Cubadebate

Era un domingo gris, silencioso, como la mayoría de los días robados por la COVID-19; hasta que en horas comprendidas entre las 2 y las 5 de la tarde; parecía perderse también la tranquilidad en Holguín y otras ciudades de Cuba.

Era 11 de julio de 2021, la fecha más mediática en los últimos tiempos para hablar de Cuba.

Con el propósito de subvertir el orden constitucional del país, varias personas se habían convocado en el Gobierno Provincial y otros puntos del centro de la ciudad. Frente a la sede del Gobierno municipal agredían a varias personas. Violencia, gritos de consignas contrarrevolucionarias. La muchedumbre se trasladó por la calle Libertad; luego por carretera a Gibara. Tras cruzar varios repartos llegaron al Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba.

Allí, armados con piedras y losas que arrancaron de la Plaza de la Revolución “Mayor General Calixto García Íñiguez”, atacaron y trataron de tomar la sede, rompieron cristales, una gigantografía, agredieron un carro de la Brigada Especial al que le ocasionaron daños, y lesionaron a 14 personas (dos de las cuales en el momento del juicio oral aún no se habían recuperado).

Finalmente se pudo contener la situación, algunos fueron detenidos en ese momento, y otros posteriormente.

Tras el suceso

“Fueron trasladados a la Unidad Provincial contra los Delitos de la Seguridad del Estado. Ellos tienen sus garantías procesales; llegados al centro son atendidos por el servicio médico que pertenece a la unidad, para conocer las enfermedades que padecen, tratamientos que llevan y si tienen dietas por ello.

Se designaron instructores para cada imputado. Acorde con la Ley de procedimiento penal tuvieron derecho a llamada telefónica para avisar de su detención; visita durante la semana de un familiar; derecho al defensor (solo uno no lo contrató y se le asignó de oficio).

“Se obtuvieron pruebas (videos) de los propios teléfonos de ellos; se solicitaron los peritajes somatoscópicos al laboratorio de criminalística, a través de los cuales pudimos ubicar a los imputados en cada lugar y demostrar su participación”, explicó la primer teniente Elizabeth Batista Mulet, primera instructora de esa Unidad.

Alrededor de 140 personas fueron instruidas de cargo, pero la cifra se fue depurando, hasta quedar con los que cometieron hechos violentos.

El dictamen pericial fue decisorio en la investigación. El mayor Ángel Guerra Odiaga, jefe del Laboratorio Provincial de Criminalística y especialista en identificación de las personas por sus rasgos exteriores, comenta que establecieron el nivel de comparación y analogía que existía entre las imágenes de los dispositivos con las personas que se indagaban. “No solo tuvimos en cuenta los rasgos del rostro, también prendas de vestir, tatuajes. El examen odorológico tuvo resultados positivos con algunos acusados, de las impresiones de olor que se levantaron en los pedazos de losas que se recogieron en el Comité Provincial del Partido”.

El juicio oral

Del 11 al 14 de enero se desarrolló el acto de juicio oral con 20 acusados, al que se presentaron algunos con medida cautelar de prisión provisional, otros con fianza en efectivo, y libertad. Cada uno fue representado por un abogado.

Por alterar de manera tumultuaria el orden socialista, empleando violencia, todos se juzgaron por el delito de sedición.

“En ese delito el marco sancionador es entre 10 y 20 años de privación de libertad. El hecho ocurre en medio de una situación excepcional, por la pandemia, en la que existían varias medidas, que fueron violadas. El artículo 54 del Código Penal dice que cuando ocurren varias circunstancias agravantes se puede subir el límite máximo de la sanción hasta la mitad; o sea, de 20 a 30 en este caso”, expuso Fernando Sera Planas, fiscal provincial de Procesos Penales.

Ocho acusados tenían entre 16 y 18 años de edad, pero la responsabilidad penal en nuestro país es a partir de los 16.

En el acto de juicio oral, se modificó la petición fiscal por una de menor severidad o rigor, respecto a estos ocho acusados.

“Atendiendo a la edad, su postura en el proceso investigativo, en el que varios habían reconocido su responsabilidad, y que muchos estaban estudiando, tal como nos permite la ley, y por al espíritu generoso y humanista de la Revolución, la que sigue confiando en esos jóvenes, realizamos la modificación, y les solicitamos cinco años de privación de libertad, e interesamos al tribunal que se les subsidiaran por limitación de libertad, que da la posibilidad de continuar estudios, con requisitos, controlados por el juez de ejecución…”, señaló Sera Planas.

El desenlace

Enoy Reyes Fajardo fue uno de los abogados que ejerció la defensa y considera que fue un juicio donde se cumplieron las garantías del proceso penal. “Todos tuvimos acceso a las actuaciones y a los acusados involucrados, pudimos presentar las pruebas pertinentes, en aras de defender al representado. Hoy sigo siendo el abogado para los correspondientes recursos que se van a establecer”.

Ante posibles cuestionamientos, el también abogado Solnés Expósito Sarmiento indicó: “En honor a la verdad, tramitamos el asunto como cualquier otro proceso ordinario que hacemos cotidianamente; no hubo tratamiento diferenciado que nos pusiera límites o restricciones para el ejercicio de nuestro trabajo”.

Los acusados pudieron ir al juicio acompañados de un familiar, como garantía de la nueva Ley del Proceso Penal que entró en vigor este 2022, y los de hasta 18 años estuvieron en algunos casos con ambos padres.

“Desde que llegué me dan el tratamiento médico que necesito. Cometí el delito, me metí ahí, marché. Yo andaba bajo bebida alcohólica. Siempre me sentí arrepentido; gracias a la Revolución mis hijos van a la escuela, tienen un hogar. He tenido antes problemas con la justicia, pero no de contrarrevolución”, refirió Miguel, quien se encuentra en un centro penitenciario.

Marcos, otro de los acusados, cuenta que no sabía las consecuencias. “Me siento muy arrepentido. Mi consejo para los jóvenes es que cuando quieran expresarse o dar una opinión, plantear un problema, lo primero es acudir a los órganos adecuados, sin violencia”.

Las sanciones impuestas a los acusados fueron publicadas hoy en Nota de Prensa del Tribunal Supremo Popular.

El 11 de julio dejó más que una inmensa ola de sentimientos en un juicio; mostró, como dijera un entrevistado, que la familia tiene que jugar su papel fundamental, los padres dedicar más tiempo a los hijos, saber dónde están, qué hacen, con quién se relacionan. Advirtió que hay que desconectarse de las redes para ser más sociales; que hay mucho veneno en la propaganda subversiva. Que falta trabajo por hacer para mejorar.

El 11 de julio hubo mucha violencia en las calles de Cuba y Holguín, ese día subió su tono gris la tarde y el odio quiso echar abajo la tranquilidad; en la memoria aún rebotan demasiados gritos.

(Tomado del periódico Ahora)