En su interacción con el sistema penal, las mujeres trans privadas de libertad están sujetas a discriminación, estigmatización y criminalización. Foto: El Mostrador

Lisandra Fariñas - Red Semlac.- Nadie le preguntó dónde quería cumplir su sanción. Su cuerpo, más masculino de lo que ella desearía, le parecía a los otros suficiente argumento para enviarla a un centro penitenciario de hombres, donde le cortarían el pelo, sin saber que ello sería una marca que llevaría de por vida.

Para el hoy licenciado Orestes Álvarez Armenteros, esa primera experiencia de privación de libertad fue muy dura, no solo por el momento de su vida en que ocurrió, cuando se preparaba para entrar a la universidad; sino por la discriminación de la que fue objeto, tanto por los oficiales como por los propios internos.

“Yo estuve un año sufriendo: vives en un rincón, para bañarte tienes que cruzar un palo en la puerta, si hay un hombre en el baño no puedes entrar, tienes un horario y un momento determinado para bañarte”, relató durante uno de los paneles de las Jornadas contra la violencia de género y por los derechos humanos, de fines de 2022.

Para el licenciado en Economía y activista trans, Orestes Álvarez Armenteros, “el país necesita una ley o algo” que, ante una sanción de privación de libertad, les permita a personas como el estar en el lugar con el que se identifican y no en el que les obligan a estar, siguiendo un criterio de sexo biológico. Foto: SEMlac Cuba

Para esta mujer trans, “el país necesita una ley o algo” que, ante una sanción de privación de libertad, les permita a otras personas como ella estar en el lugar con el cual se identifican y no en el que las obligan a estar.

Una legislación que les asegure, durante ese tiempo, ver a sus parejas sin tener que decir que son tíos o primos, o tener intimidad sin necesidad de que medie el matrimonio.

“Un heterosexual puede tener derecho a pabellón (encuentro privado de pareja), aún sin estar casados, incluso pagándole a la mujer que va, y yo con una relación estable de cinco años no lo pude tener. Para ir a verme, mi pareja tenía que decir que era mi familia, porque no lo dejaban entrar”, detalló.

Nuevas leyes que visibilizan derechos

Varias normas puestas en vigor en los últimos años en Cuba empiezan a visibilizar y considerar derechos que competen a todas las personas, incluidas las poblaciones LGBTIQ+.

El panel «Privación de libertad y extinción de la sanción, desafíos para la integración social de las personas trans», durante el Coloquio Transidentidades, violencia de género y derechos humanos, el pasado 29 de noviembre, puso acento en la inserción social en clave de prevención. Foto: SEMlac Cuba

“Estamos en un momento de particular relevancia para poder ampliar aquellas cuestiones que son ampliación de derechos y de respeto a los derechos de las personas trans privadas de libertad”, consideró la doctora Ada Alfonso, colaboradora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).

La puesta en vigor de la Constitución, en abril de 2019, dio paso a una revolución normativa y de políticas en el país, entre las que se incluye el Programa nacional para el adelanto de las mujeres, apuntó la psiquiatra.

Se avanzó y se puso en vigor la estrategia de prevención a la violencia de género y se aprobó el Código de las Familias, añadió, procesos en los cuales el Cenesex y la red TransCuba tuvieron participación y pudieron plantear las inquietudes de las personas trans sobre cuestiones como el tratamiento en los centros penitenciarios, dijo.

Sin embargo, acotó Alfonso, no basta con las legislaciones ante una situación que no es particular de Cuba, sino que la viven las personas trans en el mundo.

“Las instituciones piensan los cuerpos y la sexualidad en sentido binario, de acuerdo al sexo con el cual nace la persona y se le asigna un género masculino o femenino. Mover esos resortes institucionales es extremadamente complejo, porque ni siquiera las resoluciones o normas garantizan por sí solas que ello suceda”, precisó.

La experta insistió en que todas somos personas que nos hemos subjetivado, construido como seres sociales para determinados imaginarios, con normas que se repiten de generación en generación, y tenemos que aprender mucho para comenzar a desaprender lo que hemos incorporado en nuestras profesiones, formación e instituciones socializadoras.

Es por ello que el pasado 29 de noviembre, al hablar de este tema durante el Coloquio Transidentidades, violencia de género y derechos humanos, en el panel Privación de libertad y extinción de la sanción, desafíos para la integración social de las personas trans, remarcó.

Para la experta, urge ver la inserción social en clave de prevención. “Nuestro compromiso con las personas trans tiene que comenzar en la escuela, con la retención escolar. Si permitimos que por cuestiones de género, por el uso del uniforme y por no flexibilizar el reglamento nuestros niños y niñas no binarios salgan de las escuelas, estamos hipotecando el futuro de Cuba como nación inclusiva”, argumentó.

Al intervenir en el panel Privación de libertad y extinción de la sanción, durante el Coloquio Transidentidades, violencia de género y derechos humanos, agregó que las instituciones educacionales deben gestionar la identidad del estudiantado y trabajar sobre el sexismo, la violencia de género, la violencia homofóbica y transfóbica; educar en el respeto a los derechos, que es lo que permite a niños y niñas construir su identidad, permanecer en ese ámbito y que sea un espacio seguro.

