Jesús Arboleya - Progreso Semanal.- En enero próximo, el consulado de Estados Unidos en La Habana reanudará los servicios para el otorgamiento de visas a migrantes cubanos. Fue suspendido, junto con el resto de las gestiones consulares, por el gobierno de Donald Trump en septiembre de 2017, con la excusa de supuestos “ataques sónicos” contra sus funcionarios, lo que recientemente ha sido desmentido por el Departamento de Estado y la CIA, después de un largo debate respecto a la legitimidad de esta acusación. Por decisión norteamericana, también fue reducido entonces el personal del consulado cubano en Washington, afectando los servicios a más de dos millones de cubanos y sus familiares residentes en ese país.


En violación de los acuerdos firmados entre los dos países, a partir de ese momento un mínimo de cubanos pudo emigrar legalmente a Estados Unidos y los pocos que lo hicieron se vieron obligados a realizar sus trámites en Guyana, con implicaciones para los costos y la seguridad de estas gestiones. Como resultado de estas medidas, al menos cien mil cubanos, muchos de ellos con sus trámites iniciados, se vieron impedidos de emigrar a ese país en los últimos cinco años. También se suspendieron las visas a cubanos para visitar a sus familiares, se limitó la autorización de vuelos a Cuba, así como el envío de remesas y otras formas de contacto, la mayoría de las cuales no serán restablecidas con la nueva disposición.

Fue una política cruel que, junto con la intensificación del bloqueo económico, estaba destinada a incrementar las tensiones internas en Cuba, lo que se potenció a niveles insoportables con la irrupción de la pandemia a escala mundial. No es de extrañar entonces que se haya producido una explosión sin precedente de migrantes irregulares cubanos, en cuanto fue posible viajar al extranjero para sumarse a la ruta mesoamericana.

En los once meses transcurridos de este año fiscal, según información proporcionada por la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), han sido retenidos casi 2,5 millones de inmigrantes indocumentados en la frontera sur del país, lo que constituye una cifra record para este tipo de fenómeno. También es un record que lo hayan intentado 175 000 cubanos, aunque solo constituye un 7% del total.

Por razones relacionadas con la política doméstica de Estados Unidos, el gobierno de Biden ha exagerado el peso del componente migratorio procedente de Venezuela, Nicaragua y Cuba en el flujo actual de migrantes indocumentados y ha declarado que estos países constituyen su “principal preocupación” en lo referido al control migratorio.

Es cierto que la cifra de venezolanos, nicaragüenses y cubanos aumentó en los últimos tres meses, pero sigue estando lejos del número que representan los centroamericanos y mexicanos, aunque el gobierno trata de subestimarlo, para resaltar supuestos éxitos de su política migratoria en la región. El factor que realmente explica el crecimiento absoluto de la migración irregular en la frontera y la disminución relativa de inmigrantes mesoamericanos dentro del conjunto ha sido la internacionalización del flujo migratorio, incluso con migrantes procedentes de regiones tan distantes como Europa y África. Estamos en presencia de una crisis global, que incrementa el interés por acceder a la economía más rica del mundo.

Biden también acaba de decir que, a diferencia de otros países, “no sería racional” deportar a venezolanos, nicaragüenses y cubanos, dado que provienen de regímenes autoritarios, donde no son objeto de derecho, lo que les otorga una supuesta “excepcionalidad” que el presidente está presto a explotar en función de sus intereses en política doméstica. La “racionalidad” de Biden no es otra cosa que las próximas elecciones, especialmente en lo que se refiere al estado de la Florida.

Con tal de confrontar la política inmigratoria del gobierno y apuntarse algunos puntos con sus xenófobos seguidores, el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, tuvo la pelegrina idea de gastar miles de dólares de los contribuyentes en enviar a un grupo de inmigrantes indocumentados venezolanos localizados en Texas, al suntuoso balneario Martha´s Vineyard, en Massachussets. Para colmo, la vicegobernadora cubanoamericana del mismo estado, Jeanette Nuñez, cometió la herejía de inferir que los cubanos podían recibir el mismo tratamiento y la reacción que originó la obligó a desmentirse.

