Juventud Rebelde.— Joan Lenard, la misma jueza de distrito que en 2001 impuso injustas condenas a los cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos, detuvo la búsqueda de pruebas de daños a la seguridad nacional que había sido ordenada por otro juez, a pocos días de la fecha prevista para la resentencia, reportó el sitio antiterroristas.cu.
La jueza, quien tiene ante sí la responsabilidad de dictar nuevas sentencias para tres de los Cinco, emitió una suspensión solicitada por los fiscales federales, quienes quieren más tiempo para apelar la orden original porque consideran que es demasiado amplia y exige la divulgación de información secreta del gobierno.
«El gobierno ha llevado a cabo una búsqueda diligente y cuidadosa del material que solicita la defensa, y esta búsqueda no ha revelado ningún daño formal», dijo la fiscal asistente, Carolina Heck Millar, en un documento presentado a la corte.
La solicitud inicial, ahora suspendida, exige a las autoridades norteamericanas buscar cualquier prueba de daño a la seguridad nacional derivada de las acciones de los cubanos. Si no existe evidencia de daño, dicen los abogados de la defensa, Estados Unidos no puede justificar una solicitud de largas sentencias para los tres.
El daño a la seguridad nacional ha sido argumento esgrimido y no probado una y otra vez, así como el cargo de conspiración para cometer asesinato, por el cual fueron sentenciados en el amañado proceso judicial. Sin embargo, tras la anulación de las sentencias por la Corte de Apelaciones de Atlanta para Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino, ahora se enfrentan a la resentencia, en la que sus defensores esperan una disminución considerable de sus condenas.
La audiencia de resentencia está prevista para el 13 de octubre, pero la disputa sobre las evidencias de daño ha puesto en duda tal fecha.
«El gobierno ha llevado a cabo una búsqueda diligente y cuidadosa del material que solicita la defensa, y esta búsqueda no ha revelado ningún daño formal», dijo la fiscal asistente, Carolina Heck Millar, en un documento presentado a la corte.
La solicitud inicial, ahora suspendida, exige a las autoridades norteamericanas buscar cualquier prueba de daño a la seguridad nacional derivada de las acciones de los cubanos. Si no existe evidencia de daño, dicen los abogados de la defensa, Estados Unidos no puede justificar una solicitud de largas sentencias para los tres.
El daño a la seguridad nacional ha sido argumento esgrimido y no probado una y otra vez, así como el cargo de conspiración para cometer asesinato, por el cual fueron sentenciados en el amañado proceso judicial. Sin embargo, tras la anulación de las sentencias por la Corte de Apelaciones de Atlanta para Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino, ahora se enfrentan a la resentencia, en la que sus defensores esperan una disminución considerable de sus condenas.
La audiencia de resentencia está prevista para el 13 de octubre, pero la disputa sobre las evidencias de daño ha puesto en duda tal fecha.
