Cuba Hoy.- La Contraloría general de la República ofrece una detallada información sobre los señalamientos realizados por la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídico en julio de 2015. Temas referente al empleo del Presupuesto del Estado en 2016 para el desarrollo de inversiones también fueron tratados.
Debates en el centro de la vida cotidiana
El llamado a garantizar integralidad en las inversiones con vistas a hacerlas más racionales y eficientes y, sobre todo, ajustadas a los plazos previstos, ya se hace común en cada análisis del tema
Yudy Castro Morales, Lauren Céspedes Hernández, Yaditza del Sol González, Lissy Rodríguez Guerrero - Granma.- La jornada del lunes fue igualmente fructífera para los diputados, quienes debatieron en sus respectivas comisiones sobre la ejecución del presupuesto estatal y el cumplimiento del plan de la economía en el 2015; así como pasaron revista a la propuesta del presupuesto para el 2016.
En el horario de la tarde diversos fueron los temas que ocuparon la agenda de los parlamentarios, cada uno de ellos caracterizado por estar en concordancia con las inquietudes de la población.
DEFICIENCIAS DEL PROCESO INVERSIONISTA Y ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LA SEQUÍA
El llamado a garantizar integralidad en las inversiones con vistas a hacerlas más racionales y eficientes y, sobre todo, ajustadas a los plazos previstos, ya se hace común en cada análisis del tema. No por repetido, sin embargo, se han logrado los avances necesarios, si bien se obtienen algunos resultados positivos.
Tal reflexión trascendió en la tercera jornada de trabajo de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía que abordó la fiscalización al cumplimiento del Decreto No. 327 Reglamento del Proceso Inversionista.
La diputada Magda Pérez, vicepresidenta de la Comisión, informó sobre las visitas realizadas por los parlamentarios a 41 inversiones, ubicadas en ocho provincias, las cuales evidenciaron que en materia de eficiencia quedan muchas cuentas pendientes, desde la planificación inicial hasta la entrega de las obras.
Entre las problemáticas reiteradas figuraron la alta fluctuación de fuerza de trabajo —tanto ingenieros como obreros calificados—, la deficiente preparación de los proyectos, las contrataciones dilatadas y, por consiguiente, los atrasos en el arribo de materias primas y equipos, así como los incumplimientos en los cronogramas de ejecución y fechas de entrega.
Los diputados también conocieron sobre el impacto de las inversiones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), las cuales han beneficiado, según dijo su vicepresidente Antonio Rodríguez, a 475 000 personas.
Precisó que en el 2015 se lograron mejoras en la gestión del agua, aumentó en un 20 % la eficiencia de los sistemas hidráulicos y se trabajó en la recuperación de parámetros técnicos de la infraestructura del sector.
Mientras Inés María Chapman, presidenta del INRH, abundó en las principales acciones desarrolladas para mitigar los efectos de la sequía, teniendo en cuenta que “la capacidad de almacenaje de los embalses del país está hoy al 53 %”.
Como parte de las medidas concebidas a corto plazo —entre el 2015 y el 2016—, destacó el establecimiento de restricciones directivas a fuentes de interés estratégico, teniendo en cuenta las directrices de la Política Nacional del Agua; la instalación de sistemas de riego con eficiencia del 85 % en cuencas de estado crítico, así como el reordenamiento del servicio de distribución de agua potable mediante carros cisternas sin violar la calidad sanitaria requerida.
A su juicio, es preciso, además, alcanzar el funcionamiento óptimo de la infraestructura hidráulica nacional, continuar con la rehabilitación de conductoras, redes y embalses y reducir el consumo de agua por hectárea en la agricultura. Resulta impostergable también eliminar las pérdidas del líquido en el interior de las viviendas y entidades estatales, y erradicar las indisciplinas e ilegalidades que atentan contra su uso racional.
Este programa de medidas, aseguró el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés, miembro del Buró Político y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, “debe sentar las bases para enfrentar próximos periodos secos y habrá que darle total seguimiento, pues el problema del agua resulta estratégico para el país”.
