Esos programas han sido objeto de polémica tras la detención en diciembre de 2009 y posterior condena del subcontratista Alan Gross en Cuba, acusado de haber distribuido material de comunicación a grupos civiles.

La agencia de ayuda al desarrollo (USAID), que obtuvo la mayor parte del presupuesto para la isla (138 millones de dólares), recibió en cambio un aprobado, tras un informe crítico de la Contraloría (Gao por sus siglas en inglés) de 2008 que pidió mejoras.

El informe de este año fue solicitado por la oficina del entonces senador demócrata John Kerry, que desde el pasado lunes es el nuevo secretario de Estado.

"Los riesgos de seguridad y los desafíos relacionados con la entrega de ayuda (a Cuba) persisten", explicó el informe.

La Contraloría, que mandó a funcionarios a La Habana para revisar el desempeño de la Sección de Intereses, identifica a 22 contratistas que han desarrollado actividades relacionadas con la isla, ya sea a través de personal propio o de subcontratistas, como fue el caso de Gross.

El informe sugiere al Departamento de Estado que implemente reglas claras para guiar a los subcontratistas en su trabajo en una isla que "continúa planteando sustanciales desafíos para la asistencia estadounidense".

La reacción de USAID, bajo cuya dirección se desarrolló el programa de Gross, fue de satisfacción.

"Nuestros programas en Cuba son comparables a lo que nosotros y otros donantes hacen en todo el mundo", declaró a la AFP vía telefónica Mark Lopes, subadministrador adjunto de USAID para América Latina y el Caribe.

Tanto Gross, que cumple 15 años de cárcel en la isla, como su esposa Judith han interpuesto una querella contra USAID y su empleador por considerar que no fueron suficientemente bien informados de los riesgos en la isla.