias en la detección de fraudes y amenazas a la seguridad.

Investigaciones hechas el año pasado revelaron que miles de solicitudes presentaban patrones de patrocinadores repetidos, direcciones falsas y el uso de identidades pertenecientes a personas fallecidas, lo que generó preocupación dentro del gobierno.

Además, se destaca que algunos migrantes beneficiados con el parole ingresaron sin un proceso de verificación completo, por lo que varias figuras relacionadas con el régimen castrista lograron ingresar al país. Este argumento ha sido utilizado para justificar la paralización de los procedimientos migratorios.

Desde enero de 2025, la administración Trump ha endurecido drásticamente su política migratoria. Entre sus acciones se encuentra la eliminación del parole humanitario, la desactivación de la aplicación CBP One y la cancelación de citas para solicitudes de asilo, lo que ha dejado a miles de personas varadas en la frontera.

También se han otorgado nuevas facultades a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para acelerar deportaciones, estableciendo cuotas de arrestos y sancionando a funcionarios que no cumplan con los objetivos estipulados. Las redadas se han intensificado en diversas ciudades de Estados Unidos, afectando incluso a migrantes sin antecedentes penales.