MEDIR BIEN: UN DERECHO CIUDADANO
Sobre los resultados del control a los instrumentos de medición más empleados en los servicios que se prestan a la población, versó el debate de las Comisiones Agroalimentaria, Salud y Deporte, Atención a los Servicios y una representación de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
El informe expuesto refirió que, si bien existen en todas las unidades de comercio visitadas (mercados, bodegas, carnicerías, tiendas de materiales de la construcción, cafeterías, placitas) equipos de medición, el 25 % de ellos presenta roturas y alrededor del 40 % se encuentra sin certificar por la autoridad competente.
En este sentido se analizó que los municipios más alejados son los de mayor dificultad con la certificación de “apto para el uso” de los instrumentos de pesaje. La causa esgrimida es la escasez de transporte o de combustible de la Oficina Territorial de Normalización —encargada de la supervisión metrológica— para realizar dichas inspecciones; situación identificada en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Camagüey y Granma.
La fiscalización reveló además que, no obstante ser la pesa y la balanza los instrumentos más empleados para la comercialización, se aprecian otros (potes, jarros, mazos, palas y cubos), sobre todo en la actividad no estatal, que aún quedan fuera de los programas de calibración y certificación.
Asimismo, se dijo que en la red de mercados de recaudación de divisa persisten insatisfacciones de la población relacionadas con la inexistencia del pesaje de productos congelados, los lácteos, los envasados en nailon y de otros que no muestran el peso de su contenido.
La fiscalización de la metrología, que en el sector de salud pública tomó como muestra el esfigmomanómetro, evidenció que hay problemas con la cantidad de que se dispone, la calidad y la durabilidad de los mismos en algunos municipios. También se observó en las unidades visitadas equipos sin verificación actualizada y defectos técnicos.
Respecto al sector agroalimentario, en el debate Yaquelín Puebla, diputada de la provincia de Granma, comentó las dificultades de obsolescencia y deterioro de los medios con que se pesa el pienso comprado a los productores, en la fábrica del grupo empresarial porcino de la provincia.
Por su parte Silvia Martínez, del municipio de San Miguel del Padrón, se refirió a cómo se violan en los distintos establecimientos los gramajes, porque se utilizan instrumentos no convencionales, situación que sucede con el aceite medido en botellas de “sábado corto”, con los materiales de construcción por palas y con los alimentos por cajas.
En este sentido Mary Blanca Ortega, titular de Comercio Interior, explicó que su ministerio ejecuta un Programa de Aseguramiento Metrológico 2015-2016 para adquirir los instrumentos demandados en la red mayorista y minorista. Subrayó que aunque se han invertido recursos financieros considerables en esta actividad, el monto requerido para reparar y sustituir equipos en el sector es de alrededor de seis millones de dólares.
También se aludió a diferentes programas y acciones ramales en Salud, Agricultura e Industria Alimentaria encaminados a asegurar la calidad, todavía pendiente, de la actividad metrológica en el país.
La Comisión de Industria, Construcción y Energía analizó las deficiencias que persisten en el proceso inversionista. Foto: Jorge Luis González
LAS DEUDAS RECURRENTES DE PLANIFICACIÓN FÍSICA Y VIVIENDA
Los resultados de la implementación del Decreto-Ley 322 del 2014, en lo referido al traspaso de funciones y recursos del sistema de Vivienda al Instituto de Planificación Física (IPF), la marcha de este proceso en la práctica, así como las tantas insatisfacciones y dudas compartidas por el pueblo —expresadas en voz de los diputados—, centraron el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
En enero del 2015 el IPF asumió todo lo concerniente a la construcción de domicilios por esfuerzo propio, además de reclamaciones y litigios relacionados con la certificación de medidas, linderos, traspaso de solares y azoteas, según lo expuesto por el organismo en la sesión.
Con respecto a las acciones realizadas en lo que va de año, reconoció además que a pesar de los controles metodológicos y las medidas adoptadas para
garantizar la prestación de un adecuado servicio al cliente, no se ha cumplido totalmente con la política de traspaso de personal, medios y locales.
En el informe presentado, se mencionaron igualmente las limitaciones que hoy existen en el otorgamiento de terrenos con condiciones mínimas para la asignación de construcción de viviendas, de modo tal que solo el 17 % de las parcelas solicitadas están disponibles.
