Red Semlac.- Tradicionalmente, las mujeres han sido confinadas a las tareas de cuidado en el hogar, sin remuneración, y se les ha controlado el acceso y la gestión a recursos económicos propios. Además de ser una situación de discriminación, todas esas acciones resultan manifestaciones de violencia económica. ¿Cómo se comporta esa expresión del maltrato en Cuba? ¿Qué desafíos se derivan de esta realidad y cómo atenderla?
Para reflexionar en torno a estas interrogantes, No a la Violencia invitó a la jurista Yamila González Ferrer y a la socióloga y demógrafa Iliana Benítez Jiménez, doctoras en Ciencia y profesoras de la Universidad de La Habana y a la pedagoga Zulema Hidalgo Gómez, coordinadora de proyectos sociales del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR).
¿A qué se le llama violencia económica y como se manifiesta en Cuba?
Yamila González Ferrer: Existe violencia económica cuando las mujeres o personas en situaciones de vulnerabilidad no tienen autonomía económica y dependen de familiares, parejas, etc. Pero también cuando se les restringe el acceso a sus ingresos o la capacidad de tomar decisiones financieras y se les priva de los recursos esenciales para subsistir. Se trata de algo muy común y profundamente arraigado en los estereotipos patriarcales que ven al hombre como el proveedor y jefe del hogar. En Cuba, la violencia económica y patrimonial ocurre con mayor frecuencia en el contexto de las relaciones de pareja y a menudo pasa inadvertida, debido a su normalización en la vida diaria. Se manifiesta mediante el control de los recursos económicos de las mujeres y de la familia, como el manejo de salarios, la prohibición de empleo, o las críticas sobre el uso que se hace de dichos recursos. En cuanto a la violencia patrimonial, que también es parte de esa violencia económica, se refiere al control sobre bienes materiales como la vivienda, por poner un ejemplo. Se manifiesta obligando a que estos bienes sean transferidos al hombre, aunque no hayan sido de su propiedad inicialmente, pero también dañándolos o vendiéndolos como una forma de castigo.
Iliana Benítez Jiménez: Tanto las tasas de desempleo como las de actividad económica en Cuba expresan desigualdades entre hombres y mujeres, a partir de barreras que resultan en formas de violencia estructural y, por su puesto, económica, para la participación femenina en el empleo. Lascausas de este fenómeno, fundamentalmente, están relacionadas con una alta presencia de las cubanas en las tareas domésticas y de cuidados. Ellas, muchas veces, permanecen en los hogares para realizar estas tareas de cuidado o tareas de reproducción, precisamente, porque existe una división de roles sexista acompañada de un pensamiento de subordinación, configurado desde una relación de opresión.
Los hombres, históricamente, han estado en el espacio público y en el rol de proveedores; las mujeres, en el espacio privado y en las tareas reproductivas. Esta división de roles, en sí misma, no significaría una violencia; pero cuando ellas tienen que esperar por las decisiones de otros y no tienen autonomía, entonces se habla de violencia económica y puede manifestarse más allá incluso de la violencia simbólica que también implica, y derivar en violencia psicológica y hasta física, en no pocos casos. Es una relación desigual, donde hay un ejercicio de poder.
Otro aspecto importante relacionado con este tema es que muchas veces las mujeres se quedan realizando trabajos informales, precisamente para mantenerse en el entorno del hogar y continuar realizando las labores de cuidado, fundamentalmente hacia los hijos u otras personas dependientes. Esto también las ubica en posiciones de desventaja, precisamente porque la informalidad no les ofrece garantías de protección y autonomía real.
Zulema Hidalgo Gómez: Además de todo lo que ya está conceptualizado, me gustaría destacar que la violencia de género es una problemática compleja y estructural, cuya existencia se fundamenta básicamente en la desigualdad jerárquica que existe entre hombres y mujeres. Desigualdad que viene constituida culturalmente y que se legitima y es reproducida por las propias estructuras sociales que mantienen, legitiman y transmiten esa desigualdad.
Se manifiesta de múltiples maneras, entre ellas tenemos la violencia económica o patrimonial, como se recoge en alguna de la literatura especializada. Básicamente, estamos entendiendo que es la conducta que tiende a controlar exageradamente los gastos de la casa y las actividades de la mujer, limitando su capacidad de trabajar, de recibir un salario, de gozar del patrimonio que le corresponde y/o de administrar sus bienes, restringiendo su autonomía. Es decir, la limita de ser una persona autónoma, de desarrollar sus propias iniciativas personales y la sitúa en una posición de desigualdad económica. También se ejerce cuando se les niega la manutención a hijos e hijas.
Cuando una mujer está sometida a esta situación, la violencia económica se expresa como falta de autonomía, carencia de presupuestos propios, aplazamiento de la adquisición de productos y bienes destinados a su autocuidado y esto, por supuesto, la limita. En Cuba se manifiesta en muchas de las mujeres que tienen este tipo de dependencia.
La dependencia económica, en muchas ocasiones -yo diría que en casi todas las situaciones-, hace a las mujeres mantenerse en el ciclo de la violencia y resulta determinante al no permitirles acceso a esos bienes que dan derechos como la tierra, el desarrollo educacional, la salud y otros. Cuando estás bajo una situación de este tipo, la cuestión económica es vital para sustentarte, mantenerte con una libertad y una autonomía decisivas.
