Aunque la violencia machista hace parte de agenda institucional desde hace tres décadas, perviven desafíos en términos jurídicos, económicos, culturales, institucionales. Foto SEMlac Cuba

Ailynn Torres Santana Especial para SEMLac Cuba - Red Semlac.- Cuando la pandemia de la Covid-19 comenzó a expandirse por el mundo, en enero de 2020, hubo un proceso sincrónico: el estrepitoso aumento de la violencia hacia mujeres y menores en los espacios domésticos.

Los dos eventos guardan relación. Desde el punto de vista epidemiológico, el distanciamiento físico es la forma más efectiva de romper las cadenas de contagio y controlar la epidemia. Por tanto, los gobiernos han cerrado las fronteras nacionales, restringido la movilidad dentro y entre ciudades, estimulado el teletrabajo, cerrado las escuelas, promovido la cancelación de reuniones, establecido cuarentenas y toques de queda.

El pedido institucional y de voces ciudadanas es #QuédateEnCasa. Si nos quedamos en casa, se achatará la curva de contagio, no colapsarán los sistemas de salud y habrá menos pérdidas de vidas humanas. Lo más seguro para cuidar de la vida propia y de las demás personas parece que es permanecer el mayor tiempo posible en el hogar.

Sin embargo, las medidas de reclusión obligatoria han mostrado su contracara: cuando aumenta la permanencia de convivientes en los hogares, crece también la violencia ejercida contra las mujeres, menores y personas de la tercera edad. El hogar, entonces, puede ser un lugar altamente peligroso.

No es que la Covid-19 haya revelado ese hecho. En el mundo, 137 mujeres ya eran asesinadas cada día por un miembro de su familia antes del coronavirus y dos de cada tres asesinatos de mujeres eran cometidos por las parejas o familiares.

América Latina es la segunda región del mundo más peligrosa para la población femenina: la tasa de letalidad para nosotras es de 1,6 por cada 100.000 habitantes. Una de cada tres mujeres en la región ha asegurado haber sufrido violencia física o sexual en una relación de pareja, y 77 por ciento de los delitos sexuales ocurre en las viviendas.

El coronavirus, entonces, llega a sociedades para las que ya era un problema la violencia hacia las mujeres en los espacios domésticos y en sus vínculos cercanos. Lo que ha hecho la pandemia es agudizar ese problema y mostrar en primer plano que el hogar no es, para muchas, un lugar seguro. Así lo reiteró el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a inicios de abril: “Para muchas mujeres y niñas, la amenaza es mayor allí donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares”. Lo mismo habían confirmado Dubravka Simonovic, relatora especial de esa organización sobre violencia contra mujeres; UNICEF y múltiples organizaciones feministas en todo el mundo.

La situación de confinamiento o reducción de la movilidad otorga a los agresores controles adicionales: impide que las mujeres salgan a hacer las denuncias, que muchas veces requieren presencia física. Sin embargo, las líneas telefónicas de atención a víctimas se han sobresaturado en todos los países.

En China, primer epicentro del coronavirus, activistas de derechos humanos denunciaron el crecimiento de los casos de violencia doméstica hacia mujeres, los cuales casi llegaron a duplicarse desde que las ciudades fueron cerradas. Rusia ha reportado lo mismo. Tanto en España como en Italia la situación se comportó de modo similar: aumento estrepitoso de los casos, llamadas y denuncias. En Estados Unidos, varias organizaciones (Coalición Nacional en Contra de la Violencia Doméstica y Línea Nacional Contra la Violencia Doméstica) han registrado un comportamiento similar.

América Latina ha seguido la misma ruta, con el agravante de los altos índices previos de violencia machista.

En México, por ejemplo, desde que se declaró la cuarentena y hasta el 13 de abril, habían aumentado en 25 por ciento las llamadas al capítulo de violencia de género, que tiene la línea 911 de emergencia y Red Nacional de Refugios ha registrado 60 por ciento más de solicitudes a apoyo. En Colombia, durante la cuarentena decretada desde el 22 de marzo, aumentaron en 103 por ciento las llamadas a la línea de acompañamiento a casos de violencia de género. Sin embargo, las denuncias han disminuido y es probable que eso se deba a que las mujeres están teniendo dificultades para el acceso a la justicia en esta coyuntura. En Argentina ha sucedido lo mismo; allí hubo, en los primeros 10 días de cuarentena, 11 feminicidios, y la línea de atención para casos de violencia de género se ha saturado.

En Perú, durante los primeros 17 días de confinamiento, 34 mujeres fueron víctimas de violación sexual (entre ellas, 27 niñas abusadas). Mediante la línea oficial habilitada para la atención de estos casos, se atendieron 5418 llamadas de mujeres agredidas, 538 de esos casos requirieron equipos de emergencia y 25 mujeres fueron llevadas a refugios temporales.

Desde que se declaró Estado de Excepción en Ecuador y hasta el 3 de abril, la Fiscalía había registrado 500 denuncias de violencia a mujeres en los hogares. Entre el 16 y el 30 de marzo, se reportaron 225 flagrancias por este tipo de hechos y en 78 por ciento de los casos los jueces otorgaron medidas de protección a la víctima. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de Bolivia informó que, durante la cuarentena, han sido reportados 33 casos de violación a menores de edad y más de 1.200 mujeres fueron víctimas de violencia, entre ellos cuatro feminicidios.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas ha reiterado la necesidad de que los gobiernos defiendan los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, y diseñen e implementen medidas urgentes de protección a las víctimas de violencia en los hogares. La dificultad para acceder a refugios, hacer llamadas de emergencia o denuncias agrava el riesgo para la seguridad de estas personas.

