Artur González / Heraldo Cubano.- El déficit fiscal de los Estados Unidos en el año 2023 aumentó de 1,4 a 1,7 billones de dólares, lo que significa un incremento del 5,3% al 6,3% del PIB. Es uno de los niveles más elevados entre las economías de los países desarrollados, situación que no se observaba en Estados Unidos desde los años 1960, solamente superado en la recesión sufrida del 2009 al 2012 y durante la pandemia de la Covid-19 en el 2020-2021.


No obstante, el presidente Joe Biden ha enviado en total, más 76,000 millones de dólares a Ucrania entre el 24 de febrero de 2022 y el 7 de diciembre de 2023.  Ahora solicitó al Congreso la aprobación de una partida presupuestaria de “ayuda urgente”, ascendente a 95,300 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán, que finalmente aprobó el Senado el pasado martes 13 de febrero de 2024, tras difíciles negociaciones.

Esa ayuda servirá para que Israel continúe masacrando al pueblo palestino y el presidente títere de Ucrania, Volodímir Zelenski, se llene más los bolsillos y mande a sus soldados para asesinar a civiles inocentes.

Contra Cuba nunca han dejado de aprobar un presupuesto millonario para subvertir el orden interno, mediante el pago a diferentes grupos y organizaciones creadas para ese fin, tanto en el exterior como dentro de la Isla.

Un claro ejemplo del financiamiento que aspira a derrocar el socialismo cubano, fue la solicitud para el año fiscal del 2022 efectuada por la administración de Biden, ascendente a 58,5 mil millones para el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, lo que significó un incremento del 10%, respecto al presupuesto aprobado en el año 2021.

Esa cantidad de millones de dólares incluyen los 20 millones para los llamados “programas de democracia”, cifra que se mantiene desde hace años, a pesar de no alcanzar los resultados previstos.  De la misma forma, la Casa Blanca pidió además 810,396 millones para la Agencia de los Estados Unidos para Medios Globales, encargada de supervisar la Oficina de Radiodifusión para Cuba y diseñar las matrices de la guerra mediática contra la Revolución a nivel mundial.  Dicha Oficina es la responsable de administrar el trabajo subversivo de Radio y TV Martí, que ni se escuchan ni ven en la Isla, pero mantiene a 117 empleados con un presupuesto anual cercano a los 28 millones de dólares.

Esos miles de millones de dólares que malgastan, son parte del amplio e incrementado déficit fiscal que pagan los ciudadanos estadounidenses y una de las causas de la inflación que sufre su población, la que no puede pedirle cuentas a las diferentes administraciones yanquis por sostener a esos grupos y organizaciones contrarrevolucionarias, que no sudan la camisa, les chupan los millones a los yanquis, y constituye una masa de aprovechados enriquecidos.

Una de esas organizaciones es la llamada Cuban Prisioners Defenders, fabricada en el 2018 en España, con la misión de difamar a la Revolución, mediante la aplicación de los guiones confeccionados en el Departamento de Estado, para llevar a cabo campañas mediáticas que pretenden confundir a la opinión pública europea, especialmente a los grupos de solidaridad con Cuba y crear matrices de opinión contra la Revolución cubana, añejo método empleado por el Departamento de Estado y la CIA desde 1959.

Los yanquis le asignaron la tarea de presentar informes falsos y difamatorios contra Cuba en el Parlamento Europeo; el Servicio de documentación de derechos humanos del Parlamento Europeo; la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos; las Naciones Unidas y también remiten sus informes a varios medios de prensa europeos como ABC, El Mundo, Le Monde, Le Point, Le Figaro, Telegraph, The Times, Euronews, Il Giornale y Die Welt, donde la CIA debe tener reclutados a varios periodistas y editores, como hacen desde hace muchos años, hecho conocido en la desclasificada Operación Mockingbird y por declaraciones del ex oficial CIA Philip Agee.

Recordemos que Cuban Prisioners Defenders, cuenta con el respaldo del agente CIA Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos y de la Fundación Nacional Cubano Americana.

Una de las más recientes campañas de mentiras es la acusación de que Cuba tiene “1,066 presos políticos” y “todos sufren patologías médicas”. Sin embargo, llama la atención su silencio por los presos estadounidenses, incluidos algunos menores de edad; los asesinatos ejecutados por Israel contra el pueblo palestino y los miles de presos sin ser juzgados que soportan torturas en cárceles israelitas, entre ellos decenas de niños.

Prisoners Defenders infla cifras y acuña como “presos políticos” a quienes, pagados y cumpliendo órdenes de Estados Unidos, cometen actos delictivos violentos e incluso acciones terroristas probadas.

Estados Unidos no soporta que, a pesar del empleo de millones de dólares, ninguna de esas campañas daña la imagen de la Revolución y Cuba sea electa por una amplia mayoría para integrar la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, ha presentado una demanda judicial en España, contra el periodista español y coordinador del medio digital Cubainformación, junto con el represente legal de la asociación Euskadi-Cuba, donde solicita para ambos una condena de seis años de cárcel y una cantidad que, entre indemnización y multas, se acerca a 70 mil euros, en un desesperado intento de acallar voces a favor de Cuba y cortar la constante denuncia que ese medio realiza sobre las acciones de Estados Unidos para derrocar a la Revolución, principalmente la guerra económica, comercial y financiera.

Esto es una prueba más de que Estados Unidos no respeta la libertad de prensa y expresión, tal y como hacen contra el periodista australiano Julián Assange, encarcelado sin juicio, por denunciar los actos ilegales de los yanquis.

Así funcionan los llamados paladines de la libertad y en eso derrochan el dinero de sus contribuyentes, en vez de emplearlos en mejorar su sistema de salud, educación y construir viviendas para los trabajadores que no pueden pagar las cuentas por esos servicios básicos para la vida de los seres humanos.

 

 

 

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