Esto demanda la formación del profesorado en la educación integral de la sexualidad basada en derechos, pero también en una perspectiva interseccional, porque niñas y niños vienen de experiencias de vida distintas. La escuela tiene que fortalecer los espacios para la educación de las familias, pues la labor debe ir encaminada a la transformación social, detalló.

Viejas brechas que vulneran

De acuerdo con Yoilán Caballero, vicecoordinadora de TransCuba, las personas trans viven bajo riesgos para el ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente en lo que se refiere a la igualdad y la no discriminación en el acceso a la salud. Esos conflictos se incrementan en los establecimientos penitenciarios.

“Diversos estudios coinciden en el estado de vulnerabilidad en que se encuentran las personas trans bajo sanción de privación de libertad y destacan sus vivencias de irrespeto a la identidad sexual, las lesiones de sus derechos como personas trans y violaciones en el acceso a servicios especializados de salud”, comentó.

“Yo sé que hemos avanzado muchísimo con el nuevo Código de las Familias, pero me gustaría que hubiera una ley que especifique cómo se debe tratar a las personas trans”, valoró Natalie Obregón Padrón, quien sintió que el trato y las reglas lastimaron mucho su identidad de género, mientras estuvo recluida.

Una experiencia similar vivió Alexandra Hernández Arango, quien aludió a la importancia de que en los centros penitenciarios se mantenga la estabilidad de los medicamentos antirretrovirales para personas con VIH y que estos lleguen a cada paciente a su hora, indicados por la persona correcta.

“En estos espacios de reclusión hay que atender la salud con mayor empeño, porque estás limitado de libertad, pero no de tus derechos como ser humano. Yo estuve presa y los medicamentos para el VIH muchas veces llegaban fuera de horario o no eran los adecuados”, relató.

Subrayó que, además, los médicos del centro penal eran muy jóvenes, recién graduados en servicio social, de manera que tenían pocos conocimientos sobre la enfermedad y cómo proceder.

Otras integrantes de la red TransCuba expresaron preocupaciones respecto a la actuación de las fuerzas policiales que, muchas veces y fruto de los prejuicios, detienen a las personas trans para pedirles el carné de identidad, o incluso les imputan cargos que no tienen fundamento, señalaron.

“Somos asimiladas y no aceptadas”, dijo Susana durante el debate del panel. “No se puede obligar a nadie a que te acepte, pero el Estado sí debería tomar medidas con quienes trabajan para el público y no nos muestran respeto como a las demás personas”, consideró.

“Somos asimiladas y no aceptadas», dijo Susana durante el debate del panel. Foto: SEMlac Cuba

Ante esas situaciones, quienes participaron del debate remarcaron la necesidad de asesoramiento y cursos, porque la ley protege, pero tiene que aplicarse correctamente. También señalaron la relevancia de capacitar a los actores sociales para un mejor ejercicio, garantía y protección de los derechos.

“La Constitución establece la posibilidad de reclamar cuando son violados nuestros derechos constitucionales”, explicó al respecto la jurista Ivón Calaña, subdirectora del Cenesex. “Existe un catálogo de opciones cuando nos encontremos en una situación de violencia, cuando sintamos vulnerados nuestros derechos. Pero la opción nunca puede ser quedarnos de brazos cruzados o bajar la cabeza, tenemos que ser capaces de denunciar”, insistió.

Puntualizó que la vía penal no es siempre la adecuada, pues en dependencia del contexto se puede acudir a la opción administrativa o a un proceso judicial ante la sala de los derechos constitucionales, algo en lo que pueden ayudar los servicios de orientación jurídica del Cenesex.

La implementación de las leyes y que las personas comiencen a entender lo que queda escrito en ellas lleva un proceso, acotó la psiquiatra Ada Alfonso, quien se refirió a la voluntad política del país de avanzar en la garantía de derechos para todas las personas.

No obstante, hay mucho por hacer. En el campo de la salud, por ejemplo, se requiere recuperar la educación para la salud que atravesaba toda la formación de los profesionales del sector, resaltó Alfonso.

Significó que la sociedad cubana debe encaminarse hacia la medicina social, pero se desestiman cuestiones como el análisis de la situación de salud y las historias familiares, que son herramientas imprescindibles para identificar situaciones relacionadas con la discriminación y el maltrato en las familias.

“Las condiciones sociales atraviesan las prácticas que las personas tienen y por eso tenemos un larguísimo trabajo”, enfatizó la especialista. “Tenemos que incluir los espacios en las comunidades donde esté presente la discriminación, pero no para llamar a la policía, sino para transformarlos”.

A la comunidad regresan las personas cuando extinguen su sanción y debe estar preparada, ser segura, entender el derecho de cada quien a incorporarse; tienen que ser ambientes que no revictimicen, porque ya las personas trans han recibido una violencia estructural y simbólica muy fuerte, comentó.

En su opinión, a la formación de esos espacios hay que sumar a los oficiales de los centros penitenciarios, las administraciones laborales. Todos tienen que estar preparados, como la escuela, para respetar la diversidad.