En algunos países de la región los gobiernos han tomado medidas: habilitación de canales de comunicación específicos o con mayor alcance para denunciantes, campañas de comunicación para socializar los canales legales, procedimientos de actuación y formas nuevas de hacer denuncias (como el Barbijo Rojo en Argentina), instrucciones a los fiscales sobre cómo proceder en estos casos durante la cuarentena, elaboración de medidas de prevención y respuesta (como el “programa de tobilleras” en Uruguay), ampliación de los cupos para refugios de emergencia de madres con sus hijos, y declaración de los servicios asociados a la atención a casos de violencia como servicios esenciales que permanecen funcionando durante las cuarentenas. Argentina, con su recién estrenado Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ha tomado la delantera regional innovando acciones en este campo.

Donde no hay trama institucional o leyes protectoras específicas para estos casos, se complica más la gestión de la crisis en clave de protección a las mujeres y menores en situación de violencia.

Cuba en Covid-19: desafío para las mujeres

La violencia machista es un tema que ha ganado visibilidad en Cuba. En la última sesión de la Asamblea Nacional, el presidente cubano refirió que ese es un asunto de “alta sensibilidad” en el panorama nacional. Pero, aunque la cuestión hace parte de agenda institucional desde hace tres décadas, perviven desafíos en términos jurídicos, económicos, culturales, institucionales.

Cuba llega a la crisis del coronavirus con mayor discusión ciudadana y política sobre violencia machista. En ello ha sido clave la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género realizada en 2016 y publicada en 2019, que reveló que 39,6 por ciento de las mujeres declara haber sido víctima de violencia al interior de las relaciones de pareja en algún momento de su vida. También ha contribuido a la visibilización del asunto el primer dato oficial sobre feminicidios íntimos en el país, que arrojó una tasa de 0,99 por cada 100 mil mujeres de 15 años o más, en 2016.

La dimensión del problema en Cuba es notable y comparable con las cifras globales que reportan que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido, en algún momento de su vida, violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental. 

Pero Cuba llega a los tiempos del Covid-19 sin una ley específica sobre violencia de género, sin la especificación de ese delito en el cuerpo normativo nacional y con escasas denuncias, a pesar de la frecuencia con la que se verifican esos hechos de violencia. Además, el país tiene pocos servicios habilitados para la atención a mujeres y menores víctimas de violencia machista y no hay líneas telefónicas oficiales para la respuesta de emergencia específica a estos casos. Tampoco existen refugios de acogida temporal.

En esta coyuntura, la violencia hacia las mujeres y menores en los espacios domésticos podría escalar como mismo ha sucedido en otros lugares del mundo. A los índices previos de violencia machista, se añade ahora la restricción de movilidad como medida necesaria para contener la pandemia. En hogares hacinados, con el aumento de la precariedad económica y carencia de políticas e instituciones eficientes para estos casos, estas violencias podrían estar planteando ya una crisis convergente con la del coronavirus. Y podría permanecer invisible, sin registros ni capacidad de respuesta.

Hasta el momento hay tres servicios habilitados. Dos en La Habana y uno en la ciudad de Cárdenas (Matanzas). El Centro Oscar Arnulfo Romero mantiene su consejería psicológica y jurídica a través de correo electrónico(aoar@gmail.com">consejeríaoar@gmail.com y ivon.et@oar.co.cu). Según informó IPS-Cuba, el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo activó sus servicios vía telefónica (45521510) para continuar acompañando a mujeres que lo requieran. Por su parte, la Plataforma YoSíTeCreoenCuba, una iniciativa desde la sociedad civil, inauguró en días pasados una línea de emergencia y acompañamiento (55818918) que ofrece atención psicológica, asesoramiento legal y acompañamiento a las mujeres y menores en situación de violencia.

La Fiscalía ha habilitado una línea de ayuda para temas generales, a la cual puede llamarse también para consultas sobre hechos de violencia machista (80212345) y la Dirección Nacional de la FMC ha puesto a disposición también un canal telefónico que funciona en horario laboral (78383540). La Secretaria General de esa organización mencionó el tema en días pasado en la cadena nacional de la Mesa Redonda, e instó a que en las comunidades se estuviera alerta a casos de violencia.

Si bien estos esfuerzos son imprescindibles, tienen poco alcance territorial y capacidad operativa. No basta con llamar a la conciencia. La protección institucional coordinada entre distintos actores es ineludible. Necesitamos también celeridad de la protección policial y protocolos de actuación estrictos para sus funcionarios, líneas calientes de emergencia las 24 horas, normas eficientes de protección, refugios de acogida, más iniciativas de la sociedad civil.

En plena crisis del coronavirus no se van a resolver los pendientes de hace tres décadas y más, pero puede ser sumamente peligroso no atender el problema con los recursos que existan. La de la Covid-19 no es una crisis solo sanitaria. Las mujeres del mundo lo sabemos.