A la lista de contrariedades, se suman fallas organizativas y de funcionamiento en los departamentos municipales de Planificación Física (DMPF), el déficit de fuerza de trabajo calificada, la morosidad en la respuesta de los trámites, especialmente en los dictámenes técnicos y regulaciones urbanísticas, y la falta de orientación correcta y oportuna.
En relación con estas cuestiones, la diputada por el municipio de Santa Clara, Marisel Pino González, abordó el caso de las personas que viven en asentamientos considerados como ilegales y que no pueden acceder a los beneficios del subsidio o licencias de construcción, a pesar de que llevan cerca de 20 años en estas condiciones.
Por su parte Nubia Tellechea, de Matanzas, recalcó que la mayoría de la población no sabe todavía cómo tramitar los asuntos de vivienda y hacia cuáles entidades dirigirse para solucionarlos. “Otras de las cuestiones que inciden negativamente son la documentación de los expedientes y la ineficiente gestión de estos, que conducen en muchos casos a la pérdida o extravío”, agregó.
Sobre este tema, se unió el criterio de Ariel Mantecón, también de la ciudad de los puentes, al comentar que no puede haber un sistema de trabajo en el que se formalicen algunos papeles en los antiguos archivos de Vivienda y otros en el IPF, pues estamos hablando de la base documental, de la constancia de los trámites que realiza el cliente.
“Son muchas las insatisfacciones con la implementación de este decreto. Es verdad que hay varios problemas objetivos y subjetivos, y que se está trabajando para solucionarlos, pero la realidad es que el pueblo se siente descontento y no tiene que pagar las culpas de que no existan los equipamientos técnicos necesarios o que el funcionario no esté capacitado para cumplir con su tarea”, defendió la diputada Yolainis Peña de la provincia de Las Tunas.
Al respecto, el presidente de la Comisión, José Luis Toledo Santander, expresó que si hay que hacer correcciones legislativas, se harán entonces y que el espacio de la Asamblea es precisamente para discutir los problemas y buscarles solución. De ahí que se decidiera traspasar las opiniones y criterios emitidos al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández, en búsqueda legítima de acciones encaminadas al perfeccionamiento de las normas vigentes.
En la sesión de la mañana, Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República y vicepresidenta del Consejo de Estado, rindió cuentas a la Comisión sobre el desarrollo de la Resolución No. 512, emitida en el 2013, que actualiza los criterios en la detección de daños a la economía, para acciones de auditoría y supervisión a empresas, organizaciones estatales y unidades presupuestadas.
LA CULTURA EN EL EPICENTRO DE LOS DEBATES
El análisis y discusión de los principales hechos de indisciplinas sociales, delitos, corrupción e ilegalidades en el sector de la cultura, y sus causas y consecuencias en la población cubana, matizaron los intercambios de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Un informe sobre el tema presentó María Elena Salgado, viceministra primera del ramo, quien expuso, entre otras problemáticas, violaciones de normativas establecidas para la preservación y conservación del patrimonio cultural; comportamientos inadecuados en espectáculos culturales y espacios públicos; horarios inadecuados de la programación; ruidos excesivos en las instalaciones; venta de artículos en la entrada de las instituciones; incumplimiento del Reglamento Escolar en los centros educativos, entre otros.
Diversas opiniones refirieron el papel integrado que debe desempeñar la tríada familia-escuela-comunidad, y dentro de esta última las instituciones culturales. Por ejemplo, Idaliena Casamayor, de Guantánamo, hizo énfasis en la función del instructor de arte en el trabajo comunitario, y apeló a la formación de valores y del gusto estético, como herramientas para prevenir las indisciplinas sociales.
A la conservación de los sitios históricos confirió sensible importancia Yanet Cáceres Marrero, representante del municipio de La Habana del Este; criterio que apoyó el diputado Juan Carlos Rodríguez, de Pinar del Río, al defender el rescate y preservación del patrimonio cultural de la nación.
Otro tema mencionado por el diputado fue el necesario cumplimiento de la legalidad. En ese sentido, Mirtha Millán, del municipio especial Isla de la Juventud, abogó por “ser más severos en la aplicación de los mecanismos punitivos”, y explicó la importancia que tiene corregir a tiempo el mal comportamiento social.
