Paquito el de Cuba.- Parecería que nuestra Ministra de Justicia, María Esther Reus, no tiene las mismas prioridades que el Presidente cubano Raúl Castro o el Partido Comunista de Cuba, cuando en una extensa entrevista en el diario Juventud Rebelde que aparece este domingo elude mencionar la promulgación de un nuevo Código de Familia como una de las leyes de mayor prioridad social.
Y no me refiero ya solamente a los objetivos de la Primera Conferencia del Partido que plantean enfrentar la discriminación por orientación sexual en el país, sino también a un episodio que antes no trascendió a la prensa.
Durante la sesión del Parlamento en diciembre último, en medio del debate por la inclusión de la no discriminación por identidad de género en el Código de Trabajo, el propio presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, hizo un breve comentario que no fue público, donde pidió –más o menos en estos términos- que acabaran de llevar también el asunto del nuevo Código de Familia a la Asamblea Nacional para su discusión.
Sin embargo, ante la pregunta de la colega Susana Gómez Bugallo sobre cuáles leyes Reus considera que han sido las más trascendentales para el futuro del país o las que más pueden ayudar a transformar la realidad cubana, la funcionaria enumeró primero varias legislaciones económicas esenciales, y luego lanzó un enunciado desesperanzador:
“Luego tendremos normas vinculadas a lo social, porque se habla del problema demográfico en Cuba, del adulto mayor, los jóvenes, la natalidad, entre otros. También se trabaja en una Ley del Agua y se perfecciona lo que tiene que ver con las modificaciones sustanciales del Sistema de Salud.
Y por si fuera poco, en el siguiente párrafo la titular de Justicia envía otro mensaje desalentador: “Se actualizarán primero las que requieran los cambios que se están aplicando…”
Resulta altamente sospechoso que Reus solo menciona el Código de Familia seis preguntas después, cuando la periodista le pregunta por los distintos mecanismos democráticos a utilizar a la hora de someter a discusión popular las leyes, y agrega que “hay quienes opinan que determinadas leyes deberían someterse a plebiscito”.
Acto seguido, la Ministra declara: “Las Constituciones se han sometido a referendos. Normas como el Código de Familia han tenido consultas populares”.
Lo social y lo económico deben ir parejos en la actualización del modelo cubano, para que el cambio resulte.
¿Qué significa todo esto? ¿Por qué la misma persona que desde la anterior legislatura del Parlamento cubano nos dijo que el Código de Familia estaba en un programa legislativo, ahora no menciona esa ley entre las prioridades? ¿Cómo desconocer el proyecto de ley que desde hace tantos años impulsan el Centro Nacional de Educación Sexual, la Federación de Mujeres Cubanas y la Unión Nacional de Juristas, que aboga por actualizar conceptos y prácticas en las relaciones familiares, incluyendo algún tipo de protección legal para las parejas homosexuales?¿ O resulta que los prejuicios sobre el tema desde ciertas posiciones de poder todavía entorpecen el cumplimiento de la voluntad política expresa del Estado, el gobierno y el Partido, en cuanto a la necesidad de liderar este cambio cultural y jurídico para beneficio de todo el pueblo cubano?
El macabro “olvido” de María Esther Reus es mucho más grave cuando su entrevista sale a la luz justo en medio de la VII Jornada Cubana contra la Homofobia, cuyo tema central es por segundo año consecutivo el hogar como espacio de amor, respeto e inclusión, y en el mismo número del periódico donde aparece una información sobre las actividades de este sábado en la capital, que incluyeron un panel sobre diversos tipos de familia, y donde varios activistas y participantes abogamos por un nuevo Código que nos ampare contra la discriminación y la homofobia.
Me cabe todo el derecho a pensar y expresar, como ciudadano, activista por los derechos sexuales y revolucionario, mis reservas sobre la actuación del Ministerio de Justicia, y en particular de su titular María Esther Reus, en la exasperante ralentización y por el presunto entorpecimiento de la puesta en marcha de los procesos legislativos para el debate y actualización del Código de Familia que la sociedad cubana necesita.
Ojalá yo me equivoque, y mañana mismo alguien me desmienta con un pronunciamiento o acción convincente que pruebe lo contrario.
