Artur González / Heraldo Cubano.- Aquellos países que se niegan a hacer concesiones ideológicas ante las presiones yanquis, deben pagar un precio bien elevado por esa insubordinación, situación muy diferente a la que enfrentan aquellos dirigentes políticos que mantienen una posición de sumisión ante las presiones de Washington.

Claro ejemplo de esta situación son los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua en Latinoamérica, porque no aceptan ponerse de rodillas, posición que es castigada por Estados Unidos con el despliegue de una criminal guerra económica, comercial y financiera, con el propósito de demostrar que el sistema político económico y social aplicado es un fracaso, que no debe ser imitado por otros.

Así consta en un estudio elaborado por el el Council on Foreign Relations, CFR, publicado en 1999, el que expone cómo deben conducirse las relaciones de Estados Unidos con Cuba, con el fin de lograr un cambio de sistema, calificado eufemísticamente como una Transición:

“La oposición de Estados Unidos a la Revolución cubana y el apoyo a la democracia y al desarrollo en este hemisferio, lograron frustrar las ambiciones cubanas de expandir su modelo económico e influencia política”.

Venezuela es otro ejemplo palpable de esa política imperial, al crear y financiar una oposición política que ha intentado dar golpes de Estado para derrocar la Revolución Bolivariana, ejecutar planes terroristas similares a los desarrollados contra Cuba, intentos de asesinatos a sus principales dirigentes, unido a feroces campañas de propaganda elaboradas por especialistas del Departamento de Estado, la CIA y la Agencia de Información Nacional, con la pretensión de desarrollar el escepticismo y desaliento en el pueblo hacia sus gobernantes.

Sin embargo, contra dirigentes políticos que masacran a sus ciudadanos, como hizo la presidenta golpista de Perú, acusada de corrupción, no hay un solo reproche ni sanciones económicas. Tampoco lo hacen contra el presidente de Ecuador, con un listado de violaciones a los derechos humanos bien amplio, incluso pisoteó la inmunidad diplomática y el derecho de asilo, al asaltar con la fuerza militar la embajada de México en Quito, maltratar físicamente al embajador y sacar por la fuerza al ex presidente acogido legalmente como asilado político, sin que el Departamento de Estado yanqui condenara dicha acción.

Si eso hubiese sucedido en Caracas para detener al terrorista Leopoldo López, acogido solo como “invitado” del embajador de España, la alaraca que ejecutarían Estados Unidos y sus aliados europeos, ocuparía los titulares de toda la prensa internacional.

Contra Nicolas Maduro han desatado una guerra mediática sin paragón en la historia e incluso ofrecen 100 millones de dólares por su captura, solo por mantenerse firme contra las acciones desarrolladas por Washington, algo muy diferente al apoyo sostenido al asesino criminal de Benjamín Netanyahu, quien encabeza el gobierno de Israel, solo por ser el mejor aliado yanqui en el medio oriente.

Netanyahu, amigo personal de Donald Trump desde la década de 1980, quien durante su presidencia Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, desde el mes de octubre del 2023 acomete un genocidio inaudito contra el pueblo palestino y más recientemente contra la población civil del Líbano, los yanquis le brindan todo su apoyo, mantienen el financiamiento, la entrega de armas y se oponen a cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exija a Israel un alto al fuego para dejar de matar a civiles inocentes.

La cifra de asesinatos cometidos por Israel por órdenes de Benjamín Netanyahu crece por días, pues pretende exterminar a todos los palestinos y usurpar su territorio ya ocupado y fraccionado desde hace años.

Desde diciembre del 2023 está acusado de genocidio y crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional de Justicia​ y el 20 de mayo del 2024, Karim Khan, fiscal de esa Corte Internacional, solicitó al tribunal la emisión de órdenes de detención contra él y Yoav Galant, su ministro de Defensa, pero ante esa decisión ni una sola palabra de Washington para hacerla cumplir. 

El fiscal en su orden de detención contra Netanyahu, expuso:

“Esta se basa en los crímenes de exterminio, el uso del hambre como arma de guerra, denegación de ayuda humanitaria y ataques deliberados a civiles; crímenes contra la humanidad que forman parte de un amplio y sistemático ataque contra la población civil de la Franja de Gaza”.

“Existen bases razonables para creer que ambos individuos, desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024, negaron de manera consciente e intencionada a la población civil de la Franja de Gaza, el acceso a artículos indispensables para su supervivencia, tales como comida, agua, medicinas y suministros médicos, así como combustible y electricidad”.

“Hay base para creer que Netanyahu y Galant tienen responsabilidad por el crimen de guerra, al usar el hambre como arma de guerra, limitar de manera intencionada o evitar el acceso de suministros médicos y medicinas a la Franja de Gaza”.