Abel Prieto Jiménez, asesor del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, consolidó las ideas expuestas por los diputados sobre la integralidad de la mirada con que debe evaluarse este fenómeno. “Tenemos que lograr un pueblo culto en el sentido del comportamiento civilizado, del respeto a la persona que convive en la cuadra… A nosotros muchas manifestaciones de violencia —yo diría hasta de barbarie— nos han contaminado el clima social. Y toda la sociedad tiene que trabajar de conjunto para influir en las personas”, sostuvo.
Julián González Toledo, ministro de Cultura, informó que el organismo se encuentra trabajando en estos momentos en los instrumentos jurídicos que permitirán la interacción con los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), asociados a la cultura, para la aplicación de la política cultural.
En otro momento de la jornada, González Toledo explicó a los parlamentarios las principales dificultades a superar en el sector, entre las que resaltan la falta de integralidad en la programación y la necesidad de intencionar el trabajo de promoción, así como el fortalecimiento del sistema institucional, con énfasis en la organización y las condiciones de la infraestructura.
Al dar paso a los debates, varios pronunciamientos surgieron relacionados con la importancia de las casas de cultura. Por ejemplo, la diputada Marieta Gámez, de Guantánamo, manifestó su preocupación por la prioridad que todavía se le debe dar a estas en el Plan Turquino, y el estado de deterioro de los instrumentos musicales y otros medios necesarios, que mellan la calidad de las actividades culturales en esas zonas.
En la Comisión se encontraban presentes, además, Miguel Barnet y Luis Morlote Rivas, presidente y vicepresidente de la Uneac, respectivamente.
2015: UN AÑO DE BUENOS RESULTADOS PARA LA POLÍTICA EXTERIOR CUBANA
El canciller cubano Bruno Rodríguez, tras intervenir en la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento, exaltó la política exterior cubana en el 2015 y adelantó nuevas victorias para el próximo año, así como que espera avances en las relaciones con Estados Unidos.
Espero (en el 2016) que la relación con Estados Unidos avance sobre la base del levantamiento del bloqueo económico y de la devolución del territorio que usurpa Washington en Guantánamo, precisó Rodríguez a la prensa.
Indicó que ha sido un año de defensa de los procesos revolucionarios, como el de la hermana Venezuela, y el de otros países como Ecuador, Bolivia y Nicaragua, así como de procesos progresistas en el Caribe.
Al mismo tiempo, refirió, nuestros vínculos bilaterales se han ampliado, establecimos relaciones diplomáticas con dos países del Pacífico (Islas Marshall y Palau).
“Hay una evidencia de que el mundo comprende que aunque ha avanzado el diálogo y la cooperación con Estados Unidos, en lo esencial permanece intacto el bloqueo económico, comercial y financiero de Washington contra La Habana y que se requiere la movilización internacional para lograr que se levante”, aseveró.
Ha sido un año provechoso gracias a la lucha de nuestro pueblo y al mismo tiempo de enormes esfuerzos, de una participación de nuestro pueblo en la lucha a escala internacional en la defensa del socialismo cubano, de nuestras ideas y estoy seguro que viene en el 2016 un año de victorias también, destacó. (Con información de Prensa Latina)
Diputados cubanos ponen en marcha 40 nuevos proyectos
Telesur
Los debates del Parlamento cubano están enmarcados en impulsar proyectos socioecnómicos para el crecimiento de la nación caribeña.
Diputados cubanos realizan este lunes el tercer y último debate de comisiones permanentes del año, en antesala de la VI Sesión Ordinaria de la Octava Legislatura del Parlamento.
En la jornada del pasado sábado los 10 grupos de parlamentarios, lograron poner en marcha 40 proyectos para dar paso a la inversión extranjera, en el marco de la transformación social y económica que se vive en la isla.
De acuerdo con el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, se espera que esos negocios "puedan concretarse en el corto plazo", mientras avanzan diversas pláticas con consorcios de distintas partes del orbe, destaca Prensa Latina.