¿Cuáles son las principales vías para atender y enfrentar este fenómeno? ¿Cuáles son las opciones legales que existen?
YGF: La violencia económica y patrimonial está reconocida en el marco normativo gracias a las reformas derivadas de la Constitución de 2019. La Estrategia de prevención y atención a la violencia de género y familiar las identifica en sus artículos E y F.
En tanto, el Código de las Familias, aprobado en referendo y puesto en vigor en 2022, destaca la importancia de visibilizar estas violencias. Por ejemplo, enfatiza la igualdad plena entre mujeres y hombres, pero también la distribución equitativa del trabajo doméstico y de cuidado entre todos los integrantes de una familia. En ese sentido, no solo expresa los principios generales, sino que establece consecuencias jurídicas para cada acto de violencia. En el ámbito económico y patrimonial, por ejemplo, se prevén medidas como la separación judicial de bienes y la liquidación del régimen económico del matrimonio, donde el agresor pierde derechos sobre los recursos.
El Código también reconoce el valor económico del trabajo doméstico, tradicionalmente asumido por mujeres, y perfecciona figuras como la pensión al ex cónyuge vulnerable y la compensación económica, que resarcen el tiempo dedicado a ese trabajo no remunerado en el hogar, así como las oportunidades perdidas de desarrollo social y profesional. Otra medida de esta norma es la posibilidad de pactar el régimen económico del matrimonio, con reglas para proteger a quienes están en situación de vulnerabilidad.
El nuevo Código Penal, por su parte, impone sanciones por delitos contra los derechos patrimoniales y la violencia económica y patrimonial, agravando las penas en casos de violencia de género o familiar.
Específicamente, las sanciones se agravan como consecuencia de la violencia de género, familiar o por motivos discriminatorios de cualquier tipo.
IBJ: En Cuba, al igual que en muchos otros países, subsiste una relación desigual entre los géneros y las mujeres continúan siendo la parte más afectada en este sistema, aun cuando encontramos elementos que visualizan un avance en su camino hacia la liberación de la opresión patriarcal.
Un camino importante para atender esta problemática pasa por la transformación cultural. La subsistencia de estas formas de opresión tiene un anclaje claro en la cultura, en la retransmisión de valores, normas, estereotipos y símbolos cargados de un fuerte androcentrismo, que ha logrado predominar ante estructuras judiciales y proyectos sociales con perfiles totalmente opuestos a la discriminación de la mujer. En ese sentido, es esencial apostar por seguir desmontando mitos y estereotipos. En paralelo, urge implementar todo el arsenal legislativo y normativo aprobado. Existe, pero es necesario que se use y aplique.
ZHG: Las principales vías, por supuesto, tienen que ver con elementos del tema legal, para exigir los derechos referidos a esta temática. Otro elemento que hemos utilizado en nuestras prácticas profesionales para poder enfrentar esta realidad es, precisamente, el de los procesos de empoderamiento. Me refiero a esos que ayudan a que la persona avance educativamente y se desarrolle desde lo personológico, para que pueda colocarse en situaciones diferentes de cara a enfrentar estas problemáticas.
No basta con acompañar a las personas en situaciones de este tipo, sino que el acompañamiento también tiene que ver con las estructuras de su contexto. Si las instituciones, las organizaciones formales e informales y las redes de apoyo no funcionan, esas personas están inmersas en un contexto que también tenemos que transformar.
¿Cuáles son los principales retos para poder atender esto?
YGF: Con un marco normativo robusto, es esencial mejorar la cultura jurídica y la capacitación de los profesionales que atienden a las víctimas de violencia. Es crucial trabajar en un cambio cultural que desmantele los mitos y estereotipos patriarcales que subyacen tras estas formas de violencia.
IBJ: En primer lugar, ya lo decía antes, se debe continuar trabajando en la eliminación de estereotipos y barreras que puedan impedir que las mujeres aspiren, deseen, necesiten y puedan acceder a un empleo o a cualquier forma de autonomía económica. Estamos hablando también de un proceso de concientización, en el que la incorporación al trabajo no se vea sólo como un apoyo económico a la familia, sino también como una forma de realización individual. Debemos seguir educando a las mujeres sobre cómo el empleo puede dar respuestas a sus necesidades prácticas, pero también a otras más estratégicas, como la eliminación de la estructura patriarcal y las brechas que esta impone. Otro elemento, importantísimo, es que se eliminen esas otras barreras estructurales, sociales, que impiden el acceso de la mujer al empleo y se organice una oferta de servicios de calidad, de recursos, que faciliten esa incorporación.
ZHG: El principal reto es que esa estrategia de prevención de violencia con que contamos, que tan bien escrita está, la podamos llevar a la vida práctica de las instituciones y organizaciones, tanto desde los territorios como a nivel nacional, porque los espacios están creados. Otro de los de los retos es desarrollar más las redes de apoyo comunitario, las propias estructuras que tenemos a nivel de territorio o de la comunidad, que pueden ser muy efectivas. Finalmente, otro desafío es que esas propias políticas públicas sean diferenciadas, pues cada contexto territorial tiene su particularidad y eso hace que, desde los elementos más generales, tengamos que particularizar en las necesidades propias de los territorios y con las capacidades con que cuentan.