“Ambos individuos también son responsables de infligir un gran sufrimiento por actos inhumanos a personas que necesitan tratamiento. Hay base razonable para creer que su conducta privó a una porción significativa de la población civil de la Franja de Gaza, de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la vida y a la salud y que la población es objeto de estas medidas por motivos políticos o nacionales”. ​

Estos hechos son suficientes para que Estados Unidos corte de inmediato toda ayuda a Israel, aplique sanciones económicas, comerciales y financieras como las que impone a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que solo toman medidas para favorecer a sus pueblos, pero a diferencia de los israelitas ya mencionados, no se doblegan ante las medidas impuestas por la Casa Blanca.

Se sabe que Netanyahu goza de la amistad de senadores y congresistas yanquis judíos que se oponen a cualquier sanción y además cuenta con el respaldo de judíos que controlan una parte de la economía estadounidense.

Por otra parte, hay que tener presente que desde 1956 hasta 1967, vivió con su familia en Estados Unidos, en Cheltenham Township, Pensilvania, un suburbio de Filadelfia, donde estudió y se graduó en la Cheltenham High School, por esa razón habla inglés con fluidez con acento de un nativo de Filadelfia.

Después de regresar a Israel para cumplir con el servicio militar obligatorio, volvió a Estados Unidos para estudiar la carrera de arquitectura, en el Massachusetts Institute of Technology. Seguidamente obtuvo el grado de M.S. en la MIT Sloan School of Management en 1977.

Al mismo tiempo, cursó un doctorado​ en ciencias políticas en la Universidad de Harvard y al graduarse, ocupó una plaza de consultor económico del Boston Consulting Group en Boston, Massachusetts, donde fue colega de Mitt Romney, con quien entabló una amistad duradera.

Para dar más claridad de quien es este asesino, basta recordar que fue acusado de corrupción en el 2016 en el expediente conocido como Caso 1000, debido a los numerosos regalos de lujo recibidos junto a su esposa Sara, de grandes empresarios a quienes favoreció políticamente.

Poco tiempo después surgió el Caso 2000, al descubrirse conversaciones grabadas entre Netanyahu y Arnon Mozes, director del diario Yedioth Ahronoth, en las que el primer ministro israelí exigía una cobertura editorial favorable y a cambio aprobaría una legislación dañina contra el principal diario rival, Israel Hayom.

Seguidamente sale a la luz el Caso 3000, relacionado con la compra de submarinos alemanes para la armada israelí, contrato que beneficiaría a empresarios relacionados con el propio Netanyahu.

El último de los casos de corrupción al que está vinculado, fue el denominado Caso 4000, que igualmente lo involucra en la aplicación de un trato legislativo favorable para la empresa de telecomunicaciones Bezeq, a cambio de una cobertura periodística favorable en el popular portal de noticias Walla.

Ante estos hechos, el 2 de diciembre de 2018, la policía israelí recomendó la imputación de Netanyahu por el delito de soborno y ​ el 21 de noviembre de 2019, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, lo imputó formalmente por soborno, fraude y abuso de poder. ​

Debido a esto, el 28 de enero de 2020, Netanyahu se convirtió en el único primer ministro de la historia de Israel que, durante su mandato, ha sido imputado por fraude y abuso de poder en los casos 1000 y 2000 y en el caso 4000 por soborno, fraude y abuso de poder.

El 5 de junio del 2024 la ONU notificó a Israel, su inclusión en la lista negra de países que violan los derechos de los niños en conflictos armados. Esa lista, en la que se enumeran las partes en conflictos armados que han cometido violaciones graves contra los niños, se adjunta al informe anual que elabora el representante especial del secretario general, António Guterres, sobre Niños y Conflictos Armados, que versa sobre la situación de los niños en contextos bélicos y debía presentarse al Consejo de Seguridad el 14 de junio.

El 10 de noviembre 2024, Netanyahu reconoció explícitamente la autoría israelí en los ataques con explosivos en los walkie-talkies buscapersonas en el Líbano, en el mes de septiembre, acción criminal que dejó decenas de heridos y muertos.

Asesinos y corruptos como estos, son los aliados de Estados Unidos que gozan de impunidad por cumplir dócilmente con la política imperial y por tanto, no aparecen en la lista de países que patrocinan el terrorismo.

Veremos cual será el actuar del nuevo jefe del Departamento de Estado, quien seguramente apoyará a estos delincuentes a pesar de estar reclamados por la justicia internacional y no contar con el respaldo de sus pueblos, porque Estados Unidos es el padre del terrorismo de estado en este mundo, y posee un amplio currículo de guerras injustificadas, asesinatos de líderes mundiales y brinda refugio seguro a quienes ejecutan a diario actos terroristas, cumpliendo órdenes de sus servicios secretos.

Razón la de José Martí al señalar:

“Los arboles corrompidos han de arrancarse de raíz”.

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