El titular de esa cartera, Rodrigo Malmierca afirmó que la medida corresponde a la búsqueda de inversión extranjera y diversificación de los mercados, que den continuidad al modelo socialista en la nación caribeña.
Destacó la importancia de agilizar los procesos técnicos, legales y administrativos que permiten el fomento de actividades productivas y de servicios con la participación de capital externo.
Por otra parte, el vicecanciller Abelardo Moreno, se refirió a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará el próximo 27 de enero en Quito (Ecuador), como una oportunidad de continuar reduciendo las desigualdades en la región.
Hay grandes expectativas. “La Celac es nuestro mecanismo de concertación política, mecanismo que se consolidó en medida apreciable a partir de las cumbres efectuadas hasta ahora”, sostuvo Moreno.
Cuba adelantó que de acuerdo con los objetivos planteados en la Cumbre del Cambio Climático (COP21) celebrada en París (Francia) a inicios de este mes, está trabajando en una serie de proyectos científicos que reducen la importación de alimentos y a su vez garantizan el acceso de éstos a la población.
En ese sentido, el presidente del parlamento, Esteban Lazo, realzó la importancia para el desarrollo del país de la labor del sector no estatal, impulsado aquí como parte de la actualización del modelo social y económico.
Lazo señaló la necesidad de prestar más atención al trabajo por cuenta propia y a las cooperativas no agropecuarias, lo que permite mejorar los servicios y ofrecer mejor calidad de vida a los cubanos.
¿Gobernar al país en cuatro días?
Perfeccionamiento asociado a cambios, tergiversaciones y la esencia de lo que distingue la misión de legislar y representar al pueblo en el poder. Algunos temas en la mira...
Frank Agüero Gómez - Cubahora.-
Asamblea Nacional del Poder Popular: Órgano con potestad constituyente y legislativa en la República de Cuba. Se compone de diputados elegidos por el voto libre, directo y secreto de los electores, en la proporción y según el procedimiento que determina la ley.
La Asamblea Nacional del Poder Popular reúne desde el día 26 de diciembre a los diputados de su VIII Legislatura para discutir acuciantes temas de la realidad cotidiana y la perspectiva del país para el año entrante.
Por su importancia para la institucionalidad de la Revolución, la Asamblea es objeto de taimadas críticas de los adversarios del sistema político cubano y de constantes reclamos del pueblo que con atención sigue sus deliberaciones.
Algunos creen, erróneamente, que los diputados asumen en cuatro días —hasta el 29 de diciembre— la compleja tarea de legislar, fiscalizar y conocer todo lo que compete realizar al máximo órgano del Estado.
El propósito de la convocatoria pública es pasar balance y resumir lo que se ha venido haciendo durante el año en cumplimiento de los propios acuerdos de la Asamblea, y examinar cómo se ha venido atendiendo a los principales planteamientos de la población en las asambleas de rendición de cuenta del delegado que todavía están desarrollándose.
En el marco de referencia del legislativo están las indicaciones para el perfeccionamiento del sistema del Poder Popular, derivadas de los Lineamientos económicos y sociales del país y de las recomendaciones al respecto de la Conferencia Nacional que siguió al VI Congreso del Partido, celebrada en 2012.
Por la propia extracción de hasta la mitad de los diputados, elegidos entre los delegados de circunscripción (célula inferior de la organización política de la sociedad cubana), gestionar y atender a los planteamientos que provienen de la población tiene importancia vital.
Estos representantes del pueblo no reciben salario ni cualquier mínima prebenda por la función pública que asumen, viven en la comunidad en la cual los eligieron, muchos son presidentes de Consejos Populares, asambleas municipales u órganos de gobierno a ese nivel y, en última instancia, tienen que enfrentar en el día a día los reclamos de sus propios vecinos o residentes en localidades cercanas.
La otra mita de diputados está conformada por personalidades más o menos conocidas a nivel nacional, pero todas avaladas por méritos políticos, laborales, científicos, aportes a la educación, la ciencia o el mundo artístico y cultural.
Como los delegados de base, estos legisladores tampoco reciben remuneración adicional, y comparten sus tareas habituales con las propias del ejercicio de las funciones para las cuales fueron elegidos directamente por los ciudadanos.