Quizás si DeSantis hubiese escogido a algún que otro grupo centroamericano, contra los que la discriminación es norma, no hubiese ocurrido nada relevante, pero en el caso de los venezolanos, al igual que nicaragüenses y cubanos, se mueven otras consideraciones políticas, que Biden está tratando de aprovechar, con la pericia de un viejo zorro. Por un lado, mostrándose humano con estas personas, representativos del segmento latino más importante del sur de la Florida, y de paso aparece duro con los países identificados como la “troika del mal” en el continente y así colocar a la defensiva a los intransigentes republicanos, que lo acusan de socialista y blando con las “dictaduras comunistas”.    

Durante varias décadas este ha sido el discurso que sustenta la excepcionalidad del tratamiento a los migrantes cubanos que, al parecer, ahora pretende extenderse a venezolanos y nicaragüenses, aunque no es de esperar que se le otorguen las mismas ventajas. Ha sido una política destinada a generar inestabilidad interna en Cuba, privar al país de su capital humano y utilizar a la emigración para desprestigiar al proceso revolucionario: los cubanos no emigran, sino que “escapan del infierno comunista”. Al mismo tiempo, se busca manipular el tema migratorio en función de su efecto en la política electoral de ciertas regiones, especialmente en Miami.

La política exterior, dígase el proyecto de cambio de régimen en Cuba, ha sido la fuente de los beneficios legales y económicos que han permitido la inserción privilegiada de los cubanos en la política doméstica de ese país, pero la dialéctica de los intereses involucrados ha terminado por invertir las prioridades y la política migratoria hacia Cuba ha terminado siendo un problema de la política interna, sobre todo cuando se piensa en elecciones.

Sin embargo, no todo han sido beneficios y privilegios en el tratamiento a los migrantes cubanos, con tal de explotar su impacto en la sociedad cubana y su repercusión a escala internacional, Estados Unidos ha convertido a estos migrantes en rehenes de su política subversiva contra Cuba y cerrado a conveniencia el grifo de la migración legal, para promover la migración irregular, como acaba de ocurrir en los últimos años. El límite de esta práctica ha sido mantener este flujo a niveles controlables, lo que explica recurrir en ocasiones a acuerdos migratorios con Cuba, cuando este control se ve amenazado por el volumen excesivo de los migrantes.

La realidad es que la inmensa mayoría de los migrantes cubanos no son ilegales en lo que respecta a su salida de Cuba y su acceso al primer país de destino. Lo hacen dentro de la ley con todos sus documentos en regla, con la posibilidad de retornar si lo desean, incluso con protección consular cuando han sufrido accidentes o violados sus derechos humanos. Los únicos casos que no se ajustan a esta descripción, son una cantidad limitada de personas que, afrontando mayores peligros, se lanzan al mar porque no tienen los recursos para financiar su tránsito por la ruta terrestre mesoamericana. Paradójicamente son estos, los verdaderos ilegales, los que en su mayoría son devueltos cuando son capturados por los guardacostas estadounidenses.

Si los que transitan por la ruta terrestre aducen persecución cuando arriban a la frontera norteamericana, es porque demostrar un “miedo creíble” es una condición para el otorgamiento del asilo. También conviene hacerse de un expediente de “enfrentamiento al régimen” y se ha puesto de moda, especialmente cuando se trata de algunas figuras públicas, hacer alguna declaración contestaria en las redes, antes de montarse en un avión y emprender el camino hacia el Norte, después de beber una cerveza en el aeropuerto de La Habana.

Aunque todos los países tienen el derecho y la necesidad de regular sus flujos migratorios, por sus connotaciones humanas e implicaciones económicas y políticas, la deportación debe constituir un último recurso, así como ser aplicada bajo criterios de justicia y equidad, sin discriminaciones ni abusos. Mejor alternativa es encarar las causas que originan el despliegue de las personas en condiciones de ilegalidad y peligros extremos, así como facilitar la migración legal, ordenada y segura, como norma de las relaciones migratorias.

En tal sentido, es bienvenida la decisión de restablecer el trabajo del consulado norteamericano en La Habana, aunque no será posible controlar el flujo migratorio irregular de cubanos bajo las condiciones que impone el bloqueo. El freno de la migración no es compatible con la asfixia económica y la manipulación de las normas legales y acuerdos internacionales que deben regularla. En esto radica la principal contradicción de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba. Vaya, que la racionalidad de Biden se antoja bastante irracional.   

 

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