Noel Manzanares Blanco - Cubainformación.- Un reporte reciente asegura que el presidente Mauricio Macri se encuentra en las decenas de políticos de alto rango, deportistas y personalidades mundiales que están implicados en el manejo de cuentas offshore, de acuerdo con una investigación divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que muestra documentos del bufete panameño Mossak Fonseca, que es el responsable en la creación de este tipo de sociedades en paraísos fiscales.
Agrega la fuente que la información llega como una bomba a la Argentina, pues se atestigua que el mandatario en causa integró junto a su padre Franco y su hermano Mariano el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas entre 1998 y 2009. A ello el despacho suma que Macri al ser electo jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2007, no incluyó en sus declaraciones juradas su conexión con la firma.
Asimismo, trascendió que Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, fue la primera funcionaria de Cambiemos, agrupación del susodicho, que salió a hablar sobre las filtraciones de Panamá Papers que lo involucran en la denuncia de última hora. Ella, a través de su cuenta de Twitter afirmó que “constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos”.
No obstante, encontré unas claves para entender el asunto, y que sitúan en duda la posición de la Alonso.
Se considera que un paraíso fiscal es un escenario de enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países pueden obtener utilizando estas sociedades y en el secreto bancario, necesario para ocultar bienes o patrimonio a las autoridades fiscales de cada país; mientras que una sociedad offshore es el término se utiliza para denominar aquellas compañías creadas en un paraíso fiscal, donde no llevan a cabo ninguna actividad sino que aprovechan las ventajas fiscales y de secretismo de la jurisdicción, y se pueden usar simplemente para acumular patrimonio, pero a menudo tienen otros fines, como comprar acciones, bienes o desviar beneficios personales o de una empresa —las negritas son mías.
Si a lo que acabo de anotar asumo que hace un par de meses se evidenció que se había iniciado la dictadura de Mauricio Macri: Reprimirán sin orden judicial, ni identificación de policías y vehículos, tampoco está prohibido el uso de armas de fuego —pruebas fehacientes de sus acciones antipopulares—, entonces no exagero al acreditar que el jefe del Ejecutivo de la nación sudamericana exhibe arista de hombre de trajines sucios. Por tanto, no vacilo en certificar: en la Argentina su presidente Macri, además de desmontador del progreso social, por lo menos se parece mucho a un corrupto.