He ahí una diferencia sustancial entre el Parlamento cubano y la mayoría de sus similares, sello que proviene de la historia de las guerras cubanas cuando los representantes del pueblo armado no cobraban por sus funciones y muchos adquirieron altos cargos en el Ejército Libertador que venció a la España colonial.
Las funciones del máximo órgano de poder del Estado cubano están bien demarcadas en la Constitución de la República, y en sentido general le compete la elaboración y aprobación de las leyes, control del cumplimento de las obligaciones de los órganos del Gobierno y del propio Estado, entre ellos los presupuestos financieros y programa de desarrollo de la nación.
Los ministros, jefes de organismos centrales y altos dirigentes de entidades administrativas del país son llamados frecuentemente a rendir cuentas ante el pleno de la Asamblea Nacional y en las comisiones permanentes en que ésta se divide y sesionan todo el año. De esta forma, los diputados estudian y mantienen bajo su pupila todos los asuntos de la vida nacional y las relaciones internacionales, del país y de la propia institución con sus similares.
LO QUE NO SE DEBE CAMBIAR
Hasta aquí su estructura y funciones pueden homologarse a las de cualquier nación donde exista el régimen parlamentario, colindante o no con el presidencialista, fruto de las conquistas políticas que subvirtieron el orden feudal y el hasta entonces autoproclamado poder divino de los monarquías.
No se puede negar lo trascendente que esto tuvo y mantiene en la evolución de las ideas e instituciones de gobierno, progreso que tiende a complejizarse en la medida en que con los años han emergido nuevas fuerzas políticas y sectores sociales con intereses diametralmente opuestos a los tradicionales detentores del poder económico y financiero.
La lucha de clases y de intereses en los parlamentos, como se evidencia en nuestro propio continente, es tema de actualidad cotidiana, cuando no es extraño que fuerzas de derecha se alíen con otras reaccionarias, para ganar mayoría y desplazar a los partidos y alianzas más cercanos a las mayorías desposeídas, defensoras de políticas económicas y sociales que procuran políticas de justicia y equidad más justas.
Se ha llegado en la modernidad hasta a aceptar el “golpe de estado parlamentario”, instrumento con el que han derrocado a gobiernos populares y democráticos e intentado derribar a otros que no se pliegan a las fuerzas retrógradas.
Partidarios de mantener desplazados a la mayoría del derecho a participar y decidir su propio destino, suelen apoderarse de conceptos atrayentes y aparentemente modernos, sin apellidos que definan su verdadera esencia, fingiendo con ello defender el empoderamiento de las grandes masas a las cuales han mantenido secularmente aisladas del ejercicio verdadero de la democracia.
Si algo hay que defender de cualquier tergiversación, en nuestro sistema de poder popular, es la posibilidad real de proponer, elegir, participar y si es necesario revocar a quienes equivoquen el rumbo o traicionen los principios éticos que acompañan el ejercicio de la soberanía popular. Principios todos asentados constitucionalmente y en la legislación que norma e instruye el funcionamiento de los órganos que lo integran.
Por mantener esa característica del sistema político cubano, abierto por otro lado a toda enmienda que sea necesario adoptar, se escriben tantas injurias y se pretende desde afuera ejercer presión para cambiar sus esencias.
Ello forma parte de la batalla que le siguen imponiendo a la nación cubana, como si hubiesen transcurrido en vano los decenios de enfrentamiento y aprendizaje que corroboran aquella simpática y profunda frase del Guerrillero Heroico: “Al imperialismo, ni un tantito así…”.
Diputados cubanos demandan eliminar descontrol en sistema de pesaje en el país
José Raúl Concepción Llanes, Oscar Figueredo Reinaldo - Cubadebate.- En la última fecha de debates en comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular los delegados cubanos pusieron sobre la mesa la situación actual de los instrumentos de medición más empleados en los servicios que se ofrecen a la población.
Según trascendió diputados cubanos de las comisiones Agroalimentaria, Salud y Deporte y Atención a los servicios realizaron entre los meses de octubre y noviembre del presente año una fiscalización sobre el estado de certificación de estos instrumentos, dándole seguimiento a uno de los temas que más afecta a los ciudadanos.
