De eso acaba de enterarse el presidente Donald Trump, quien de política no sabe nada, pero contar dinero sí.
Por tal motivo, le ha dado un recorte profundo a los 20 millones que todos los años aprueba la Casa Blanca, para acciones de subversión en Cuba bajo el edulcorado título de: “promover la democracia y los derechos humanos en Cuba”.
Se sabía perfectamente que una gran parte de ese dinero iba a parar a los bolsillos de la mafia terrorista anticubana de Miami y solo algunos miles de dólares llegaba a los llamados “disidentes” dentro de la Isla, quienes lo emplean en comprarse nuevas casas, ropas costosas y pasar sus vacaciones en hoteles de lujo en las mejores playas cubanas.
Barack Obama fue el presidente que más dinero autorizó para la subversión contra la Revolución, y en sus ocho años malgastó 120 millones de dólares, sin obtener los resultados soñados de ver destruido el socialismo.
El propio Jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Jonathan Farrar, lo informó en uno de sus informes secretos enviados al Departamento de Estado y a la CIA, con la referencia: 09HAVANA221 – ID:202438, fechado el 15 de abril del 2009, donde afirmaba:
“…No es probable que el movimiento disidente tradicional pueda reemplazar al gobierno cubano… es preciso que busquemos en otra parte, incluso dentro del propio gobierno, para identificar a los más probables sucesores del régimen de Castro. […] No vemos plataformas diseñadas para llegar a amplios sectores de la sociedad cubana, sino que más bien dirigen sus mayores esfuerzos a obtener recursos suficientes para solventar las necesidades del día a día, de los principales organizadores y sus seguidores…”
Trump, al parecer influenciado por sus dos ancianos asesores, Elliott Abraham y John Bolton, apuesta por aplicar más sanciones económicas contra Cuba, al considerar que es el “camino correcto” para ver realizados los sueños que doce administraciones yanquis no pudieron materializar.
Quienes están remordiéndose los hígados y tratando de que Trump reevalúe su decisión, son los congresistas de la mafia terrorista anticubana, Marco Rubio, Bob Menéndez y Mario Díaz-Balart, quienes junto a Mike Pompeo, Elliott y Bolton, pudieron obligarlo a declarar que autorizará la puesta en vigor del Capítulo III de la conflictiva Ley Helms-Burton, aunque solo logrará buscarse más problemas con los aliados europeos, sin poder hacer nada efectivo contra la economía de la Isla.
El primero en quejarse fue el senador Marco Rubio, quien expresó de inmediato: “Esto demuestra la gran desconexión que existe entre las personas que llevan el presupuesto del Estado y los encargados de hacer efectivas las políticas del Presidente”.
El corte de tijeras ha dejado solo 6 millones de dólares para “promover la democracia y los derechos humanos en Cuba”, cifra que les apretará el cinto a los que en Miami llevan 60 años prometiendo “derrumbar a Fidel Castro” y nunca lograron sus propósitos.
Envalentonados con las medidas de guerra económica y sabotajes ejecutados contra Venezuela, los mafiosos anticubanos Marco Rubio y Bob Menéndez, presentaron el pasado 12 de marzo 2019 ante el Congreso, un proyecto de ley para prohibir el reconocimiento ante los tribunales de Estados Unidos, de todas las marcas comerciales cubanas que pudieran estar vinculadas con propiedades nacionalizadas después de 1959.
Parece que esa será línea de acción de los yanquis contra Cuba, olvidándose que, desde la aprobación de la Operación Mangosta, madre de la guerra económica contra el pueblo cubano aprobada el 18 de enero de 1962, por el presidente John F. Kennedy, pasando por la Ley Torricelli y la Helms-Burton, nunca obtuvieron el éxito añorado.
Quizás por sus años y la falta de estudios de la historia, Marco Rubio no recuerde los constantes fracasos que obtuvieron los gobiernos de turno en Estados Unidos y ahora pretende que Trump se sume a la lista de los incompetentes Presidentes que prometieron la caída de Castro, sin poder disfrutarlo.
Por esa razón, presentan la nueva ley que aspira a prohibirle a los tribunales de Estados Unidos, “el reconocimiento o la validación de cualquier derecho por parte de un individuo o compañía que haya registrado una marca, o los activos de la misma, siempre que estén relacionadas de alguna manera con propiedades confiscadas por el régimen cubano después de 1959, a menos que el propietario original de la marca lo haya consentido expresamente”.
Ingenuo Marco Rubio que no sabe que Cuba también puede impedir que las marcas estadounidenses que tienen aún licencias comerciales, se distribuyan en la Isla como son Coca Cola, Pepsi Cola, Gillette y muchas más, que perderían su valor en un mercado de 11 millones de personas, que, aunque no muy grande, si representa la posibilidad de ventas para esas compañías.
De todas formas, por la guerra económica, comercial y financiera aplicada brutalmente contra Cuba, los productos cubanos no circulan en Estados Unidos.
Por tanto, ese proyecto de ley no sería efectivo en estos momentos, ni en el futuro inmediato, y el auténtico ron Havana Club y los famosos puros cubanos confeccionados con el mejor tabaco del mundo, seguirán siendo consumidos por aquellos yanquis que viajen a la Isla bajo una licencia, o comprándolos en el mercado negro que existe allá, para esos deseados productos cubanos.
Siempre recordamos a José Martí cuando dijo:
“Los negocios tienen sus rufianes, sus fanáticos y sus calaveras”.
*Arthur González, cubano, especialista en relaciones Cuba-EE.UU., editor del Blog El Heraldo Cubano.
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