Por Arthur González - En su más reciente informe anual, la organización Human Rights Watch al servicio de los intereses del régimen de Estados Unidos, calificó a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba de cometer “abusos aberrantes” y en el caso específico de la Isla declara:


“…el gobierno cubano continuó durante el pasado año reprimiendo y castigando cualquier forma de disenso; en los juicios realizados el año pasado a cientos de manifestantes, se violaron las garantías básicas del debido proceso y se acordaron penas de prisión desproporcionadas”.

Sin explicar que las verdaderas causas provienen de la guerra económica yanqui, agregan:

“…los cubanos siguieron padeciendo una crisis económica severa que impactó en sus derechos básicos”.

Esto demuestra el estrabismo y miopía que padecen los miembros de organizaciones de los Derechos Humanos, por no decir que el cinismo desborda los límites razonables de quienes siguen la línea política que ordena el Departamento de Estado yanqui, para deformar la realidad de aquellos países que mantienen su independencia, a pesar de las sanciones impuestas por los yanquis para doblarle el brazo a esos rebeldes.

Los sucesos del 11 de julio del 2021 se produjeron como resultado del trabajo político ejecutado por el régimen de Estados Unidos, con el viejo anhelo de derrocar a la Revolución socialista cubana y provocar la represión por parte del ejército, para justificar sus sanciones económicas y disfrutar el trasnochado sueño de ver caer, con lo que no han podido en 63 años.

Human Rights Watch, omitió conscientemente un informe elaborado en el 2011, por el senador Carl Meacham, donde afirma:

“El Departamento de Estado entrenó a periodistas en varios países, para que aumenten su capacidad de diseminar rápidamente la información precisa, sobre acontecimientos y asuntos importantes, invirtiendo grandes esfuerzos en Cuba, paraincrementar las capacidades básicas de computación y alfabetización del pueblo cubano, como medio de facultarlo para llevar a cabo cambios positivos en su propia sociedad”.

Tampoco dijo una sola palabra respecto a declaraciones del Departamento de Estado, el 13 de junio de 2013, donde anunciaron propuestas de varios proyectos para promover la “democracia y los derechos humanos” en Cuba, entre ellos el uso de herramientas digitales “para ser utilizadas de forma selectiva y segura por la población civil cubana”.

Silencio absoluto sobre el Grupo Operativo de Internet para la subversión en Cuba, creado el 23 de enero del 2018 por ese Departamento, para subvertir el orden interno, integrado por representantes del gobierno, Organizaciones No Gubernamentales, como la USAID, Freedom House, la NSA y el buró de transmisiones hacia Cuba, responsable de Radio y TV Martí.

Esta estrategia subversiva es la única responsable de las provocaciones sucedidas en Cuba, y ahora pretenden armar la novela de las supuestas represiones y sanciones sobre quienes cometieron actos vandálicos contra centros comerciales, autos patrulleros, tanques de basura, el intento de incendiar una estación de la policía y la agresión a personas.

Sin embargo, en Perú donde se comenten salvajes represiones, detenciones ilegales y la violación de todos los derechos humanos, que acumulan hasta hoy 49 muertos por disparos de la policía que apoya el golpe de estado congresional, dirigido por la derecha respaldada por la embajada yanqui, no se hace una sola condena ni se proponen sanciones.

Con una tibieza increíble y muy distante de la forma en que se refieren a Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde no sucede nada semejante, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una rápida visita a Perú, solo pidió “investigar el supuesto uso excesivo de la fuerza”, durante las manifestaciones e hizo un llamado al “diálogo nacional”, sin condenar las masacres que sufre el pueblo peruano, solo por exigir la renuncia de Dina Boluarte, nombrada a dedo como presidenta por la derecha del congreso.

Mientras en Cuba las manifestaciones estimuladas desde Estados Unidos duraron menos de 48 horas, sin el uso de armas de fuego por la policía, ni gases lacrimógenos, en Perú los muertos llegan a casi medio centenar, unido a cientos de heridos por balazos, traumatismo encéfalo craneal y policontusiones, por los porrazos de las fuerzas represivas, pero para esa verdadera masacre no hay declaraciones del Departamento de Estado, el Parlamento Europeo o la OEA.

Los detenidos, incluido el presidente constitucional Pedro Castillo, no son calificados de presos políticos, no se le exigen juicios justos ni se investiga la edad de los detenidos y las condiciones de los lugares donde se encuentran. No hay entrevistas a sus familiares para denunciar las verdaderas arbitrariedades cometidas por el actual gobierno peruano.

Ni una sola exigencia a la actual presidenta para que renuncie, como pide el pueblo. Por el contrario, recibe total apoyo del régimen yanqui, que veía mal a Castillo por sus ideas de izquierda, elegido por el voto popular.

A diferencia de los sucesos en Cuba, en Perú se vive desde el 7 de diciembre del 2022 un caos social en 41 provincias, no hay respuesta de la fiscalía ante las decenas de muertos y los centenares de heridos, la impunidad policial es total y la presidenta se mantiene en el cargo, negándose a renunciar.

Para colmo de las violaciones a los derechos humanos, desde el pasado 14 diciembre 2022, el régimen de Dina Boluarte declaró un estado de emergencia en todo el país durante 30 días, lo que implica la suspensión de todos los derechos de libertad de reunión, de libertad de tránsito, de libertad y seguridad personales; y el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Ante eso, silencio y complicidad, pero cuando el presidente Castillo declaró el estado de emergencia, por el evidente golpe que le preparaban, rápidamente el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó “todo intento de subvertir el orden democrático” y el presidente fue apresado.

Sí Cuba hubiera hecho algo similar, nadie dude la amenaza de invasión que hubiesen anunciado los yanquis, con el respaldo de sus monigotes de la Unión Europea y de algunos lacayos de Latinoamérica.

Esta es la prueba de la manipulación que hace Estados Unidos de los derechos humanos, cuando le conviene demonizar a los que desafían su poderío.

Razón tiene José Martí al afirmar:

“Es criminal el querer forzar la opinión pública”.

 

 

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