Los derechos sexuales y reproductivos no son nuevos derechos, son inherentes a todas las personas, a su condición humana, independientemente de su clase y status social, de su edad, género, estado civil, condición migratoria, etnia, raza, orientación sexual e identidad de género.
El ejercicio pleno de estos derechos humanos requiere de voluntad política para facilitar procesos inclusivos de transformación social profundos, que promuevan el análisis crítico de los modelos de dominación históricamente impuestos por los grupos privilegiados, que sustentan el poder económico y continúan utilizando la sexualidad como pretexto para el control social y la manipulación de las personas, en función de sus intereses hegemónicos.
Estos mecanismos no han cambiado. El siglo XXI, que había generado nuevas ilusiones de progreso para la humanidad, sigue utilizando discursos inconsistentes e hipócritas para reproducir formas de discriminación y exclusión social, que afectan especialmente a las mujeres y a las niñas, a las personas pobres, ancianas, LGBTI, discapacitadas y jóvenes.
La educación integral de la sexualidad ha demostrado ser un recurso para la emancipación plena del ser humano, para su formación como sujeto de derecho, para su participación social, sobre la base de la desmitificación de los prejuicios dominadores que persisten en todas las sociedades. Por tanto, es responsabilidad de los Estados y Gobiernos, el desarrollo de programas nacionales de educación integral de la sexualidad, de atención a la salud sexual y reproductiva, basados en un enfoque de derechos humanos.
En la experiencia cubana, la lucha contra toda forma de discriminación, desde un paradigma emancipatorio, y especialmente los logros en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, crearon las condiciones propicias para la aprobación de la educación sexual como política del Estado, desde 1975. Su implementación es responsabilidad de las principales instituciones sociales ”familia, educación, salud, cultura y organizaciones de la sociedad civil. Una población informada y culta, goza de mayor libertad para decidir con sentido de responsabilidad individual y colectiva.
La educación de la sexualidad constituye un excelente mecanismo para la integración social, sobre la base de la justicia, equidad, participación y cohesión social. La educación integral de la sexualidad, como política pública, es imprescindible para avanzar en los temas de población y desarrollo después de 2014, y en la agenda de desarrollo después de 2015.
El consenso de Montevideo, alcanzado en la Primera Conferencia regional de Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe me enorgullece como ciudadana del mundo, y constituye un importante referente para lograr los objetivos y metas aprobados en El Cairo, para impulsar la agenda mundial de Cairo más 20, para responder a las necesidades de los pueblos en temas de derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.