Sobre este tema, Rafael Ramos de Holguín expresó que “lejos de venir a plantear los avatares que tiene que enfrentar la población todos los días; lo que queremos es saber cómo piensa el país resolver las dificultades con los instrumentos de medición. Un ejemplo clásico es el famoso cubo para medir los materiales de la construcción, un tema muy sensible para aquellos que emprenden acciones constructivas”.
Luego de visitar varias unidades de comercio y gastronomía como mercados ideales, carnicerías y tiendas de materiales de la construcción entre otros puntos que prestan este tipo de servicios se constató que el 25 % de los equipos de medición están rotos, mientras que un 40% se encuentran sin certificar.
Igualmente se conoció que la diversidad de unidades de pesaje que coexisten en el país dificulta también el correcto funcionamiento de los establecimientos de comercio. Hoy se despacha lo mismo en kilogramos que en libras en muchos lugares.
Entre tanto la situación del sector no estatal es aún más compleja. En esta actividad se aprecian otros medios para la comercialización, como potes de helado, jarros, mazos, palas, cubos, entre otros.
Tania Duconger, presidenta de la Comisión de Atención a los servicios advirtió que era importante incluir a las nuevas formas de gestión a la hora de tomar medidas en este sentido y que estos se deben incluir además en la capacitación que se ofrezca.
“Además compañeros, alguien se ha preguntado de dónde sacan las pesas y otros implementos los cuentapropistas. Al menos yo no lo sé. Tampoco se les certifica la gestión de la calidad y estamos hablando de uno de los sectores que más servicios le ofrece a la población en la actualidad”, agregó.
Los parlamentarios expresaron que los trabadores por cuenta propia se quejan por no contar con establecimientos que oferten equipos de medición, ni contar con los programas de calibración y certificación emitidos por las entidades encargadas en estas funciones.
En respuesta a las inquietudes vertidas por los parlamentarios Mari Blanca Hortega Barredo, titular del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) dijo que desde el año 2013 se ha realizado un levantamiento para el diagnóstico de los instrumentos de medición y pesaje lo que arrojó que existen 40 mil instrumentos de medición, muchos de los cuales tienen largos de años de explotación.
Agregó además que el MINCIN ejecuta un programa de aseguramiento metrológico 2015-2017 que abarca tano al comercio mayorista y al minorista y que posibilitó la adquisición en el primer semestre del 2015 de 4765 instrumentos de medición destinados a las actividades de ventas de mercancías, venta de productos alimenticios, servicios gastronómicos entre otros.
Otro de los elementos destacados por los parlamentarios fue la no información a la población del pesaje sobre todo en los productos congelados, lácteos y otros envasados que por lo regular no se conoce realmente el peso con el que se expende.
Igualmente otro hecho que implica violaciones de la norma y de la protección al consumidor es que la pesa no visibiliza – por su posición o por la falta de mecanismos- el peso al cliente, de tal forma que las personas no tienen posibilidad ninguna de comprobar el gramaje de lo que se le oferta.
Teresa Pérez Morales, diputada mayabequense opinó que era muy importante haber tocado el tema.
“Si sumamos a ello que los instrumentos que se utilizan no tienen credibilidad y la aberrada adulteración que tienen a menudo los precios, la población sufre amargamente estos temas. La población necesita de una respuesta definitiva de estos temas”.
Los parlamentarios concluyeron que la situación actual que presentan los sistemas de medición provoca la afectación o maltrato al cliente o consumidor, por el empleo de un equipo de medición que no tiene las condiciones para prestar esos servicios. También propicia errores, pérdidas y confusión en las actividades comerciales y en el control de los recursos.
En otro momento de la tarde y como parte del propio debate, se habló también de los sistemas metrológicos en Salud Pública, ministerio que se ha centrado en la fiscalización del esfigmomanómetro, por ser el más usado y difundidos dentro del sistema de salud para medir la tensión arterial.
Los avances en este sentido fueron apreciado por los allí presente. En palabras del propio ministro del ramo, Roberto Morales Ojeda el programa metrológico es estratégico para este sector en el cual se invierten grandes recursos necesarios para garantizar la calidad de los servicios a la población.
